Policía patriótica, o cómo trabajar al margen de la ley

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Este término de «policía patriótica» se ha comenzado a utilizar en fechas recientes para señalar a aquellos policías que presuntamente trabajan al margen de la ley y contra partidos políticos, actuando como una verdadera policía política impropia de una democracia. Es cierto que hay policías que están llevando a cabo ese comportamiento y que deberían ser apartados de la profesión, y lo mismo los políticos que han impartido esas órdenes de prácticas ilegales. Ahora bien, dejando sentado lo anterior, no vale hacer una causa común contra todos quienes trabajan en asuntos delicados, ni generalizar mezclando actuaciones en busca de un interés partidista con otras que deben llevarse a cabo por la seguridad del Estado.

El último y quizás más escandaloso ejemplo de informe elaborado presuntamente por “policías patriotas” es el informe PISA (Pablo Iglesias SA), elaborado por no se sabe quién, pero que, remitido a la UDEF, el jefe de la misma, hoy jefe superior de Policía de Galicia, intentó convencer a algún fiscal o juez de que lo aceptara e investigara el documento. Si alguien tiene alguna duda respecto a si Pablo Iglesias actúa o no al dictado de un gobierno extranjero es al servicio secreto, al CNI, a quien corresponde esa investigación, y una vez hecha, con los datos obtenidos si obtiene alguno, pasarlo a la Policía, que puede abrir una diligencia de investigación o dirigirlo directamente a la fiscalía o juzgado que corresponda. ¿O acaso si hay sospechas de que algún político en España actúa a la orden de un país extranjero no hay que investigarlo? Claro que sí ¿y quién debe hacerlo? El CNI.

Algún caso se ha conocido (en Melilla) de alguien al que se acusó de actuar a las órdenes de Marruecos siendo ciudadano español y que finalmente abandonó España, residiendo desde entonces en el país vecino con un cargo público. Por eso, que aparezca como por ciencia infusa un informe como el PISA y que el servicio secreto diga que ni ha investigado ni va a investigar es, o la confirmación de que todo lo que se ha dicho y alentado desde el Gobierno contra Podemos y Pablo Iglesias es mentira, o la confirmación de que nuestro servicio secreto está a sus cosas y no a aquellas que la Ley le marca. Y yo creo que siendo evidente que el argumento válido es el primero, ello no excluye que se dé también el segundo.

La que se puede considerar “policía patriota”, que yo llamaría “policía política”, tiene su origen en 2012, cuando se decide que la Unidad de Asuntos Internos se dedique a hacer “trabajos sucios” o de “inteligencia”, especialmente en Cataluña y contra Podemos, pero también interviniendo en otros asuntos que nadie sabe quién les asignó y que nada tienen que ver con las tareas que le son propias, que es investigar los múltiples casos de corrupción interna que nos azotan.

Es Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, quien acepta convertir a su unidad en una distinta a aquello para lo que dicen las normas que debe ser, y aprovechando su situación de privilegio, con plena autonomía y todos los medios técnicos a su disposición, actúa en muchos de los casos que luego se han hecho famosos con diversas polémicas y filtraciones sobre los mismos. Desde su visita a los fiscales de Cataluña en octubre de 2012 (desvelada en rueda de prensa por mi sindicato, que entonces combatía a los corruptos), pasando por su participación en el caso “Gao ping”, o en el “caso Nicolay”, y casualmente, o no, en ambos acompañado por la participación también de agentes del CNI, cuando ni los unos ni los otros cumplen la legalidad interviniendo en estos asuntos.

En el caso “Gao Ping”, el diario El Mundo llegó a tener colgado en su web las pruebas de que una agente del CNI, con su teléfono, ubicación del mismo y registro de voz, había estado reunida en un restaurante cerrado, intentando convencer a un testigo de la conveniencia de prestar declaración. A las dos horas, avisado el director de dicho medio, Casimiro G. Abadillo, de que la ley de secretos protege a los espías y convierte en delito identificarlos, retiró la información. Aquí la unidad de Asuntos Internos realizó y entregó informes con supuestas implicaciones de personas que luego quedaron en evidencia que eran erróneos y no recogían la verdad de los hechos.

En el “caso Nicolay” ocurre lo mismo, la unidad de Asuntos Internos aparece deteniendo a un ciudadano actuando conjuntamente con el CNI, ambos como policía judicial, y consiguen complicar un asunto en el que todavía ni unos ni otros han explicado quién les ordenó intervenir ni la razón de hacerlo. Los unos trabajan para la seguridad del Estado y los otros contra la corrupción de policías, así que su confluencia con el “pequeño Nicolás” es un arcano de la ciencia policial que igual algún día lleguemos a descubrir, porque no estaba en riesgo la seguridad del Estado (según han manifestado en reiteradas ocasiones el director del CNI y sus superiores políticos), ni parece que el joven Francisco Nicolás sea policía.

Para colmo, un informe presuntamente pericial de la Unidad de Asuntos Internos, con multitud de datos y parámetros que lo hacen presuntamente riguroso, señala e identifica a un comisario confundiéndolo con un anciano que andaba una tarde por una zona de Madrid adonde llegaron siguiendo a Francisco Nicolás. Esta aseveración tan bien urdida, orquestada y envuelta en presuntos datos objetivos y rigurosos queda desmontada en pocos días, y la persona que aparece en la fotografía no tiene nada que ver, ni remotamente, ni siquiera en parecido o complexión física, con quien decía ese informe policial chapucero que era.

En ambos supuestos (y en otros que no se pueden exponer por falta de espacio) el hilo conductor de Asuntos Internos y CNI parece dirigirse a querer implicar a un comisario, y todo ello después de que el mismo, entonces inspector-jefe, registrara escrito asegurando que los secuestradores del periodista J. Espinosa de El Mundo y su fotógrafo, pedían 2 millones de dólares por su rescate, y que en España se habían pedido seis (y seis salieron), sin que nadie haya investigado esta denuncia. Y desde entonces todo ha sido una brutal cacería contra él.

No hay espacio para citar algunos casos más, pero cabría preguntar por el “caso Telémaco”, con decenas de presuntos pederastas imputados, (antes de la reforma legal que los convierte en investigados) y si tuvo alguna intervención el CNI; o lo que publicó en su web laa COPE en junio de 2012, dando cuenta de visitas sospechosas de tres personas, dos hombres y una mujer (dicen quienes vieron la cinta que policías o guardias civiles), a tres comandos de ETA controlados con cámaras y balizas por miembros de la Policía en territorio francés, en mayo de 2012, terroristas que escaparon y hasta “descubrieron” alguna baliza y cámara con las que eran controlados, que dejaron rotas y abandonadas en el lugar donde estaban. Actuaciones de policía política y de “chivatazos” que todavía no han salido a la luz y que algún día deberían hacerlo.

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