No son sólo los grandes ‘asaltatodo’ de la política, también los pequeños ‘chorizos’ hunden la sanidad pública.

Nadie lo confiesa, pero son los planes ocultos por los que se rige la Sanidad pública en la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo en las gobernadas por el PP -con el silencio cómplice de su ‘socio’ Ciudadanos, como es el caso de Madrid- y por los secesionistas catalanes. El Satiricón ha podido conocer de fuentes sanitarias muy bien informadas que las Consejerías de Sanidad tienen la orden no escrita de realizar un ‘corte en la sanidad’, el resultado de la cual es que los enfermos que tengan muchos años y con carencias motrices o que precisen grandes operaciones quedan desahuciados para la sanidad pública y se les condena al sector privado -si su familia tiene recursos-, o a la silla de ruedas, o a la muerte. Algo similar a los recortazos en niños con trastornos neurológicos o mentales, como ocurrió en Madrid con el Centro Dionisio Plaza. El recortazo sanitario en España ha adquirido naturaleza de ‘muerte por necesidad’.

Quien analice el fichero de altos cargos de la Comunidad de Madrid podría pensar que Pilar Arconada Berciano no es más que una simple Coordinadora de Ordenación Asistencial del Servicio Madrileño de Salud. No se equivoca mucho, pero Arconada es en realidad la mano ejecutora -para entendernos- del director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, César Pascual Fernández, nombrado a dedo por el Decreto 133/2015, de 9 de julio (BOCM nº 162, de 10 de julio), poco después de las elecciones autonómicas que dieron la victoria a Cristina Cifuentes, del PP.

Cifuentes pudo formar un gobierno apoyado por Ignacio Aguado, de Ciudadanos, lo que convierte al partido de Albert Rivera en corresponsable de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Ahora bien, Arconada, como funcionara sumisa a su jefe Pascual Fernández y ambos al anterior consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y al nuevo que le sustituyó en 2017, Enrique Ruiz Escudero, así como a los nuevos protocolos sanitarios surgidos, al parecer, tras las elecciones de 2015, es una de las que pueden firmar las negativas para que pacientes con más de 80 años, o niños con trastornos neurológicos o mentales, puedan obtener rehabilitación pública después de sobrevivir a un ictus, por ejemplo.

No importa que esos pacientes cuenten en sus expedientes con todos los informes favorables del hospital público para su rehabilitación: el de los médicos neurólogos, el fundamental del fisioterapeuata, el del rehabilitador, el de enfermería y hasta el del trabajador social. En menos de 24 horas, Arconada Berciano, por medio telemático, puede denegar de forma subjetiva y arbitraria -y supuestamente prevaricadora, porque no entra en el fondo del expediente y desprecia la opinión de tres facultativos del Hospital, según la documentación en poder de este periódico- la solicitud y exige al hospital que condene al paciente a una silla de ruedas: dice que ese paciente no reúne las condiciones para la rehabilitación solicitada por los médicos, pese a los informes de éstos, que aseguran lo contrario. Sanidad no se va a gastar un euro en su rehabilitación, a pesar de que ésta pueda ser objetivamente posible.

El que se acaba de narrar es un caso real y paradigmático, ocurrido en un hospital del sur de Madrid y al que El Satiricón ha tenido acceso, al igual que a otros casos similares, con el único acuerdo de mantener el anonimato. La gente tiene miedo, pero lo que ocurre en la sanidad española da pánico, como asegura a este periódico el trabajador social de dicho hospital, que sólo pide que no salga su nombre “porque me la juego”: “Éste es un caso sangrante, pero hay muchos más. No tengo la estadística exacta, depende de cada hospital, pero deniegan entre el 20 y el 30 por ciento de las peticiones razonadas y razonables que les hacemos. Y hablamos sólo de rehabilitaciones posibles. Cuando ven un paciente de mucha edad lo tiran abajo”.

– “¿Pero esto podría definirse como una política de genocidio encubierto?”, pregunta, asombrado, el periodista.

– “Hombre, esa palabra es muy fuerte, pero en determinadas condiciones a los ancianos se les niega hasta los especialistas. Parece que se deseara que se murieran cuanto antes. Eso es lo que vemos en este hospital, pero ocurre también en todos los demás”.

La política del ‘Doctor Mengele’

El Satiricón ha buscado información similar en otros hospitales de la red pública madrileña, y los resultados son tan dramáticos como los relatados hasta ahora: desde el Gregorio Marañón hasta el Infanta Leonor, La Paz o el 12 de Octubre, por no referirnos a los periféricos. El recortazo sanitario es de tal calibre que mucho madrileños han quedado abocados a una existencia miserable. Lo curioso es que eso no ocurre con el ‘turismo sanitario’, del que ya hablaremos otro día.

Fuentes médicas confirman que hace alrededor de año y medio, el nuevo equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, todavía con Jesús Sánchez Martos como consejero de Sanidad, pudo haber elaborado un protocolo para recortar al máximo en la Sanidad pública, al estilo de lo que ya comenzaron los anteriores consejeros Fernández-Lasquetty, Manuel Lamela y Juan José Güemes.

Se da la circunstancia de que Lamela y Güemes ya fueron imputados en 2013 por prevaricación: ambos ex altos cargos del Gobierno del PP de Esperanza Aguirre tuvieron que responder judicialmente por el proceso de adjudicación de hospitales y laboratorios a empresas privadas, algo que está ocurriendo ahora con la rehabilitación, sólo que de otra manera.

El magistrado Marcelino Sexmero rechazó inicialmente el recurso interpuesto por Güemes -al que se adhirieron los demás querellados y fue respaldado por la Fiscalía- en un auto de 29 de octubre de aquel año, ya que los hechos que denunciaba la asociación de médicos AFEM podrían ser «constitutivos de delito».

Pero dejando atrás ese caso y volviendo al actual consejero de Sanidad, Ruiz Escudero –que sigue la política iniciada por sus predecesores-, este militante histórico del Partido Popular y exparlamentario autonómico, presidente del PP de Pozuelo de Alarcón y miembro de la Junta Directiva Regional popular, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, pero ha aceptado un protocolo -al parecer verbal- que impide el acceso a la rehabilitación o a los especialistas a personas muy mayores de edad.

Hasta hace año y medio, los hospitales, basándose en criterios exclusivamente profesionales, derivaban ellos directamente a los pacientes a rehabilitación. Pero luego la Comunidad de Madrid, con el silencio ignorante o cómplice de Ignacio Aguado, de Ciudadanos, decidió centralizar el servicio en la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que dirige César Pascual Fernández, y cuya coordinadora y una de las ejecutoras es la susodicha Arconada Berciano. Este servicio, siguiendo aparentemente al pie de la letra el supuesto protocolo, pero desoyendo los informes médicos pertinentes, es el que decide quién se rehabilita y puede llegar a mantener una vida digna y quién no.

Desahuciarles… para quitarles luego la pensión

Los datos los tienen los hospitales y no es extremadamente difícil acceder a ellos, aunque, naturalmente, de forma off the record, porque los verdaderos profesionales se juegan mucho. Médicos de estos hospitales han reconocido a El Satiricón que el problema es mucho mayor que el de la rehabilitación para ictus, caídas con rotura de caderas, etc.; es un problema que se agrava con la edad, y contaron a este periódico un caso-tipo que pone los pelos de punta: un señor de 94 años fallecido por cáncer de estómago al que se le había denegado finalmente la asistencia al correspondiente especialista. Sólo le quedaba el médico de cabecera, y cuando éste, en su bonhomía, le derivaba al especialista, o no le deban fecha o se la daban para años después. “A eso se le llama una muerte anunciada…”, según nos comenta su nieto, Miguel, que actualmente atiende en una residencia de ancianos en el suroeste madrileño.

Porque ése es el otro punto grave de la cuestión: una vez desahuciados por la sanidad pública, los mayores que precisen rehabilitación sólo tienen tres posibilidades: pagar una rehabilitación privada a precios astronómicos – no todas las familias pueden-, morirse de asco en una silla de ruedas en su casa o… solicitar a la Consejería de Servicios Sociales -otra rama no sanitaria sino asistencial- una plaza de ¡estancia temporal para rehabilitación!; es decir, para que le hagan lo mismo -rehabilitación- que le tenían que haber hecho por propio derecho desde la Consejería de Sanidad, aunque esta vez por Servicios Sociales.

¿Cuál es el truco? Primero, que tardan mucho en conceder las plazas, si las conceden, y, mientras tanto, el paciente y su familia alcanzan altos grados de depresión; y segundo, y más importante: que si finalmente le dan una plaza en uno de esos centros de rehabilitación por la vía de los Servicios Sociales es con la condición de que la pague el paciente con el 80% de su pensión. Es decir, para recibir lo mismo, ahora debe pagar. No es nada personal, es sólo una cuestión económica. Parafraseando a James Carville: “Es la economía, estúpido”.