Entre 2008 y 2014, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha destinado más de 56 millones de euros a ONGs que realizan actividades de divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la mayor parte de esa ayuda fue en la época socialista. Con el PP, las cifras cayeron casi a la mitad debido a «la coyuntura económica»; es decir, a la crisis.

Son datos oficiales reconocidos por el Gobierno del PP y reproducidos por extraconfidencial.com. Según ese documento, la ayuda estatal a las ONGs y Sociedad Civil Bilateral a través sólo de la AECID suma un total de 56.140.881 euros en 6 años (entre 2008 y 2014). A pesar de la fortísima crisis económica, en sólo tres años (entre 2009 y 2011) el entonces gobierno de Zapatero dedicó a esa cooperación el 56,5 % de la cifra total destinada entre 2008 y 2014.

A partir de la llegada del PP al poder en diciembre de 2011 la ayuda a la cooperación para la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos descendió considerablemente: si en 2011 el Gobierno socialista había repartido entre las ONGs 13,3 millones de euros, en 2012 -ya con Rajoy en la Moncloa- la cifra descendió a unos 8 millones, la misma que Rajoy volvió a destinar en 2013. En 2014 la rebaja fue casi de la mitad y se quedó en 4,4 millones de euros.

No obstante, además de los recursos anteriores, la Oficina de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, ha destinado desde 2008 otros 2,1 millones de euros a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos en concepto de subvenciones a organizaciones de sociedad civil para la realización de actividades de divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

Las previsiones confirman la rebaja del PP

En cuanto a las previsiones para 2015, la AECID estima que a final de año habrá destinado alrededor de 5 millones de euros a esas ONGs. En definitiva, una cifra que supone la mitad que la destinada por Zapatero en los años más duros de la crisis. Hay que recordar que en mayo de 2010, Zapatero, obligado por la troika, presentó en el Congreso una impresionante rebaja de los derechos sociales, y en 2011 acometió con el PP la reforma de la Constitución para garantizar como prioritario el pago de la deuda frente a las prestaciones sociales.

En el documento, el Gobierno de Rajoy se defiende de las acusaciones sobre que ha rebajado la ayuda para contribuir al desarrollo alegando que «dada la pluralidad de cuestiones que suscitan los derechos humanos y la multiplicidad de foros en los que se plantean, resulta prácticamente imposible dar una respuesta».

Dice el Gobierno que, en todo caso, estos programas de subvenciones «denotan un interés sostenido por apoyar a la sociedad civil organizada en este ámbito; un esfuerzo que se ha mantenido a pesar de las restricciones presupuestarias que se tradujeron en una reducción del montante global a partir de 2012. La sociedad civil ha apreciado el hecho de que se haya mantenido este programa en un contexto de contención del gasto público».

Advierte finalmente que «un eventual incremento de la partida presupuestaria destinada a esta convocatoria de subvenciones dependerá de la evolución de la coyuntura económica«.