En Podemos sospechaban que había algo raro con la política de indultos del gobierno de Rajoy, y el senador Joan Comorera, de En Comú Podem, pidió oficialmente información al respecto. El ejecutivo se ha negado a dársela. ¿Qué esconde el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con esta opaca política de indultos? ¿A quién ha indultado el gobierno en un momento en el que el PP está en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué Justicia oculta los indultos que concede?

El pasado 26 de marzo, el senador por Barcelona Joan Comorera, del Grupo En Comú Podem, pidió al gobierno por escrito que le fuera remitido el informe sobre indultos a los que hace referencia la Disposición Adicional de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, y sobre los indultos concedidos y denegados por el Gobierno desde el 1 de julio de 2015, los tipos de delito sobre los que versaban esas condenas y las razones de concesión y denegación.

En la intrahistoria de esta petición se hallaba el conocimiento de que todos los gobiernos han utilizado la vía ‘política’ del indulto para, supuestamente, ‘vender’ favores o en su caso para ‘comprar’ silencios. En la petición de los podemitas pesaban historias como la del indulto a un guardia civil que había grabado una agresión sexual en 2011: el agente fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, fue indultado en el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2014. Éste indulto fue polémico porque se supo que el indultado era hijo de un edil del Partido Popular en un Consistorio asturiano.

Otro caso polémico fue el de cuatro mossos de d’esquadra condenados por torturar a un hombre detenido por error, amenazarle, golpearle y meterle una pistola en la boca para obligarle a confesar. Los policías debían cumplir penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión decretadas por el Tribunal Supremo, pero en febrero de 2012 el Gobierno del PP les concedió la medida de gracia, rebajando la pena a dos años de prisión para que los agentes no entraran en la cárcel.

El indulto más mediático, quizá, fue el del kamikaze que salpicó al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: el gobierno indultó en 2012 a un conductor kamikaze que cumplía una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en dirección contraria a alta velocidad por una autopista de Valencia, hasta que chocó frontalmente con otro vehículo cuyo conductor resultó muerto y su acompañante, herida. Ese indulto provocó una gran alarma social al conocerse que el abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y que además el abogado trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también estaba empleado un hijo del exministro Ruiz-Gallardón.

No menos polémicos fueron los indultos, en 2012, al comandante y capitán médico que actuaron en el accidente del Yak-42 y que fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en aquel accidente aéreo. El Gobierno de Rajoy impuso una medida de gracia que afectó únicamente a la pena de inhabilitación que les fue impuesta por la Audiencia Nacional. La Asociación de Víctimas del Yak-42 lo criticó muy duramente.

Pero anteriormente a Rajoy también el gobierno del socialista Rodríguez-Zapatero hizo funcionar su ‘máquina de indultos’ polémicos, como el que concedió al consejero delegado del Banco Santander el 25 de noviembre de 2011: permitió al indultado permanecer al frente del grupo Santander. En este caso, el Supremo anuló en 2013 el indulto al considerar que el Gobierno no podía anular la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso.

Más recientemente, en enero de este año se ha sabido que el Consejo de Ministros concedió un indulto parcial, que evitaba el ingreso en prisión, a un empresario condenado en 2012 por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife por haber estafado a varias familias de la isla pidiéndoles adelantos para la compra de viviendas que nunca llegó a construir. ¿Por qué se indultó a un estafador de gente humilde en Tenerife? ¿Había alguien o algo detrás?

Negativa a informar y petición de amparo

Sea como fuere, el Gobierno de Rajoy se niega ahora a informar sobre los indultos que ha aprobado y el por qué de su concesión.

En respuesta a la pregunta parlamentaria del senador de En Comú, el ejecutivo se ha limitado a decir que “se informa a su Señoría que, en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional de la Ley de 18 de junio de 1870, en la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, al final del presente periodo de sesiones comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados un representante del Gobierno, explicando la actividad desarrollada por el Ejecutivo en esta materia”.

“¿Por qué ocultan información?”, se preguntan en el grupo podemita, que ha registrado una petición de amparo a la Mesa del Senado, considerando que al senador Comorera se le está negando la función de control parlamentario al Gobierno.

Desde ese grupo se argumenta que con la vigente ley de 1870 el Gobierno tiene la posibilidad de enmendar la labor realizada por los tribunales de Justicia, llegando a ponerse en cuestión la separación de poderes que debería estar garantizada en cualquier Estado de Derecho. Y el propio Comorera asegura que “es sumamente preocupante la falta de transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy, capaz de negar incluso información sobre los indultos que, al margen de las decisiones judiciales, se están concediendo”.

“Tenemos la sensación de que el Gobierno prefiere no dar información sobre los indultos que concede en este preciso momento, cuando más trascendencia pública tienen los escándalos de corrupción del Partido Popular, y hacerlo incluso en pleno verano, cuando la actualidad informativa tiene menos eco social”, afirma a extraconfidencial.com el senador Comorera.