Violadores en libertad

La polémica ley del “solo sí es sí” es un atentado contra la justicia, un engendro legal perpetrado por el Gobierno de Sánchez. La principal responsable es la ministra de Igualdad, pero las leyes se aprueban en Consejo de Ministros y después por el parlamento, el Congreso y el Senado, y todos quienes votaron a favor tienen responsabilidad en el desprecio a la justicia y a las víctimas. El fanatismo ideológico es una mala herramienta para gobernar la nación.

No es de extrañar esta ley en un parlamento que ha legislado para que un menor huérfano de madre asesinada por el padre tenga una ayuda económica superior a un menor huérfano de padre asesinado por su madre. Igualdad de derechos con perspectiva “feminista”. Un Gobierno empeñado en una campaña contra los hombres, entre los que hay terroristas machistas miserables asesinos de sus hijos, pero un Gobierno decente no puede manipular la información.

Durante años sólo se ha informado de los crímenes de niños a manos de sus padres, con un seguimiento considerable de medios de comunicación marcando el paso al son del tambor que toca el Gobierno, hasta que, en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita, el dato que facilita Interior es que en los últimos quince años ha habido 26 menores asesinados por su madre, que suman dos crímenes más que los que ha asesinado su padre. En la práctica totalidad de los casos, los medios de comunicación apelan a problemas mentales de la madre que pueden ser atenuantes de sus crímenes, y a la maldad del padre, sin problema mental alguno.

Preguntado Interior por el número de hijos secuestrados por padres y madres, responde que conoce el número total pero no está desglosado por sexos. La ocultación de la información quiere evitar que se conozca que el 70% de los hijos son secuestrados por sus madres. El pensamiento único talibán goza de buena salud en la mayoría de medios de comunicación, donde el periodismo parece haber pasado a mejor vida. Todavía quedan democracias donde los ministros dimiten o son cesados por mentir, pero no es nuestro caso; la mentira, ocultación y manipulación de la información es práctica habitual de este Gobierno del PSOE como lo era del anterior del PP. Es una arraigada cultura política en nuestra llamada democracia.

Hacer una ley con graves lagunas jurídicas sin atender a informes técnicos de organismos y expertos porque supuestamente son machistas siendo muchos de ellos mujeres, provocando reducción de condena a violadores y pederastas debe tener una consecuencia política. Condenados por violación, la peor calaña de delincuentes que habita las cárceles, están viendo revisadas sus sentencias y muchos de ellos reducida, sin posibilidad de rectificarse ni cambiando la ley mañana. No se pueden derogar los efectos positivos de una ley sobre los condenados porque así lo establece el principio general del derecho y lo ampara la Constitución.

No se puede insultar a jueces (y juezas, que son más) como machistas prevaricadores por aplicar la ley que el parlamento ha aprobado. La respuesta lógica en política sería la dimisión de la ministra responsable y el reconocimiento del error por el Gobierno. Los miembros del Consejo de Ministros deberían hacer frente personalmente a las indemnizaciones que se reclamen, secundados por los diputados y senadores que votaron a favor. No ocurrirá porque está legislado para que las consecuencias de errores graves, negligencias, improvisación o sectarismo contra el interés general se abonen por las ubres del Estado, lo que facilita actuar sin rigor al no ser responsables de las consecuencias de sus acciones. Si les costara su dinero como ocurre en otras profesiones ante errores, negligencias o abusos (policías, guardias civiles, conductores, médicos…) otro gallo cantaría.

 

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