Después de casi un mes de espera, varios kilos de tinta derramada, otros tantos de papel y muchas horas de radio y televisión tras la buena noticia de que nos iban a devolver una parte del dinero que pagamos al firmar nuestras hipotecas, nos llegó como un jarro de agua fría el desmentido. En un instante y contra todo pronóstico, nadie pensaba que el Supremo se iba a contradecir a sí mismo, vimos nuestro gozo en un pozo.

Así lo decidió la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de tan alto tribunal. Me refiero a la controvertida sentencia sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que pagamos al hipotecarnos. Había voces que auguraban que de una forma u otra sería así, y yo estaba con ellos, a nadie se le escapa que el sistema está perfectamente estructurado para ello. No obstante la cuestión me motiva una pregunta: ¿Qué ha ocurrido para tanta controversia?

Veamos, en España el IAJD y el Impuesto de Sucesiones, aunque no venga al caso, son desproporcionadamente altos respecto al resto de países europeos porque son parte de la dieta del monstruo de las Comunidades Autónomas, ese engendro de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho con el que se intentó sosegar al nacionalismo y que por el contrario sólo ha servido para empeorar el tema, pues siendo divisiones administrativas del Estado, algunas de ellas han intentado, de momento sin éxito, anular a éste por la vía más rápida, la de los atentados terroristas o la rebelión pura y dura.

Pero volviendo a la respuesta prometida diré que la razón de la controversia viene dada por la farragosa semántica de la legislación española que confunde incluso a los expertos en derecho.

El cuerpo legislativo español, cada vez menos formado, provoca que la lectura de sus textos dé lugar a estas situaciones. Sin ir más lejos y a modo de pista les aconsejo que vayan estudiando qué se considera acto violento y que no, porque según el criterio, los separatistas catalanes detenidos serán sentenciados por rebelión o por sedición, diferencia que se sustancia en varios años de cárcel.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Don Carlos Lesmes, la máxima autoridad judicial de este país, del que la izquierda oportunista se ha precipitado a pedir la dimisión, lo ha explicado meridianamente bien: “Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras (…) Creo que ahora mismo las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad, porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién es el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria”. Y debe tener razón porque inmediatamente el presidente del Gobierno ha recogido el guante y ya ha promulgado un Real Decreto en el que queda claro que el impuesto lo pagará la Banca, aunque ya les auguro que sólo será en primera instancia, porque al final será el hipotecado el que corra con el gasto.

La segunda pregunta o cuestión que promueve este despropósito es: ¿Cómo sale el Tribunal Supremo del lance? Hay partidos políticos a los que le interesa convencernos de la parcialidad de dicho tribunal, de su sometimiento al poder político o al económico en el caso que nos ocupa. Evidentemente, nos están modelando el ánimo dándonos mascado un criterio perverso de la institución de cara a las sentencias que el alto tribunal emitirá en un futuro próximo respecto a los separatistas catalanes, pues aunque ni será la misma Sala ni los mismos jueces y magistrados ni se aplicará la misma ley, a estos impresentables les interesa remover nuestras conciencias y el descrédito de la institución a base de subterfugios para luego poder vilipendiarla y con ello al Estado español.

No obstante he de decir que no salimos tan mal parados. La decisión, tanto de los togados como del gobierno, salva los muebles de nuestra maltrecha economía, ya que permite la recuperación de los índices bursátiles; alienta a hipotecarse a los futuros compradores, que sin lugar a duda pagarán en comisiones y réditos, aunque diluido en todo el periodo de amortización del préstamo, el valor del impuesto en cuestión. Pero, sobre todo, contenta a los gobiernos autonómicos de todos los colores que ya pueden respirar tranquilos tras haber escuchado a algunos líderes políticos precipitarse a solicitar la anulación del gravamen con la consiguiente pérdida de ingresos.