Si a alguien le quedaba alguna duda respecto al apoyo del Gobierno a los separatistas en contra de los intereses del Estado, a estas alturas ya la habrá disipado.

Obligar a la Abogacía del Estado a calificar unos hechos delictivos que no le competen es inaudito, su personación en la causa debe circunscribirse a la reparación del daño económico derivado de la posible malversación que los rebeldes hayan podido realizar; cualquier otra actuación es antinatural, un intento chapucero y ruin de alinearse con los separatistas y desautorizar el criterio del juez instructor y la Fiscalía que sí ven en los hechos el delito de rebelión.

Esta insólita decisión divide a dos instituciones estatales: la Fiscalía que, defendiendo el interés público, califica los hechos como delito de rebelión, y la Abogacía del Estado que, como ya he dicho, siendo su única misión defender el interés patrimonial de éste, entra al fondo de la cuestión sin que sea esencialmente necesario con la intención de contradecir a los legítimos acusadores rebajando la calificación de los hechos a sedición. Ni siquiera es que considere la Rebelión con algunos atenuantes, es que recurre a una tipificación que protege un bien jurídico distinto, que describe otro delito, pues mientras la Rebelión se define como el alzamiento contra la Constitución y la unidad del territorio nacional, la sedición lo hace contra quienes impiden la aplicación de las leyes siempre que no sea Rebelión, o sea, siempre que el alzamiento no haya sido contra la Carta Magna o la unidad del Estado.

Esta injerencia antinatural de la Abogacía en el procedimiento es una huida hacia delante del gobierno que intenta desesperadamente incidir en él de manera espuria para contentar a sus aliados, después de su fallido intento de presionar a la Fiscalía vulnerando la separación de poderes.

Evidentemente, esta acusación particular que encubre una defensa del ejecutivo a los rebeldes no alterará el resultado del juicio, pero sí dará argumentos a la defensa con la que prácticamente se alinea de forma peligrosa y temeraria, dándose además la circunstancia de que se allana a la interpretación que de los hechos hizo el tribunal alemán de Sleschwig-Holstein, que osó entrar al fondo del asunto sin tener todos los elementos de juicio ninguneando a la justicia española.

Esta acción irresponsable deja a la institución, a su más alto tribunal y a la Fiscalía del Estado a los pies de los caballos. ¿Pero qué podríamos esperar de un Gobierno que se sustenta en aquellos que han de ser juzgados por alzarse públicamente contra la Constitución e intentar enajenar un territorio al Estado violando todos los procedimientos democráticos y que para colmo ya está barajando la posibilidad de indultarlos si finalmente son condenados?