El aún fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha sido juzgado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del Caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juicio ha quedado visto para sentencia, y la decisión del Alto Tribunal determinará no solo el futuro judicial del FGE sino también las implicaciones institucionales de este controvertido episodio.
Las defensas –incluyendo como defensas a la Abogacía del Estado y a la propia Fiscalía- alegan que no hay pruebas. Omiten que García Ortiz las borró intencionadamente de sus teléfonos, como hacen los criminales: pero, en todo caso, existen elementos indiciarios más que suficientes para condenar a un fiscal que, presuntamente, habría seguido de forma ciega las órdenes que le habrían dado desde Moncloa para perjudicar a un adversario político. A eso se le llama corrupción.
La acusación del caso se centra en la supuesta filtración a medios de comunicación amigos de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador, en el que se reconocían dos delitos fiscales y se planteaba un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Los indicios presentados por la acusación particular y las populares buscaban establecer una conexión directa entre el Fiscal General y la filtración, tejiendo un relato de celeridad, oportunidad y borrado de pruebas, tales como las siguientes.
Urgencia en la Obtención del Correo: La solicitud “de urgencia” por parte del Fiscal General para recibir el correo del abogado de González Amador, incluso obligando al fiscal de turno a enviarlo de noche mientras éste se encontraba en un campo de fútbol viendo un partido, subraya el interés personal de García Ortiz y la premura en su conocimiento.
Sincronía entre recepción del correo y la publicación de la nota: La inmediata publicación en medios de información –amigos, en su mayoría- y la inminente nota de prensa de la Fiscalía, a los pocos minutos de recibir García Ortiz el correo clave, sugiere una coordinación temporal incompatible con el mero conocimiento interno. La nota oficial, redactada esa madrugada, es vista como la justificación a posteriori de la información ya circulando.
Llamadas y acusación de la fiscal de Madrid: La existencia de llamadas entre el Fiscal General y los periodistas que publicaron la noticia, junto con el testimonio de la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, que le reprochó directamente la filtración sin que él lo negara explícitamente (“Eso ahora no importa”, dijo el reo), refuerzan la hipótesis de la implicación directa de García Ortiz en este corrupto asunto.
Uso político desde la Moncloa: El intento de uso del pantallazo filtrado por parte de Moncloa a un líder de la oposición en Madrid –Juan Lobato, que no cayó en la trampa, se negó a utilizarlo por sospechar que lo había filtrado la Fiscalía General y lo llevó ante un notario- sugiere un origen institucional de la información, buscando una utilidad política inmediata: hacer daño a Isabel Díaz Ayuso, enemiga del líder del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Borrado de dispositivos electrónicos: El borrado y reseteo del móvil del Fiscal General por el propio García Ortiz el mismo día de su imputación por el Tribunal Supremo, así como la no entrega de ese terminal a las oficinas de la Fiscalía para que no pudieran ser recuperados los datos, constituye el indicio más grave a nivel probatorio. Las acusaciones ven en esta acción un intento de destrucción de la prueba, mientras que la defensa lo ha justificado como un protocolo de seguridad sistemático y legítimo, sin trascendencia en la causa, argumentando que el borrado no fue específico para esta investigación. Una posición, a todas luces, extemporánea, fuera de razón.
La Postura de la Defensa
Por su parte, la Abogacía del Estado y la Fiscalía (a través de la teniente fiscal del Supremo, que ha actuado no como fiscal, sino como defensa del reo) han solicitado la absolución de García Ortiz. Sus principales argumentos se centran en:
Ausencia de prueba directa: Insisten en que no existe ninguna prueba directa ni testimonio (incluido el de los periodistas, que no hablaron puesto que estaban amparados por el secreto profesional) que demuestre que el García Ortiz fue el autor material de la filtración. Pero obvian que lo que ocurrió es que el Fiscal General borró todas las pruebas como suelen hacer generalmente los delincuentes.
Pérdida de carácter secreto: La defensa de García Ortiz sostiene que la actuación de la defensa de González Amador, el novio de Ayuso perjudicado supuestamente por la filtración de la Fiscalía, al enviar correos a distintas partes (incluida la Abogacía del Estado) y al difundir su propia versión “lesiva contra la Fiscalía” en medios de comunicación, provocó que la información ya hubiera perdido su carácter reservado antes o en el momento de la publicación. Algo que no resulta del todo cierto.
Filtración acreditada de la otra parte: la defensa del fiscal acusado de corruto ha señalado a Alberto González Amador y a su entorno como los únicos autores de una filtración acreditada, aludiendo a la difusión de la información por parte del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, cosa que también es incierta, dado que la reacción de las comunidad de Madrid se produjo después de que desde el PSM-PSOE se acusara a la presidenta y a su novio de corruptos.
Justificación del borrado: los defensores –incluyendo la Fiscalía, en una actitud impropia del cargo- han intentado imponer su tesis de la legalidad del borrado del móvil y la cuenta de correo de Gmail de García Ortiz, negando que supusiera una obstrucción a la justicia y rebajando la importancia de este hecho a efectos probatorios. Dato absolutamente falaz, puesto que, si no hubiera tenido nada que ocultar, el Fiscal General no hubiera borrado el contenido de sus teléfonos ni los hubiera hecho desaparecer con posterioridad.
Posible sentencia y consecuencias
El juicio, muy explosivo en sus sesiones, ha quedado visto para sentencia, y el Tribunal Supremo tendrá que ponderar si los indicios concurrentes superan el umbral de la prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de García Ortiz. Las peticiones de condena de las acusaciones son elevadas (hasta 6 años de cárcel e inhabilitación por revelación de secretos y/o prevaricación, con multas e indemnizaciones).
Así las cosas, el magistrado del Supremo se enfrentan a varios posibles escenarios. En primer lugar, la absolución: si el Tribunal considera que, a pesar de los indicios de oportunidad y la destrucción de pruebas (el móvil), no existe una prueba directa, lógica y unívoca que vincule a García Ortiz con la filtración. El Supremo podría inclinarse por la versión de que el correo ya circulaba o que no se ha demostrado quién fue el filtrador.
Segundo escenario, la condena: una sentencia condenatoria requeriría que el Supremo estableciera una inferencia probatoria sólida, basada en los indicios presentados: la celeridad en la obtención del correo, la sincronía de la publicación, la no negación explícita de su participación en la filtración a la fiscal de Madrid y, especialmente, el borrado del móvil el día de su imputación, interpretado como una acción de encubrimiento o destrucción de prueba, que conduzca racionalmente a la autoría de la filtración por parte de García Ortiz. La condena por un delito doloso de revelación de secretos o prevaricación conllevaría su inmediata inhabilitación y cese como Fiscal General del Estado.
Ahora bien, hay una parte política en este asunto que no se le escapa a nadie: el Tribunal Supremo deberá dictar una sentencia que no solo respete las garantías procesales, sino que también tenga en cuenta la dimensión institucional del cargo y el impacto de su decisión en la credibilidad del Ministerio Fiscal. He ahí el quid de la cuestión. Nos encontramos ante un caso inédito en el que un individuo, García Ortiz, por soberbia o prepotencia, no ha querido dimitir cuando debería haberlo hecho y que ahora puede acabar con el buen nombre de la Fiscalía española.
