No son sólo los grandes ‘asaltatodo’ de la política, también los pequeños ‘chorizos’ hunden la sanidad pública.
Parece que todo vale para ganar dinero, pero esas trapacerías en la sanidad pública dan argumentos a la extrema derecha privatizadora para vender la gestión de nuestros hospitales públicos. A veces, sin embargo, la justicia actúa de verdad cuando el delito es menor -es decir, no es ni una ‘Púnica’ ni una ‘Gürtel’ ni un ‘ERE’, no afecta a una organización política y el chorizo lo es realmente a título individual-. Y es lo que acaba de ocurrir felizmente con un médico condenado por robar medicamentos con recetas para ancianos.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado, por acuerdo de conformidad entre las partes incursas en el procedimiento, a Adelardo C. D. a la pena de dos años de prisión y a una multa de 20 meses con una cuota diaria de 12 euros. La sala le considera autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa y un delito continuado de falsedad en documento público. Concurren las circunstancias atenuantes muy cualificadas de reconocimiento de los hechos y de reparación del daño.
Tal y como se recoge en la sentencia, se considera probado que, el ahora condenado, abusando de su posición de médico especialista del Servicio de Cirugía y Digestivo del Hospital ‘La Princesa’ de Madrid, urdió un plan para lucrarse ilícitamente con la venta los fármacos, además de adquirir para sí fármacos que no podía obtener por el conducto reglamentario.
Entre los días 31 de mayo de 2010 y 25 de marzo de 2011, extendió de su puño y letra 149 recetas oficiales de la Seguridad Social del modelo de pensionista en la cuales estampilló su sello profesional como facultativo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Para ello, colocó las pegatinas con los datos personales de pacientes tratados en el citado hospital, a los cuales el acusado nunca había recetado esos medicamentos.
Tras extender irregularmente las recetas, Adelardo, ya por sí mismo o a través de terceras personas cuyo conocimiento de la actuación ilícita del imputado no ha quedado acreditada, adquirió en once farmacias diferentes de Madrid numerosos fármacos con recetas oficiales que él mismo había extendido, fingiendo que adquiría los medicamentos en representación y con conocimiento de los pacientes si que el imputado tuviera que abonar importe alguno por estas medicinas al ser recetas de pensionistas.
Con este ‘modus operandi’, el acusado obtuvo gratuitamente medicamentos cuyo importe total ascendió a 7.179,55 euros, teniendo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que abonar a los titulares de las farmacias madrileñas dicha suma como pago de los medicamentos expendidos al acusado.
