El Consejo de Ministros ha aprobado por el procedimiento de urgencia –que permite la adjudicación de un contrato a dedo- el Suministro de un millón de hisopos para toma de muestras, dentro del amplio Expediente del Covid. Pese a lo irregular del proceso, aunque el estado de Alarma lo puede autorizar, el gran problema radica en que la adjudicación, por 4,3 millones de euros, lo ha sido a una empresa cuyo domicilio social se desconoce, como así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 120, del jueves 30 de abril de 2020, Sec. V-A. Pág. 17470.
La contratación ha sido llevada a cabo por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), del Ministerio de Sanidad que dirige el filósofo Salvador Illa, la única autoridad sanitaria encargada en España de la lucha contra el coronavirus. El BOE número 120 publica el anuncio con todos los datos de la contratación del millón de hisopos y su importe: el nombre, domicilio, identificación fiscal y hasta página web del comprador, así como el resto de datos necesarios en una compra administrativa de esta naturaleza.
Pero, seguidamente, se enciende la primera luz roja: en el apartado 7.1 se señala que el Tipo de procedimiento de adjudicación ha sido “Negociado sin publicidad acelerado (Covid19)” por “Situación de extrema urgencia”, y se añade en el punto 9 que los criterios de adjudicación han sido “Cumplimiento requisitos técnicos (Ponderación: 100%)”.
El pedido se adjudicó el 321 de marzo de 2020 y, más allá de lo posiblemente irregular del caso, dado que la cantidad presupuestada era de 4,3 millones de euros y sólo se recibió una oferta, que fue a quien se le adjudicó la partida, la mayor irregularidad se produce cuando en el BOE se reconoce que el adjudicatario es una desconocida empresa MJ Steps con “Dirección desconocida” en una Localidad con “Dirección desconocida”. No se sabe el nombre del propietario ni su domicilio ni en qué localidad reside ni su número de identificación fiscal.
Y así, de esta forma tan irregular, apareció el Anuncio en el BOE fechado en Madrid, el 27 de abril de 2020, y firmado por el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez Palacios.
Si buscamos en Google, sólo nos aparece una empresa MJ Steps, justamente en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, parece que cerca de donde vivía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, antes de hacerse cargo de la cartera de Sanidad.
Ahora bien, no se trata de una irregularidad aislada. El Gobierno de Sánchez-Iglesias, entre test y mascarillas fake adquiridas a diestro y siniestro, ha disparado los precios en la compra de batas de protección frente al coronavirus. Y lo ha hecho, además, al contratar los pedidos a empresas chinas, porque lo cierto es que el pago ha sido hasta 66 veces mayor al comprar a compañías chinas que a las españolas. Y esa práctica la ha hecho también al comprar guantes y gel contra el virus.
