El tránsito de las políticas del Estado de Bienestar al Estado del subsidio supone, entre otras cosas, una transferencia de renta de clases media y trabajadoras a quienes no trabajan. Esa transferencia tiene un notable efecto en la fiscalidad (una reforma siempre pendiente), en el coste de oportunidad de los recursos públicos, usos alternativos al bienestar general en colectivos específicos o en la conversión de los incentivos en parte central de las decisiones económicas de los agentes económicos.
Existen diferentes políticas a las que haremos mención aquí, por encima necesariamente, pero uno de los mejores resúmenes es la política de vivienda. El 23 de diciembre se publicaba en el BOE el decreto de políticas de ayuda social. El capítulo 1 se dedica a las medidas de vivienda que prorrogan la suspensión de los desahucios, medida que nació en pandemia, que se mantuvo en 2025 y se prorrogará hasta final de este año.
Los beneficiarios son los que ganan el IPREM (600 euros mensuales en 2025, 1.200 si tienen un hijo, 1.500 si tienen dos, o sin límite de renta si son familia numerosa –tres hijos-). Para entendernos, un arrendatario puede llegar a ganar más dinero que su arrendador y no pagar el alquiler. He aquí la cara oculta de los bonos generales.
Es evidente, como ha demostrado la realidad, que esta medida supone un evidente incentivo para retirar viviendas del mercado, haciendo subir los precios de las que están. La persistente resistencia de la izquierda a construir, desde la crisis inmobiliaria, está en el origen de la perversión del mercado de la vivienda en España.
Pero, además, yendo al fondo del asunto, esta medida normaliza que es legítimo intervenir coercitivamente en la propiedad privada de particulares para resolver problemas sociales. La medida responde a una filosofía elemental y raramente sostenida por la izquierda –desde luego, no por las políticas socialdemócratas-: trasladar el coste de las medidas para personas vulnerables a ciudadanos concretos y no al común, vía sistema fiscal.
Esta transferencia se produce en otras políticas: las urgencias colapsadas transfieren renta a la sanidad privada, que responde a la demanda subiendo precios. Lo privado deja de ser una elección, con más o menos coste para quien la toma, sino una simple segmentación social por parámetros que, como se ha visto, no tienen que ver necesariamente con las rentas de quienes cargan con el coste. Lo que las convierte en regresivas, como lo son los bonos generales que empezaron premiando la gasolina de la furgoneta igual que la del Ferrari.
Una de las evidentes consecuencias en materia de política fiscal en este tipo de escenario es la definición de persona “rica”. Al final, la llamada “estabilidad,” en un periodo de incertidumbre, es lo que le convierte a uno en rico. Es decir, en un modelo económico en que las rentas convergen en torno al salario mínimo, volatilizando a la clase media, los costes fiscales y de transferencia empiezan a ser extravagantes. El nivel de subsidiación es ya alto. Hay que llegar a niveles de 60 mil euros anuales para no percibir algún tipo de ayuda.
Ese modelo social y económico no es el de la izquierda democrática (ni PSOE ni PCE lo defendieron en España). Los tiempos han cambiado, sí, pero lo determinante es que ese cambio no justifica una política de “decrecimiento”. La consecuencia es que se acorta tanto la diferencia entre trabajar y no trabajar que se reducen los incentivos a los que nos referíamos en las primeras líneas de esta crónica.
Este debate suele, enseguida, especialmente en los sectores más jóvenes, abrir un debate sobre las pensiones. Pero éste no es “el problema”: el fondo del asunto es la política de decrecimiento que nos empobrece a todos. Nuestra renta per cápita no crece.
Eso sí, deberíamos reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema: no soy partidario de acabar con las pensiones, como se entenderá. Sí de hacerse mirar alguna cosa: ¿Sabían ustedes que el cupo vasco no incluye la deuda pública, las transferencias a un sistema que allí, las más altas del país es deficitario? ¿No sería hora de pensar en el sistema y reformarlo?
Conocíamos el invierno demográfico que se nos venía. Hicimos una ley que ha convertido la sostenibilidad del sistema de pensiones en un nuevo impuesto (aumento de cotizaciones sociales a empresas y clase media). Otra vez transferencia de renta, frente a solución de problemas estructurales. Ese efecto demográfico se va a prolongar durante años, debería planificarse un factor tan transcendente para la sociedad española.
El Estado –o sea, todos y todas nosotros- le pasamos al año 60 mil millones a la Seguridad Social (sí, podrían dedicar un par de ellos a arreglar la web del sistema). La deuda neta de España, en los tres primeros trimestres del año, alcanzan los 73 mil millones. Es decir, las pensiones se llevan dos tercios del déficit y gasto público. Las cosas a las que habitualmente prestamos atención, de la arquitectura institucional al gasto político, siendo excesivos, acaban siendo el chocolate del loro.
Naturalmente, este tipo de fiscalidad acaba extendiéndose a toda la pirámide laboral, buscando ampliar las bases que se imponen. No sé qué hay de izquierda en librar del IRPF al salario mínimo (cosa que puede debatirse o acordarse), si el tipo marginal de quienes ganan 50 euros más sería de un 24%. Un absurdo de progresividad. Hay que tener en cuenta, en materia de coste de oportunidad, que la progresividad en frío del sistema (no se trata del aumento de impuestos, sino de no haber deflactado la tarifa, según la inflación) se destina a pensiones en lo grueso, como se ha dicho.
Existen, probados por la izquierda, modelos de crecimiento sostenibles. Un modelo de crecimiento del PIB (más gente trabajando, pero trabajando menos horas) como el actual, basado en consumo y poca productividad es, básicamente, inflacionario y debiera, tendencialmente, ser transformado. Habitualmente, se recurre a calificar estas reflexiones de falta de empatía o negación de políticas de solidaridad, pero hay cosas que de izquierda no son.
