La historia del terrorismo de ETA no puede entenderse sin tener en cuenta el papel que jugó Francia en su desarrollo y posterior desmantelamiento. Desde sus inicios, la colaboración entre España y Francia fue un factor clave que influyó en la duración y el desenlace del conflicto.

De la importancia que tenía el conseguir la plena colaboración francesa contra ETA debo decir en este punto inicial que, sin la plena ayuda del gobierno francés, la lucha contra el terrorismo de ETA en España habría llevado unos cuantos años más. Fue a mediados de los años 80 cuando empezó a forjarse una cooperación más efectiva entre ambos países, y este cambio resultó fundamental para acelerar la erradicación de la actividad terrorista.

Pero hasta ese momento la falta de cooperación inicial había tenido trágicas consecuencias. Si esa colaboración entre Francia y España se hubiera establecido antes y con mayor intensidad, es legítimo preguntarse cuántas vidas, sufrimientos y tragedias podrían haberse evitado. Aunque resulta difícil ofrecer cifras exactas, un análisis profundo del número de atentados, víctimas y daños colaterales podría aproximar esta cifra a unos 200 muertos menos. Además, se habrían ahorrado millones de euros en indemnizaciones y en la reparación de infraestructuras dañadas.

Primeros pasos: intercambio de información y medidas de control

En el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Adolfo Suarez, el ministro de la Gobernación español, Manuel Fraga, solicitó un encuentro a su homólogo francés. En la reunión inaugural entre los responsables de Gobernación y de Interior de España y Francia, el ministro francés, Michel Poniatowski, transmitió a Manuel Fraga información aparentemente relevante sobre los movimientos de miembros de ETA. Concretamente, manifestó su conocimiento sobre un repliegue de militantes etarras hacia Bélgica, destacando la zona de Lovaina como destino principal.

Tras regresar a Madrid, Fraga compartió estos datos con los servicios de información españoles, la policía y el SECED (Servicio Central de Documentación, antecedente del CESID y luego del CNI). Aunque no se disponía de pruebas directas sobre ese desplazamiento concreto de etarras, los servicios españoles confirmaron que en la región de Lovaina existían grupos vinculados tanto a independentistas flamencos como a la Universidad Católica de la localidad. Además, aportaron un dato significativo: un banco belga había recibido importantes sumas de dinero procedentes, en su mayoría, del régimen libio liderado por Gadafi, destinadas a financiar a ETA. Aunque no existían pruebas concretas de una presencia masiva de etarras.

Durante los primeros años de la década de 1980, Francia adoptó ciertas medidas sobre el colectivo de etarras huidos o refugiados en su territorio. Por ejemplo, en noviembre de 1981, dos miembros de ETA residentes en el País Vasco francés fueron destinados a la localidad de Florac. Un mes antes, en octubre del mismo año, otros cinco destacados etarras fueron confinados bajo estricta vigilancia policial en la isla de Yeu, a la espera de su extradición. Asimismo, con motivo del Mundial de Fútbol celebrado en España en 1982, el Ministerio del Interior francés asignó residencia a cuatro miembros de ETA en la localidad de Antoinne. Sin embargo, lograron fugarse a los cinco meses, evidenciando las limitaciones de las medidas adoptadas en ese momento.

En aquellos años, por cada pistolero detenido en España, dos o más conseguían huir a Francia. La colonia etarra fue creciendo hasta alcanzar, a mediados de los 80, varios centenares, de forma que la cantera para formar nuevos comandos ya contaba con gente preparada y fanática. Eran profesionales del asesinato y de la bomba y disponían en el interior, en España, con militantes que se encargaban de la información y del apoyo. Los comandos legales, los formados por militantes sin antecedentes y con una vida encastrada en la sociedad, complementaban a los liberados que llegaban de Francia.

En los primeros años 80, las primeras medidas que tomó Francia con respecto al colectivo de etarras huidos o refugiados en su suelo fueron muy limitadas: a lo sumo, forzaban el cambio de residencia o la vigilancia policial, siempre relativa.

Posteriormente, con la llegada del PSOE al gobierno de España y ya con un ejecutivo socialista en Francia, se esperaba que la cooperación antiterrorista experimentase un avance significativo. Sin embargo, pese a la presencia de François Mitterrand en la presidencia francesa y de Felipe González como presidente del gobierno español, las expectativas iniciales de una colaboración sustancial no se cumplieron como se había previsto.

Desde el Ministerio del Interior no tardamos mucho en comprender que el papel de Francia era determinante para combatir y derrotar a los terroristas. Con el ministro José Barrionuevo, una vez tratado este tema en la mesa de coordinación antiterrorista, se decidió solicitar un primer encuentro con los responsables de Interior galos, para lo que recabamos datos de la Audiencia Nacional, que se encargaba de los procesos judiciales relacionados con ETA y otras bandas terroristas.

En aquel momento, el fiscal Eduardo Fungairiño, una figura destacada en su profesión por sus profundos conocimientos en materia penal y que se manejaba con enorme facilidad en las solicitudes de extradición y de elaboración de los sumarios que acompañaban a las mismas, nos ilustró ampliamente acerca de los impedimentos y dificultades que encontraban en el país vecino. Unas dificultades que, al final, casi todas eran de naturaleza política.

Armados de información jurídica y de argumentos políticos, muchos de los cuales ya habían sido utilizados en el pasado, viajamos a Paris Txiki Benegas, Liborio Hierro, entonces subsecretario de Justicia, y yo. Teníamos concertada cita con el segundo de Interior, Joseph Franceschi, secretario de Estado entre 1982 y 1984, a las órdenes del ministro Gastón Defferre. Salvo la larga espera en su antedespacho, que no presagiaba nada bueno, lo cierto es que salimos con el compromiso de elaborar un pacto contra el terrorismo que firmarían ambos ministros, Deferr y Barrionuevo, en julio de 1984 en el parador de Aiguablava, en la Costa Brava. Aquel primer pacto recibiría el nombre de “Acuerdos de La Castellana”.

Empezamos a ver algunos resultados, primero recibiendo informaciones sobre movimientos de etarras en suelo francés; después, alguna documentación de corte político-incautada en registros y, por último, detenciones de huidos, muchos de ellos de poca relevancia en el aparato operativo.

El papel determinante de Felipe González y del rey Juan Carlos

Acompañando a ese compromiso firmado -del que más tarde supimos el decisivo papel que habían jugado en el desarrollo del mismo tanto el rey Juan Carlos como el presidente Felipe González, que presionaron a François Miterrand, presidente de la República Francesa, para que se elaborase-, llegó el nombramiento de un nuevo embajador en Madrid, que recayó en un militante del PSF, Pierre Guidoni. Nada más llegar a Madrid, el nuevo embajador francés hace realizó declaraciones poco afortunadas, diciendo que en Francia había pocos etarras y que la dirección de ETA estaba en Bilbao. A los responsables de información, de la Policía y de la Guardia Civil, esas palabras les sonaron a “tomadura de pelo”, si no fuese un tema de tantísima importancia.

Con el cambio de primer ministro en Francia, Laurent Fabius, militante del PSF, se hizo cargo del gobierno galo entre julio de 1984 y marzo de 1986. Fabius, tomó una decisión inédita de gran importancia: impulsar la extradición a España de tres etarras, solicitada por la Audiencia Nacional española. Se trató de Luis María Lizarralde, Luis Ignacio Iruretagoyena y Tomás Linaza. Durante el tiempo que duró su gobierno se materializaron tres extradiciones más: Juan Carlos Arruti Azkue, José María Larretxea y José Ramón Foruria.

Aquellas primeras extradiciones generaron una importante protesta en Francia, tanto que Fabius tuvo que salir en la televisión gala defendiendo las extradiciones “porque España es una democracia y porque estos individuos tienen las manos manchadas de sangre”. En el País Vasco, la calle que dominaba entonces Herri Batasuna –y ahora sus herederos de Bildu- se llenó de manifestantes y de violencia, más de lo mismo.

En este punto es preciso destacar el impacto negativo de las decisiones que tomó la Audiencia Nacional con los extraditados, porque tuvo consecuencias inmediatas en la política de colaboración hispano-francesa: uno de los extraditados, nada más llegar, fue puesto en libertad sin cargos; al segundo se le juzgó y resultó absuelto. El tercero, sin embargo, fue condenado.

En ese tiempo, en Francia se había procedido a un cambio en el Ministerio del Interior, mediante el cual Pierre Joxe había sustituido a Gastón Defferre. Las decisiones de la Audiencia Nacional con los tres primeros extraditados motivaron una visita relámpago de Joxe a Madrid para trasladarnos el siguiente mensaje: “Ustedes verán, si ponen en libertad a uno no es malo, es hasta una prueba de credibilidad de la independencia de la Justicia española, si ponen en libertad a dos es una mala noticia, y si ponen a tres ya es una catástrofe, sobre todo para ustedes”. El mensaje –casi ultimátum- del gobierno francés, pronunciado en boca de Joxe, estaba claro: nos adelantaba un tiempo de exigencia y de esfuerzo por nuestra parte para que pudieran arrancar futuras extradiciones.

Joxe, fue un ministro duro en las formas, pero al que, ya con José Luis Corcuera, conseguimos que tomase decisiones de cierto calado, aunque tuvo más de una discusión con Corcuera, con el que no se llevaba demasiado bien. Joxe era un socialista ortodoxo, muy apegado a la vieja tradición francesa de asilo y refugio, y Corcuera un autodidacta y negociador implacable, más pragmático que ortodoxo. Pero lo cierto es que a nuestra gente la mataba ETA y que, cuando sus pistoleros lo hacían, después corrían a refugiarse en suelo francés.

En aquellos años, cuando las actividades de guerra sucia daban sus últimos coletazos, me vi obligado a improvisar, junto con los responsables policiales franceses, una unidad de investigación compuesta por dos comisarios, uno francés y otro español, que se encargarían de perseguir e impedir iniciativas al margen de la ley. Pocas cosas consiguieron, porque el final de aquella actividad ilegal estaba ya muy cerca.

Una colaboración más estrecha con Chirac, Pasqua y Pandraud

En los dos años que duró el periodo de cohabitación en Francia, con el socialista Miterrand de presidente y el nuevo primer ministro Jacques Chirac, de centroderecha, las relaciones y por consiguiente la colaboración antiterrorista experimentó un impulso impensable hasta aquel momento. A menudo, se aplicaba el procedimiento legal de expulsión inmediata, vigente en Francia entonces, y nos llegaron a entregar en frontera hasta 15 etarras de una sola vez. Todo ello, impulsado por el dúo rector de Interior, los ministros franceses Charles Pasqua y Robert Pandraud.

Era determinante para engrasar la buena relación política con París que contásemos con policías y gendarmes franceses en el Sur de Francia, dispuestos a enviar mensajes positivos a la capital, especialmente en el País Vascofrancés. Recuerdo especialmente al comisario de la PAF, Joel Cathalá, uno de los actores determinantes en la llamada “Operación Sokoa”. Los tuvimos, y de ello se encargaron funcionarios nuestros, tanto de la Policía como de la Guardia Civil. En un primer momento nombramos enlaces, incorporándoles a la plantilla de nuestra embajada. Debo hacer una mención especial al entonces comandante Jesús Vélez, de la Guardia Civil, y al comisario Emiliano Calzada, de la Policía.

Con Vélez en París pudimos poner “una pica en Flandés”, pues era la primera vez que teníamos un enlace permanente con la Gendarmería Francesa. Con el paso del tiempo, el general Enrique Rodríguez Galindo –ya fallecido- consiguió, con su eficacia y prestigio, una relación espléndida con las autoridades regionales francesas.

En 1986 fui nombrado secretario de Estado para la Seguridad, y algún tiempo después apareció en mi vida política un personaje peculiar, Ángel Guerrero, un francmasón casado con la hija de un Prefecto francés, antiguo anarquista, informador de los servicios de inteligencia de España y de Francia, que se movía por juzgados, tribunales y comisarías de Policía en el país vecino como si fuese de “la familia”. Su papel, más allá de los muchos recelos que despertaba en propios y extraños, me fue de suma utilidad en lo fundamental. Actuaba de correo cuando se producían detenciones de etarras en suelo francés. Se desplazaba de inmediato a París y me traía toda la documentación intervenida por los policías y la depositada en los despachos de la jueza Laurence Le Vert y de la fiscal Irene Stoller. Guerrero mantenía con ambas mujeres unas relaciones privilegiadas, y le trataban con sumo respeto y consideración. En dos o tres ocasiones, especialmente en las fiestas navideñas, subí personalmente a Francia para comer con ambas y comentar la situación de la actividad terrorista. Ellas eran las encargadas de las cuestiones judiciales en los Tribunales Centrales residentes en la capital francesa.

No quiero alargar este artículo con cifras, nombres y acciones, y me limitaré a resumir cuales, a mi entender, fueron las razones que movieron al Gobierno Francés de cualquier color a ir incrementando la colaboración hasta la desaparición de ETA.

Tengo que recoger en primer lugar, por orden cronológico, la actividad de los GAL en suelo francés. Soy testigo, y no quiero obviarlo, de la enorme preocupación que me trasladaban las autoridades francesas con esas actividades al margen de la ley. No hago, ni quiero hacer apología de aquello, pues en cuanto estuvo en mi mano la capacidad de terminarlo, así lo hice y no me tembló el pulso al hacerlo. Además, contaba con el apoyo incondicional del ministro Corcuera. La decisión se había tomado ya con Barrionuevo de ministro.

En segundo lugar, y tuvo una influencia política de primer orden, las fallidas negociaciones de Argel, que vinieron a demostrar que aquel consejo que rallaba la exigencia de Francia para dar un salto en su apoyo y ayuda, el de hablar con los terroristas, no fue respondido con el silencio de las pistolas.

En tercer lugar, y aunque parezca algo de poco valor y al alcance de cualquiera, la producción de un vídeo por parte de Interior que recogía escenas de los brutales atentados de ETA en su carrera de muerte y de caos, causó un impacto brutal en Francia y otros países europeos. Se repartió por embajadas y cancillerías, se envió a las policías de medio mundo y siempre que viajábamos al extranjero, en visita oficial, nos encargábamos de dejar aquel recuerdo de tragedia y de terror.