Sánchez negocia con Iglesias y Urkullu la ‘victoria póstuma de ETA’ con un nuevo Estatuto que recoja el ‘derecho a la autodeterminación’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está negociando con el populista de extrema izquierda Pablo Iglesias y con el soberanista vasco Íñigo Urkullu un nuevo Estatuto de Guernica que contenga, entre otros elementos, el “derecho a la autodeterminación” del País Vasco. Es decir, que recoja en parte los postulados del ‘Plan Ibarretxe’, por un lado, junto a partes del acuerdo que el expresidente Rodríguez Zapatero estuvo a punto de firmar con ETA, en octubre de 2006, que contienen la posibilidad de inclusión de Navarra en Euskadi a través de un Parlamento conjunto de las ‘cuatro provincias vascas en España’. El nuevo Estatuto dejaría la puerta abierta para la inclusión en el futuro de las ‘tres provincias vascas en Francia’.

Según ha sabido Extraconfidencial.com de fuentes socialistas no ‘sanchistas’, estas negociaciones, que se vienen manteniendo desde antes de la presentación de la moción de censura contra el anterior gobierno de Mariano Rajoy, suponen un paso más en la configuración de una idea de Estado que pasa más por una Confederación que por el Estado federal que públicamente proclama Pedro Sánchez.

En este punto se entienden las intromisiones del propio Sánchez y de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la judicatura, y especialmente en la rebaja por la Abogacía del Estado de la calificación de ‘rebelion’ por la más suave de ‘sedición’ para los golpistas catalanes del 1-O. Sin embargo, esas intromisiones del Ejecutivo en la Abogacía, la Fiscalía y el Supremo no son nada comparadas con lo que Sánchez negocia con el estalinista-populista Pablo Iglesias y con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullo: un nuevo Estatuto de Guernica que recoja el “derecho a la autodeterminación” del País Vasco y la posibilidad de inclusión de Navarra, primero, y de las tres provincias vasco-francesas, después, a la nueva Euskal Herria. Una versión más suave de la anacrónica ‘Alternativa KAS’.

Según esos medios socialistas, claramente enfrentados al ‘sanchismo’, esas negociaciones contienen el germen de la constitución de un Estado Confederal, una ‘Nación de Naciones’, como preconizaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que incluiría una reforma sustancial del Tribunal Constitucional y del Senado para adecuarlo al nuevo ‘espíritu plurinacional’ de España. Representan, en realidad, una ruptura total con el actual modelo constitucional.

Ése es el auténtico precio que deberemos pagar para que Sánchez se mantenga en la Moncloa hasta 2020. Pero es algo que cada vez se vuelve más difícil, dado el radicalismo en el que ha caído la Generalidad de Cataluña, con su presidente Quim Torra al frente, quien ya ha anunciado que, pese a la claudicación del Gobierno de Sánchez con los golpistas del 1-O, el PDeCAT no va a votar favorablemente los PGE 2019.

Urkullu y el camino de ruptura para el País Vasco

Obligado por la necesidad, Sánchez envió a negociar a su ‘vicepresidente’ de facto para asuntos políticos, Pablo Iglesias, con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y también con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. El mandato negociador tenía que ver con el apoyo del PNV y de Euskal Herria Bildu (EH-Bildu) a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, un apoyo que pasa no por el lado económico, sino por la negociación de un nuevo Estatuto de Guernica.

De hecho, desde primeros de año los socialistas venían negociando en Euskadi con el PNV las bases para reformar el Estatuto, como ya informó en su momento Extraconfidencial.com. Unas negociaciones ‘discretas’ entre el PSE y el PNV que fueron vistas con gran preocupación por el anterior gobierno de Mariano Rajoy y por el PP vasco.

La preocupación del PP provenía entonces de la idea que mantenía Urkullu de establecer un nuevo Estatuto que diferenciara a vascos del resto de ciudadanos de la comunidad, lo que planteaba claramente un camino de ruptura para la ciudadanía en el País Vasco.

Tras meses de negociaciones entre socialistas y peneuvistas, con las ‘aportaciones’ de los populistas de Iglesias, los aspectos que están ahora sobre la mesa no difieren excesivamente de algunos de los postulados que el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe desarrolló en el Parlamento vasco el 22 de junio de 2005, al presentar su programa de Gobierno en el discurso de investidura, donde anunció el compromiso de elaborar y aprobar “un Plan Integral en favor de la Paz y la Reconciliación, que contemple y aglutine todas las actuaciones a desarrollar por el Ejecutivo en el ámbito de los derechos humanos”.

Aquel Plan como tal se presentó en abril de 2006, y el mismo estaban recogidos los principios que ahora están negociando el trío Sánchez-Urkullu-Iglesias, según confirman a este periódico medios socialistas conocedores de estas negociaciones.

El ‘derecho a decidir’ o ‘derecho de autodeterminación’

Tanto la Lehendakaritza que preside Urkullu, como el PNV, que preside Andoni Ortuzar, plantean que el “derecho a decidir”(derecho de autodeterminación), debe estar en el nuevo Estatuto de Euskadi. Ahora bien, al contrario que Ibarretxe, Ortuzar no plantea la reforma del Estatuto como un vehículo para romper con el Estado, sino para reconocer al pueblo vasco como un sujeto político con derecho a decidir su futuro.

Pero ese debate siempre ha estado abierto y la mayor parte de los juristas insisten en que no existe tal ‘derecho a la autodeterminación’. Además, desde posiciones constitucionalistas se alega que hoy sólo el 17% de los vascos aboga por la independencia, por lo que formaciones como PP y Ciudadanos, por ejemplo, siempre tendrán “la mano tendida a la estabilidad y al desarrollo de Euskadi, pero no a posiciones que afecten de forma negativa a los intereses de los vascos”, según fuentes del PP en el País Vasco.

Una negociación de igual a igual, o el ‘pacto con la Corona’

En definitiva, las líneas maestras del nuevo Estatuto, que contienen antiguas peticiones entonces rechazadas por su difícil encaje constitucional, pero que ahora Sánchez, obligado por la necesidad, estaría dispuesto a asumir, pasan por los siguientes puntos sintéticos:

– Establecimiento legal de un “pacto con España” de igual a igual. Es una idea recurrente en el nacionalismo vasco, lo que implicaría un concepto confederal de España.

– Reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación. No van los españoles a sustituir la voluntad de los vascos: “Somos los vascos los que decidiremos nuestro futuro”, dicen.

– Renegociar el modelo de la ‘España plural’ para conseguir el definitivo encaje de Euskadi en España dentro de la nueva Europa unida. Un modelo que se basa en un ‘pacto de individuos en libertad’, así como en un nuevo sistema de articulación de los Estados (implica a toda la Unión Europea) y sus regiones y comunidades.

– Implicación activa de las instituciones vascas en el debate para la reforma del Senado, que debería ser, además de una cámara territorial, una cámara confederal: auténtica Cámara de representación, participación e integración de las comunidades en el nuevo Estado, con capacidad para promover, con iniciativa propia, grandes planes nacionales o de cooperación entre Estado y Comunidades.

– Participación más activa de Euskadi en la Unión Europea: una verdadera participación de los representantes institucionales del País Vasco en los Consejos de ministros y órganos auxiliares, a través de compromisos y mecanismos de corresponsabilidad con el Estado.

– Nueva configuración del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos centrales acorde con el nuevo modelo de Estado.

– Completar ya las decenas de transferencias pendientes en áreas como Trabajo y Seguridad Social, Infraestructuras, Área Económica y Financiera, Industria, Educación e Investigación, Interior, Justicia, Cultura, Turismo y Agricultura y Pesca.

– Una nueva relación institucional con la Comunidad Foral de Navarra, que no se centre en un discurso unificador y de conflicto territorial, pero con la que se mantenga una relación especial surgida no sólo de la vecindad, sino también de las raíces de afinidad cultural e histórica.

– Potenciación de un nivel de relación a todos los niveles con las instituciones del País Vasco-Francés, considerando la existencia de rasgos culturales compartidos y de intereses comunes diversos. Es decir, la gran Euskal Herria.

En definitiva, que estos dos últimos puntos abogan por lo que quería Ibarretxe y estaba contemplado también en la ‘Alternativa KAS’: proclamar la pertenencia de los territorios de Araba, Bizkaia y Guipuzkoa al Pueblo Vasco o Euskal Herria, como uno de los pueblos más antiguos de Europa que a larga incluya a los territorios denominados en euskera -lengua propia y originaria del Pueblo Vasco-, como Araba, Bizkaia, Guipuzkoa, Nafarroa, Behenafarroa, Lapurdi y Zuberoa. Es decir, la gran Euskal Herria con la que soñaban los asesinos de ETA, aunque en este caso sin la aplicación del marxismo-leninismo como ideología resultante del nuevo ‘Estado’.

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