Trabajando en las cloacas (imagen generada por IA)

El panorama político español se está viendo sacudido por unos documentos políticos, policiales y judiciales que sintetizan la profunda crisis institucional que atravesamos: un Ejecutivo cercado por la sospecha, la ruptura de consensos constitucionales y un cuestionamiento sistemático de la separación de poderes, además de una corrupción tan institucionalizada que el PSOE ya tiene más imputados que diputados en el Congreso. Frente a ello, al perder la mayoría parlamentaria que le llevó a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez aparece ya como lo que realmente es: un presidente deslegitimado.

En el actual estado de cosas, el núcleo de la crítica más severa hacia el sanchismo se dirige hacia la sucesión de investigaciones judiciales que afectan directamente al entorno más próximo de Sánchez, y que está a punto de ahogarle a él mismo. La acumulación de causas penales en el seno de una misma legislatura ha generado una presión política asfixiante para un gobierno títere de filoterroristas y progolpistas.

El entorno familiar bajo lupa

Las investigaciones judiciales sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez (por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios), y sobre su hermano, David Sánchez (por supuesta prevaricación y tráfico de influencias), marcan un hito inédito en la Moncloa. Nunca antes los familiares directos de un presidente del Gobierno en ejercicio habían estado sometidos de forma simultánea a tal grado de fiscalización penal.

Por otro lado, las tramas de corrupción y financiación: las alusiones a exministros condenados (Ábalos y Koldo, éste último asesor Ábalos y del propio Sánchez), exsecretarios de Organización que pasaron por prisión provisional (Cerdán)y la sombra del “Número 1” (alias P.S.) en las actas de investigaciones de tramas como el Caso Koldo o las ramificaciones del Caso Delcy, o del caso Leire, o del caso Sepi, o del de hidrocarburos… y suma y sigue, describen una presunta estructura criminal incrustada en el aparato del poder. Para la oposición, el escándalo ha dejado de ser una suma de casos aislados para convertirse en una mecánica sistémica de enriquecimiento ilícito y supervivencia política.

Degradación institucional y choque con la Justicia

La segunda gran línea de flotación de las aberraciones del sanchismo la constituye el conflicto abierto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, una tensión que ha puesto en alerta a las asociaciones de magistrados y a las instituciones comunitarias europeas por, entre otras muchas cosas, el señalamiento a los jueces: la campaña sistemática de descalificación por parte de diversos ministros hacia los jueces encargados de instruir las causas de corrupción del sanchismo -tildándolos de “togados con intenciones políticas”- es calificada por los analistas jurídicos nacionales e internacionales como un ataque directo al Estado de Derecho. Es decir, para entendernos, algo así como un golpe de Estado desde el poder.

En ese contexto se sitúa claramente la anomalía en la Fiscalía General Estado: el caso inédito de la investigación y reprobación final del fiscal general –Álvaro García Ortiz– por el Tribunal Supremo por revelación de secretos agrava la percepción de una utilización partidista de las instituciones públicas con el fin de proteger al sanchismo -y al propio Sánchez en persona- y atacar a sus adversarios.

Compra de la investidura y ruptura constitucional

En todo ese caos supuestamente corrupto, la viabilidad parlamentaria del actual Gobierno sanchista se sostiene sobre una serie de peajes políticos que han alterado profundamente la arquitectura jurídica del Estado. El pacto de investidura que llevó a Sánchez a la Moncloa se sustanció en dos grandes ejes escasamente democráticos: concesiones penales y degradación democrática.

Las concesiones penales a los golpistas se sustanciaron en la ley de amnistía, que pasó de ser ‘inconstitucional’ -según palabras de los gerifaltes del sanchismo- a impuesta como ‘constitucional’ por una mayoría de seis magistrados (todos ellos reconocidos sanchistas) a favor y cuatro en contra (el resto del Tribunal Constitucional). La eliminación de la sedición del Código Penal, lo que permite a los golpistas volver a intentar otro golpe de Estado, y la reforma de la malversación -cuestionada por el Tribunal Supremo- para que los golpistas no rindan cuenta del uso del dinero público, son otras dos variables de un pacto de por sí ya corrupto. Este último aspecto puede afectar positivamente al propio Partido Socialista y al gobierno en sus propios asuntos posiblemente malversatorios. Veremos.

En cuanto a la degradación democrática que el sanchismo pactó con filoterroristas y progolpistas, apoyados por pancistas y estalinistas, dan cuenta el apoyo de Sánchez a la ‘negoción internacional’ y los ‘mediadores extranjeros’ –impulsado por el joyas Zapatero– para negociar con el separatismo catalanista, así como la dependencia de fugados de la Justicia en todo este proceso.

Es decir, que la necesidad de amarrar los votos de las fuerzas independentistas catalanas (Junts y ERC) y de los herederos de la izquierda abertzale (EH Bildu) para hacer presidente a Sánchez y establecer el sanchismo como nuevo régimen en España se ha traducido en reformas legislativas a la carta con la amnistía y la impunidad. Pero la concesión de un privilegio penal a los encausados por el procés a cambio de los votos necesarios para la investidura es vista por la mayoría de los españoles como una quiebra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Junto a lo anterior, Sánchez ha dinamitado el Código Penal: la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación de fondos públicos -precisamente para favorecer a los socios del Gobierno- suponen, a ojos de la oposición, el uso del poder legislativo como moneda de cambio estrictamente personal.

Un tercer factor lo constituye la pérdida de soberanía popular: el hecho de que las directrices de la política nacional se hayan negociado fuera de las fronteras españolas (con el fugado Puigdemont), bajo la supervisión de un verificador internacional y supeditadas al criterio de un prófugo de la justicia y de un imputado actual -Zapatero, y sus joyas-, representa el punto álgido de la deslegitimación institucional.

El cuarto factor determinante para llevar a Sánchez al poder ha sido desde 2018 la aceptación de la parálisis del Estado y el bloqueo parlamentario. En este sentido, más allá de los tribunales y de los pactos de despacho, la gobernabilidad del país muestra signos evidentes de agotamiento y bloqueo. Por ejemplo, al gobernar sin presupuestos a lo largo de toda la legislatura: la incapacidad del sanchismo para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la prórroga constante de las cuentas públicas evidencian un gobierno deslegitimado, vacío de proyecto económico y secuestrado por los chantajes cruzados de sus socios minoritarios.

Un segundo factor es el cierre del Parlamento: las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon ilegales los cierres del Congreso de los Diputados durante los estados de alarma sanitarios se suman a las tretas de la Mesa del Congreso -presidida por Francina Armengol, una presidenta sanchista en el punto de mira político y presuntamente judicial- para vetar debates y votaciones clave, limitando los mecanismos de control al Gobierno y erosionando el parlamentarismo; es decir, corroyendo la propia esencia de la democracia -por ejemplo, al impedir que se votara una propuesta para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza o convocara las elecciones generales-.

España no sufre una crisis política ordinaria, sino un proceso de demolición institucional coordinado desde la cúspide del poder. Ante una mayoría del Congreso que por primera vez exige la dimisión del presidente, la resistencia de Pedro Sánchez a abandonar el cargo configura un escenario de bunkerización como la del final del franquismo, un atrincheramiento que tensa los límites de la responsabilidad política en democracia.