Los presupuestos, la presión fiscal: el ruido y las nueces

Ya tenemos presupuestos para el año que viene. Bravo, presumamos de estabilidad. Hay ya una larga tradición de presupuestos democráticos en España que reúnen una característica común: nunca se cumplen y siempre tienen más déficit de lo que proponen.

El consenso de los analistas es que la debilidad de las perspectivas macroeconómicas, la crisis comercial y el rebrote del COVID apuntan a más dificultades de las que se apuntaron a la hora de confeccionar los presupuestos.

Sea como fuere, las frases más repetidas son que hay escudo social y que ése se paga con un rebrote de presión fiscal. Probablemente, ninguna de las dos cosas es tan contundente como se dice.

Sobre el escudo social cabe señalar que éste es más normativo que real. El ingreso mínimo vital sólo llega a uno de cada cuatro solicitantes. La actualización de pensiones, con el truquillo de cerrarlo antes de final de año, se quedará tres puntos por debajo del IPC.

Las ayudas a pequeñas empresas han sido el 50% de lo comprometido y de fondos europeos solo hemos consumido una quinta parte. La inversión pública que el año pasado fue de 23 millones de euros no ha pasado en los primeros meses una cuarta parte. Tenemos un serio problema de gestión pública. Aunque, por supuesto, nuestra función pública y responsables se salen.

La cosa de la presión fiscal, o sea que paguen los que más tienen y todas esas cosas, tampoco son como parecen. De hecho, lo que importa vendrá desde fuera de los presupuestos: los impuestos ambientales que vienen. Los Presupuestos establecen un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, lo que propone la CEOE, adelantándose a otros países que piensan hacerlo en 2023, una vez recuperados de la crisis.

Los expertos de Hacienda esperan una recaudación de apenas 260 millones anuales que, sin embargo, solo se producirá cuando se liquide 2022. La recaudación real del año que viene será inferior a los 50 millones. Solo Afectará a unas 1.000 empresas.

El incremento fiscal para los contribuyentes en planes de pensiones supone dejar que las ventajas sobre los planes de pensiones individuales se queden en la mínima expresión: 1.500 euros al año de los 2.000 anteriores, ya rebajados drásticamente en 2021. Los ahorradores perderán 91 millones de euros.

El próximo 1 de enero no entrará en vigor el controvertido impuesto sobre los vehículos diésel, pero sí se incrementará el impuesto de Matriculación, definido por las emisiones del CO2, O sea, transporte, usuarios de España vacía y rentas bajas que consumen este consumible. 12 euros al mes para un usuario.

También habrá aumento de los denominados impuestos especiales sobre el tabaco en torno a un 5,5% que ya anticipa, como están haciendo algunas marcas, un aumento del precio del tabaco.

Una de las sorpresas de la letra pequeña de los presupuestos es la subida de 8 euros al mes desde el próximo ejercicio de la cuota mínima de autónomos. La Seguridad Social ganará 173 millones más por este concepto.

Igual que el caso de los planes de pensiones, hay otras bonificaciones fiscales que se reducen drásticamente en los presupuestos del año próximo. Por ejemplo, las que corresponden al impuesto de sociedades para empresas que se dedican a arrendar viviendas. Baja del 85 al 40%.

Hay, cierto, un amago de catastrazo.

El Ministerio de Hacienda ha publicado los mapas que determinarán los valores de referencia de los inmuebles en 2022: hasta ahora 825 mil inmuebles verán aumentar su valor, según petición de los Ayuntamientos. Esta modificación afectará al IBI, a los impuestos de sucesiones, patrimonio y transmisiones patrimoniales.

Pero los impuestos ligados a la vivienda no van a subir, aunque aumentará la recaudación debido a la evolución de las bases imponibles, aunque estas recaudaciones tampoco son para este año.

El aumento de presión fiscal gordísimo de la muerte vendrá al año que viene y no procederá de los impuestos que conocemos, sino de los impuestos ambientales. El Gobierno sueña, dicen, con 7.500 millones de euros.

Dentro de la trampa de perjudicar a quienes queremos ayudar, estos impuestos dañarán, a las rentas más bajas que suelen ser, como en el caso del combustible, las que realizan las prácticas que desean penalizarse.

En suma, si ustedes suman, no se modifican casi los impuestos, las recaudaciones serán irrelevantes y serán autónomos y rentas bajas las más amenazadas. Lo que es, es.

 

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