La Fiscalía no está dispuesta a que los secesionistas catalanes se vayan de rositas. Así, el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas ha presentado un escrito ante el Departamento 2º de su Sección de Enjuiciamiento en el que, oponiéndose a la petición de archivo formulada por la Abogacía de la Generalitat de Cataluña, arremete contra el exdiputado y excapo catalán Francesc Homs y reitera la necesidad de que se proceda al nombramiento de Delegado Instructor para investigar los gastos ocasionados con motivo de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Hay abiertos varios procedimientos penales, pero el Tribunal de Cuentas se ha sumado también a la lucha contra los ilegales en Cataluña y quiere examinar si ha habido despilfarro, corrupción y prevaricación en los altos cargos de la Generalitat cuando convocaron y pagaron el referéndum ilegal del 9-N. Las actuación se centran en primera instancia en el excapo Francesc Homs, que era Consejero de la Presidencia y Portavoz del Gobierno de la Generalitat.

Homs era el máximo responsable de los Servicios Jurídicos, así como de la coordinación interdepartamental y el encargado de la publicidad institucional. En esa condición, “como parte integrante de una estrategia de desatención y rechazo al mandato del Tribunal Constitucional -que había acordado la suspensión de las actuaciones impugnadas por el Gobierno de la Nación-, omitió toda orden que habría permitido paralizar el proceso e impulsó actuaciones que contribuyeron de forma decisiva a su realización”, según consta en el escrito de la Fiscalía al que Extraconfidencial.com ha tenido acceso.

En ese escrito, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, arremete contra la Abogacía de la Generalitat de Cataluña, que el pasado 13 de junio pedía el archivo de las actuaciones, y ofrece más datos sobre la participación de Homs no sólo en el referéndum ilegal, sino también en una posible corrupción al desviar fondos públicos para cometer tal ilegalidad. Abierta queda la puerta para ver si, además, alguien se lucró personalmente de aquellos fondos. Es decir, que si algunos se llevaron también dinero a su casa.

Una acusación demoledora

En su escrito, el fiscal jefe sostiene que el acusado Francesc Homs era conocedor de la orden de paralización emanada del Constitucional y que su condición de jurista le hacía conocedor de su deber de no activar aquello que había sido objeto de prohibición. Pero que, pese a todo, “puso el espacio competencial que le correspondía como Consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno al servicio del compartido propósito de llevar adelante lo que pasó a denominarse proceso de participación ciudadana”, saltándose al TC y al gobierno de España.

Sostiene el fiscal que la estrategia de Homs, concertada con otros responsables políticos catalanes, incluía el enmascaramiento del proceso, “haciendo descansar la iniciativa de esas decisiones en la supuesta espontaneidad de unos voluntarios que actuarían al margen de todo apoyo oficial”. Pero eso no engaña a la Fiscalía, que sostiene que Homs “tuvo un papel decisivo en la aportación de los medios materiales y de la infraestructura indispensable para hacer realidad lo que había sido objeto de suspensión” expresa por el Constitucional.

Todas las empresas contratadas por la Generalitat

De hecho, la fiscalía ha investigado el papel de la empresa T-SYSTEMS, que fue la encargada de la realización técnica del referéndum ilegal del 9-N y que dos días antes del mismo entregó las aplicaciones informáticas que resultaban indispensables para el desarrollo de la votación. Esas aplicaciones fueron puestas a disposición de otra entidad privada que procedió a su instalación en los ordenadores recién adquiridos para proporcionar cobertura al proceso.

No obstante, la fiscalía salva a T-SYSTEMS, porque admite que esa empresa, al conocer la providencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión de las actividades relacionadas con el referéndum, se puso en contacto con la Generalitat para conocer el efecto que esa suspensión podía acarrear en los trabajos contratados.

Ahora bien, Francesc Homs, conocidas las dudas de la empresa contratada para prestar apoyo informático, hizo llegar al consejero de Empresa y Empleo su respuesta, aclarando que “…los servicios o las actividades relacionadas por (T-SYSTEMS) en su carta de 4 de noviembre no están explícitamente afectados por la providencia dictada por el Tribunal Constitucional el día 4 de noviembre de 2014”. Es decir, que Homs no sólo prevaricaría, sino que también parece que le mintió a la empresa en cuestión. Y eso es lo que analiza la fiscalía en su escrito de respuesta a la Abogacía de la Generalitat.

Esa carta de Homs sirvió para que T-SYSTEMS entregara los tres programas informáticos que harían posible la emisión y el recuento de votos: “Dos de ellos fueron instalados en los ordenadores portátiles adquiridos por la Generalitat y que se distribuyeron por las distintas mesas de votación. Su puesta en funcionamiento permitió registrar a los participantes conforme depositaban su papeleta y consignar informáticamente los resultados de cada mesa. El tercer programa tenía como destinatario al CTTI [Centro de tratamiento de datos de la Generalitat], que se convirtió en el centro de recogida de datos para su posterior escrutinio y tratamiento”.

Parafernalia propagandística

Pero la labor de Homs, conocida ahora en su integridad por este escrito de la Fiscalía que analiza Extraconfidencial.com, no se quedó ahí: permitió también que la empresa FUJITSU –a través de otras entidades subcontratadas- instalara en los 7.000 ordenadores los tres programas informáticos a los que hemos hechos referencia, y adoptó las prevenciones necesarias para que fueran instalados por FUJITSU en el CTTI todos los medios materiales precisos para el recuento y procesamiento de datos. Incluso, se habilitó un call center para comunicar todas las incidencias que fueran produciéndose a lo largo de la jornada.

El fiscal añade que Homs también contrató con la empresa FOCUS S.A -que a su vez subcontrató con FIRA DE BARCELONA- la puesta en marcha del Pabellón Italiano de Montjuic, que fue habilitado como centro internacional de prensa, lugar desde el que el vicepresidente de la Generalitat daría a conocer los resultados.

Y también fue el exdiputado Homs quien arbitró los medios necesarios para hacer posible el reparto masivo de la correspondencia oficial necesaria para la efectividad de la consulta: fue el Departamento de la Presidencia el que adjudicó el contrato a la entidad mercantil UNIPOST, empresa a la que fueron cedidos previamente los datos contenidos en un fichero temporal de titularidad pública. Es decir, más supuestos delitos, esta vez contra la ley de protección de datos.

‘Fusilar’ imaginariamente a la Ser, Cope y Onda Cero

Y aún más: fue el departamento de Homs el que adjudicó a la entidad MEDIA PLANNING GROUP la campaña publicitaria necesaria para la difusión del proceso: la inserción de anuncios oficiales en medios de comunicación, Internet, pantallas de cine, autobuses y marquesinas. O lo que es lo mismo, ‘la compra de voluntades’ en los medios de comunicación, supuestamente para que se volcaran con el referéndum ilegal.

En ese sentido, el fiscal acusa también a Homs de remitir una carta al Consell de l’Audivisual de Catalunya (CAC) en la que, ratificando comunicaciones previas en el mismo sentido cursadas por el Secretari de Comunicaió del Govern, denunciaba la negativa de algunas emisoras nacionales –Onda Cero, Cadena Ser y Cope- a insertar gratuitamente anuncios referidos a la participación en el proceso. Es decir, que Homs quiso colocar a estos tres medios nacionales en el punto de fusilamiento imaginario del CAC.