El PSOE dice tener indicios razonables para pensar que el Gobierno de Rajoy estableció la amnistía fiscal en 2012 para intentar impedir que saltaran escándalos de corrupción como la ‘operación Púnica’ o el ‘caso Rato’. Es decir, que creen que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha su amnistía fiscal después de estudiar la ‘lista Falciani’ y tratar de impedir así que la Agencia Tributaria detectara a determinados evasores de capitales, puesto que ya lo habrían regularizado tras la citada amnistía fiscal.
El PSOE cree que ha encontrado presa en el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y no piensa soltarla. Para hallar pruebas sólidas que sostengan esos indicios razonables que creen tener respecto a que la amnistía fiscal de 2012 se estableció para impedir que la lista de Hervé Falciani les diera otro susto de corrupción, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha dirigido al Gobierno una batería de preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En realidad, todas las preguntas se resumen en la siguiente: «¿Era consciente el Gobierno, cuando aprobó la amnistía fiscal, de que entre los potenciales y probables beneficiarios de la misma se encontraban los implicados en esas causas judiciales por delitos de corrupción que afectan a su partido?».
Hernando, que mantiene excelentes relaciones con determinados mandos policiales y de la Guardia Civil desde los tiempos de Rodríguez Zapatero (de ahí su grado de conocimiento sobre las pesquisas policiales), tiene en cuenta los antecedentes de personas implicadas en causas judiciales por delitos de corrupción que afectan al Partido Popular (caso «Gürtel«, caso «papeles de Bárcenas», caso «Rato«) que se acogieron a la amnistía fiscal.
Por esa razón ha preguntado ahora si conoce el Gobierno casos similares relativos a otras personas implicadas o relacionadas con la trama de corrupción conocida como «Púnica» en la Comunidad de Madrid; una trama por la que se encuentra en prisión, entre otros, el que fuera vicepresidente del Gobierno autónomo, Francisco Granados.
En realidad, mucha gente quiere saber si la Agencia Tributaria ha investigado si alguno de los ex altos cargos y miembros de Gobiernos autonómicos o municipales que han declarado en calidad de imputados por la trama ‘Púnica’ pudieron acogerse a la amnistía fiscal instrumentada mediante la Declaración Tributaria Espacial contemplada en el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, tanto directa como indirectamente, mediante la utilización de sociedades u otras personas jurídicas.
De ser así, el PSOE pregunta ahora cuál ha sido el resultado de esas investigaciones y le exige al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que diga si tiene intención de reconocer o descartar en sede parlamentaria cuáles de los investigados por la ‘trama Púnica’ (supuesta corrupción en la Comunidad y el PP de Madrid cuya cabeza más visible es Francisco Granados) pudieron acogerse a la amnistía fiscal.
Los indicios sobre que la amnistía fiscal sirvió para los presuntos corruptos ahora investigados son obvios: se ha detectado un elevado número de personas implicadas en causas judiciales por delitos de corrupción que afectan al Partido Popular que se acogieron a la medida puesta en marcha por Montoro en 2012.