Tras los informes elaborados por la Guardia Civil y por Maite Pagazaurtundúa, publicados por Extraconfidencial.com, la eurodiputada de UPyD ha exhortado a la fiscal general del Estado, María José Segarra, a que promueva la investigación sobre la organización, cabecillas, estrategia y financiación de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), por “colaborar objetiva y públicamente en la vulneración de los derechos de los ciudadanos” que no comulgan con los preceptos independentistas.
Como ha venido publicando este periódico, en los últimos días, los referidos informes de la Guardia Civil y de Maite Pagazaurtundúa (este último ha sido presentado al Parlamento de Estrasburgo para su discusión) contienen las evidencias que relacionarían a los CDR con los ´cuperos´ (los más radicales y violentos de los antisistema de la CUP, siglas de Candidatura d’Unitat Popular), y las dos organizaciones sociales que estuvieron en el origen de las grandes movilizaciones antes del referendo ilegal del 1 octubre de 2017: la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Òmnium Cultural.
Además, esos informes aclaran que “el objetivo de la movilización social para la consecución de la república catalana es común para ANC, Òmnium y los propios Comités, contando estos últimos con “una mayor eficacia y repercusión en términos de llamamientos a la población para movilizarse y emprender su estrategia de resistencia y desobediencia civil”.
Esos informes demuestran las connotaciones del Govern actual con los CDR, pero informa también que se crearon bajo iniciativa del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y de su anterior gobierno autonómico, y se demuestra también que siguen técnicas de guerrilla urbana contenidas en la proetarra kale borroka, e incluso que son entrenados por antiguos batasunos.
Denuncia ante la Fiscalía por la inactividad de Sánchez
Ante la inactividad del Gobierno de Pedro Sánchez, hipotecado por los progolpistas catalanes y los populistas de Podemos, y para que esas investigaciones no caigan en saco roto, Pagazaurtundúa ha remitido una carta a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que le pide que abra investigaciones contra esos kaleborrokeros del golpismo catalán.
Así, con la publicación de esta carta, la fiscal nombrada por el Gobierno de Sánchez no podrá alegar desconocimiento de los hechos denunciados.
La carta a Segarra Crespo comienza con un “me dirijo a usted para solicitar que promueva la investigación sobre la organización, cabecillas, estrategia y financiación de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), por colaborar éstos, objetiva y públicamente, en la vulneración de los derechos de los ciudadanos que no comulgan con los preceptos independentistas”.
Avisan a la fiscal general de que “el pulso independentista alentado por el gobierno catalán cuenta entre sus instrumentos con estas organizaciones locales que carecen de estatutos, ni régimen jurídico alguno. La situación de ambivalencia cuando se utilizan plataformas legales y se instigan delitos es algo que ya conocimos en el País Vasco durante décadas”.
Afirma la carta que, curiosamente, los poderes ejecutivo y judicial no han actuado contra estos entes que, sin embargo, “parecen contar con un mando superior único, una estrategia y una financiación que deben ser conocidas y evaluadas”. Y, en este sentido, pide “la investigación del origen, desarrollo y actuación de los CDR y sus acciones, con el fin de delimitar si existen ilícitos y preservar la libertad política y de conciencia de ciudadanos crecientemente acosados y atemorizados”.
Pagazaurtundúa informa a Segarra que vista la actuación de los CDR desde el Parlamento Europeo, “resulta muy preocupante la evolución y agravamiento de la vulneración de los derechos de todos aquellos que no piensan como los cabecillas independentistas”, y avisa a la Fiscalía General que “no puede asistir pasiva a la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 1, 13 y 16 de la Constitución Española y del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”.
Adjunta a la carta, la eurodiputada de UPyD remite “para su valoración” una ‘primera fotografía’ de la información existente sobre los CDR, incluido el informe realizado por la Guardia Civil, en el que se apunta que nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante movilizaciones, y predominan los llamamientos “tanto a la resistencia activa como pasiva, como a la desobediencia civil” que ha evolucionado, sin embargo, hacia formas más agresivas y delictivas”.
