Josefa Hernández, la ‘abuela de Canarias’.

Josefa Hernández, la abuela de Canarias, salió de la cárcel minutos antes de las siete de la tarde del jueves 27 de agosto por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que unas horas antes había revocado el auto de la juez María Isabel Quintero, quien había ordenado su ingreso en prisión. Josefa fue condenada a seis meses por no derribar la casa que construyó hace una década en un espacio protegido. En una peculiar persecución, aunque dentro de la ley, la juez no sólo la envió a la cárcel, sino que también se opuso al indulto que, pese a ella, el Gobierno concederá a la anciana este viernes 28 de agosto. La juez Quintero actuó aplicando la ley con el máximo rigor, pero sin corazón.

El auto de la Audiencia emitido este jueves señala que «resultaría inconstitucional un Derecho Penal de autor en el que la gravedad de las penas viniera determinada por la personalidad del reo, es decir, a partir de una valoración de su peligrosidad y no por la culpabilidad derivada del delito«. El texto pone de relieve las palabras reflejadas por la juez de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, María Isabel Quintero, que condenó a Josefa Hernández, de 62 años. En su último auto, Quintero señalaba que «la conducta de la condenada tras la firmeza de la sentencia obedece a una actitud desafiante«. ¿Por eso actuó contra la anciana con tanta saña legal -amparada por la ley, sin duda, pero sin misericordia-?

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya había anunciado el pasado martes en los pasillos del Congreso de los Diputados que el Consejo de Ministros de este viernes 28 de agosto concedería el indulto a Josefa Hernández. La abuela canaria se encontraba ya en prisión desde un día antes por no derribar la vivienda en la que vive con sus dos hijos y tres nietos menores de edad, todos con una renta máxima de 700 euros, como informó El Satiricón. Paralelamente, auténticos palacios en lugares protegidos no sólo no son derribados, sino que todo se soluciona con una multa.

Rajoy dijo que se trataba de una medida de «sentido común», algo que no ha tenido la juez María Isabel Quintero, que ha aplicado la ley sin atenuantes, con el máximo rigor, sin corazón. El Gobierno canario, por su parte, ya ha asegurado también que la familia de Hernández «no quedará en situación de desamparo», tal y como está ahora.

A su salida de la cárcel, la abuela canaria ha dicho que «estoy superfeliz y muy, muy agradecida», no a la juez Quintero, naturalmente, sino agradecida a las numerosas personas que la aguardaban a la salida del penal de Taíche, entre ellas sus hijas, varios parientes y el alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña.