Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 que se discuten actualmente en el Senado confirman las peores previsiones tras su paso por el Congreso: la progresiva militarización de la investigación en I+D. Es decir, que los recursos asignados a la I+D militar, junto al grueso de recursos del Capítulo 8, gestionados por el Ministerio de Industria y que corresponden a créditos reembolsables a empresas constructoras de armamento, no son gastos realmente de I+D, ya que se dedican a la construcción de armamento y se asignan en más del 95% a empresas del sector privado.
Según denuncia Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, esta situación crea a la ciudadanía un problema de dimensiones escandalosas con el Ministerio de Defensa, comprador final de esos sistemas de armas. La realidad es que estos créditos que se conceden a las empresas productoras sirven para que aumenten sus ventas a Defensa y acaba siendo este ministerio quien acumula una deuda que se convierte obligatoriamente en déficit público. La suma de estos créditos en el periodo 1996-2016 alcanza los 20.642 millones de euros y con compromisos, además, por más de 26.000 millones hasta 2025.
Lo curioso es que, según la denuncia de IU, esta situación se lleva a cabo a través del capítulo 8 de los PGE, lo cual es consecuencia de una artimaña creada por el Gobierno socialista de Felipe González y que se ha convertido en un pozo sin fondo en el cual se han enterrado miles de millones de euros en los últimos 20 años. En resumidas cuentas, que el gasto militar real es un 421’53% mayor de lo que se publicita.
‘Adelanto’ de dinero a las empresas
Según adelantó el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, el Ministerio de Industria ha adelantado 14.500 millones a las empresas, un dinero que deberían devolver a medida que cobren de Defensa. Pero, según los datos de IU, lo cierto es que hasta ahora las empresas sólo han devuelto 141 millones y cada vez cobra mayor fuerza la posibilidad de que los 14.500 millones adelantados sean condonados a las grandes empresas privadas de construcción de armamento. Es decir, que se convertirá en más deuda pública acumulada a costa del esfuerzo y del trabajo de toda la ciudadanía.
Así, según los cálculos de IU, este enorme agujero de 26.000 millones de euros que suponen los compromisos asumidos por Defensa en estos programas de armamento, como el carro de combate Leopard o el caza europeo Eurofighter, supone una deuda millonaria que ya incluye penalizaciones por retrasos.
Para Izquierda Unida, el capítulo 8 de I+D militar -que ha aumentado el 64% en 2015-, junto a la suma de los créditos extraordinarios, «refuerza un sistema perverso que asigna dinero falseando las cuentas públicas y donde los créditos acordados a las empresas constructoras no se devuelven si el Estado no es capaz de pagar por el armamento construido, lo que se hace a precios totalmente fuera del mercado».
