La España despoblada (II): dudas tras la pancarta

Si han tenido la paciencia de leer la anterior entrada de esta bitácora, sabrán que lo de “España vaciada” no produce al autor complacencia. No se trata sólo de que la expresión responda más al politiquerío populista que a una descripción rigurosa. Se trata, especialmente, de que ese tono, que pone por delante la voluntad política al rigor, emborrona la eficacia de las políticas públicas.

Hay, más allá de la pancarta, la sorpresa de que no se sopesen dudas ni políticas distintas a la simple solicitud de subvención, financiación y múltiples infraestructuras, no se hagan evaluaciones previas de las políticas que se proponen.

Desde luego, no se defiende aquí que la situación de despoblación no pueda revertirse, al menos parcialmente, o que deba dejarse correr la aglomeración urbana sin límite. Como ya les he dicho, la España despoblada forma parte de nuestra cultura y está tan llena de derechos como las aglomeraciones urbanas.

La cuestión es si una política general y común para toda la España despoblada se corresponde con la diversidad de la realidad peninsular y si la urbanización tampoco puede mejorar su eficacia.

Las necesidades en el mediterráneo no son las mismas que en la frontera de Portugal, en el norte o en el Pirineo, por ejemplo.

La primera duda es sobre la preminencia de la política agraria y ganadera. Todas las políticas que se han basado en ella y los ingentes recursos nacionales o europeos que se han invertido en Europa han producido despoblación en la misma proporción que la agricultura se ha mecanizado o se ha hecho eficiente.

La eficiencia agraria, más que la actual situación de precios, es la que produce imposibilidad de relevo y, en esa medida, es un fracaso de las políticas europeas o española de fijación de población.

La respuesta es una diversificación que puede parecer políticamente correcta, tipo “clúster” de pymes agroalimentarias, sucias como una mina de litio en Salamanca o híbridas como el turismo. Eso es lo que ha pasado donde se han detenido las despoblaciones y lo que no se hace en España. Lo difícil para España es crear actividad económica más allá de la agricultura.

La segunda duda es definir el punto hasta el que queremos intervenir en el mercado. Aquí nunca se ha negado que las desigualdades exigen intervenciones. Pero es cierto que las experiencias que han frenado la despoblación y de las que siempre se habla (sea Escocia, Francia o Escandinavia) surgen de fuerzas de mercado, ya sea en el mercado laboral, en el mercado residencial o en los dos.

Las experiencias europeas de repoblación rural no han nacido de políticas creativas ni de grandes iniciativas públicas y, menos aún, de voluntad política, sino de actividades de mercado. El problema español no ha sido tanto la falta de políticas como la falta de calidad de esas políticas.

Los recursos europeos, políticas nacionales y especialmente de las Comunidades Autónomas se han destinado a multiplicar las subvenciones percibidas por los agricultores antes que a la diversificación de la economía rural.

La gran duda es por qué la gente, siendo tan ineficaz la aglomeración urbana no se ha ido. La aglomeración urbana produce urbanización y costes elevados, pero también salarios, productividad y capital.

No debe descartarse que el deterioro económico de las ciudades medianas, auténticas capitales de economía comarcal, tenga un serio efecto sobre la despoblación. Si las ciudades medianas decrecen, la gente no se desplazará a ellas porque no ofrece las ventajas de la aglomeración urbana ni permitirán la actividad de los municipios pequeños.

Cuál es la mejor manera de ayudar a una zona despoblada: ¿subvencionar servicios públicos como sanidad y educación o financiar actividades económicas o crear infraestructuras?

Las razones que explican la despoblación no están tanto en malvadas voluntades como en un hecho objetivo: el cambio estructural de la economía española con la reducción del agro en el PIB, el aumento del bienestar y un crecimiento de las ciudades que, en forma de transferencias (pensiones, nivelación, etcétera), también ha ayudado a las zonas despobladas.

El 42 por ciento de los municipios españoles están en riesgo de despoblación, ha dictaminado el Banco de España. Son 3.400 municipios, dónde vive el 2,3 por ciento de la población.

Si debe reorientarse la distribución urbana de la población y su actividad no puede responderse a golpe de decretazos, ni de tensiones de grupos de presión. Hay que resolver algunas dudas. Puede parecerles sorprendente, pero, por ejemplo, la vida en plena naturaleza supone más coste en energía y basura que en la ciudad.

Tampoco es tan evidente el uso de recursos financieros que se viene aplicando en la España despoblada como analizaremos otro rato. En fin, hay muchas dudas tras la pancarta.

 

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