El fenómeno de la parasitocracia representa una de las patologías institucionales más severas del siglo XXI. Técnicamente se define como un sistema de gobierno en el que una posición política constituida en nueva casta -personas generalmente muy mal preparadas intelectualmente pero muy ambiciosas-, extrae recursos de la base productiva de la sociedad sin devolver un valor proporcional, priorizando la autoconservación del poder y la expansión de redes clientelares sobre el bienestar general.

Desde una perspectiva sociopolítica, la parasitocracia que sufrimos en esta sociedad es la degeneración in extremis de la partitocracia. Mientras que la partitocracia se refiere al dominio de los partidos políticos sobre la voluntad popular -algo que por sí solo ya es especialmente corrosivo-, la parasitocracia se ha constituido en los últimos tiempos en la fase en la que la estructura de ese partido deja de ser una herramienta ideológica para convertirse en un organismo biológico que busca alimento (impuestos) y refugio (cargos públicos).

Vivimos la parasitocracia como un cáncer político-social en el que unos cuantos chupópteros ni-nis vampirizan al ciudadano en nombre de determinados valores abstractos: ser muy radical, para no hacer nada; hablar de los vulnerables, para que sean precisamente esos mismos vulnerables los que paguen la factura de su fiestorro; discutir de ética para no practicarla; citar la modernización de un Estado para regalarnos su momento cutre de las pasiones más bragueteras, de las drogas mezcladas con marisco, de las catedráticas sin estudios o de los hermanísimos caraduras…, pagadas sus corruptelas con el dinero del ciudadano convertido en un primo práctico. Todo se barrunta tan falso como las urnas que se colocan en lugares secretos y ya repletas de votos antes de empezar la votación.

La sinecura dentro del Sistema

La parasitocracia es, en realidad, el desarrollo extremo de la sinecura. El concepto de sinecura (un empleo que genera ingresos, pero requiere poco o ningún trabajo) es el núcleo de este sistema, en el que la parasitocracia es su colmo: el Estado ya no busca la eficiencia, sino la creación de puestos artificiales para absorber a la lealtad política, convirtiendo la administración pública en un refugio para la mediocridad. Así surgen las leyes que aprueba esa purrela parasitaria, que ponen a violadores y delincuentes en la calle, o que criminalizan al propietario honrado frente al okupa extorsionador y violento.

El síntoma más visible de este fenómeno es la hipertrofia administrativa. En las democracias capturadas por la parasitocracia se observan unos elementos comunes no muy difíciles de identificar. En primer lugar, una proliferación de asesores: nombramientos “a dedo” que eluden los procesos de mérito y capacidad. Estos puestos suelen ser premios de consolación para miembros del partido que no lograron escaños o para asegurar el silencio de facciones internas.

Luego, el fenómeno de los altos mandos duplicados, con la creación de observatorios, agencias y direcciones generales con funciones solapadas cuya única misión es justificar un presupuesto, y eso sin contar con esos mismos cargos clonados en las diecisiete autonomías.

Y finalmente, la selección inversa; es decir, un principio sociológico clave en el que a la parasitocracia llegan los más mediocres. Los individuos con alta competencia técnica suelen preferir el sector privado o la academia; el sistema parasitario repele el talento porque la excelencia amenaza la estructura de lealtades y mediocridad compartida.

La presión fiscal asfixiante, un sostén económico

De ahí surgen más problemas de corrupción, de humillación y de atraco social, porque para mantener esa estructura de miles de cargos improductivos, el sistema requiere un flujo constante de capital, lo que deriva en un ciclo de retroalimentación negativa.

Por un lado, el aumento de la carga impositiva: los impuestos dejan de ser una inversión en servicios públicos para convertirse en el salario de la casta parasitaria. Por otro lado, el desincentivo de la producción: la clase media, los autónomos, los emprendedores, al ver que gran parte de su esfuerzo se destina a mantener sinecuras, reducen su inversión o se desplazan a la economía informal. Finalmente, el déficit y la deuda: cuando los impuestos no bastan, el sistema recurre al endeudamiento, hipotecando a las generaciones futuras para pagar los favores políticos del presente.

La historia ofrece ejemplos claros de cómo el parasitismo estatal lleva al colapso o a la decadencia prolongada hasta el derrumbe final. Por ejemplo, el Siglo de Oro español (la decadencia de los Austrias): la proliferación de “arbitristas” y la venta de cargos públicos crearon una clase de hidalgos y funcionarios que despreciaban el trabajo manual y productivo. Mientras la economía real se hundía, la corte de Madrid crecía en lujo y burocracia, sostenida por el oro americano hasta que el sistema colapsó por su propia ineficiencia.

No fue el español el único caso, pese a que en España se inventó la picaresca. Por ejemplo, en Argentina, con herencia hispano-picaresca, el peronismo y el estado de bienestar clientelar abocaron a que, en diversos periodos de la historia argentina, el empleo público se transformara en una herramienta de militancia.

El fenómeno de los “ñoquis” (empleados que solo aparecen a cobrar el día 29) es la manifestación cultural de la parasitocracia, donde el Estado se convierte en un botín de guerra. Así, la sinecura llevada al extremo dentro de una partitocracia se convierte en lo más parecido a un régimen fascista, exceptuando, claro está, el propio fascismo.

La implosión del sistema parasitario

Si nos remontamos más, en las etapas finales del Imperio Romano la burocracia se volvió tan pesada y los impuestos tan extractivos para mantener al aparato estatal y militar, que muchos ciudadanos prefirieron huir a tierras bárbaras donde, aunque había menos orden, la presión fiscal no les impedía sobrevivir.

Si analizamos todos esos antecedentes con una estructura de pensamiento marxista la conclusión es evidente: hay riesgo absoluto de implosión, porque la parasitocracia no es sostenible a largo plazo. Al igual que un parásito biológico, si la élite política consume demasiada energía del “huésped” (la sociedad civil), acaba por matarlo, provocando crisis sociales, revoluciones o el colapso económico total.

La regeneración democrática exige, por tanto, una poda drástica de las sinecuras y un retorno a la meritocracia y a la transparencia presupuestaria. Bueno, eso en el caso de que los gobiernos aprobaran anualmente los Presupuestos Generales del Estado, como es su obligación constitucional. Cuando los gobiernos no aprueban los PGE en toda una legislatura se constituyen en ejecutivos al margen de la ley; es decir, ilegales y, por consiguiente, perseguibles política y judicialmente.