No se marchó en silencio. Jacob Coxon, investigador de inteligencia artificial de 27 años, abandonó Anthropic después de haber pasado tres años trabajando en el corazón mismo de la carrera por construir modelos cada vez más poderosos, primero en OpenAI y después en Anthropic. Su dimisión no fue un simple cambio profesional: fue una señal de alarma. Coxon acusó a ambas compañías de avanzar irresponsablemente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma mientras, en sus palabras, “juegan con nuestras vidas”.

Y entonces lanzó la advertencia que hiela la sangre: “No subestiméis el poder de esta tecnología”. Según Coxon, los sistemas que están por llegar podrían superar ampliamente las capacidades humanas, vulnerar casi cualquier infraestructura digital y acumular poder y recursos en el mundo real. Fue todavía más lejos: aseguró que algunas de las personas que construyen esta tecnología creen sinceramente que podría acabar con la humanidad antes de que termine la década. No es una predicción demostrada, sino el temor extremo de alguien que conoce desde dentro los laboratorios donde se libra esta carrera.

Coxon sostiene que en OpenAI muchos no habrían comprendido aún la magnitud del riesgo, mientras que Anthropic, aun siendo más consciente, continuaría avanzando por miedo a que otros lleguen antes y actúen con menos cautela. Ahí reside la paradoja más inquietante: incluso quienes temen el desenlace dicen sentirse obligados a acelerar. Coxon ha elegido apartarse. Pero su marcha deja una pregunta suspendida sobre todos nosotros: si quienes están construyendo estas máquinas empiezan a abandonar la sala y a advertir del peligro, ¿cuánto tiempo nos queda para detenernos y escuchar? En esto de la IA, lo que más me preocupa es: quien lo controla.

Tengo 81 años. Si llego al final de esta década, estaré cerca de los noventa: una edad que nunca imaginé alcanzar, aunque mi padre vivió hasta los 94, todo un récord familiar. Por eso, si el mundo evolucionara como teme Jacob Coxon, me gustaría imaginar mi despedida como una escena de cine: sentado en una sala con butacas premium y evocando a Edward G. Robinson en Cuando el destino nos alcance, la película de 1973. Su historia transcurre en una Nueva York del año 2022, asfixiada por la superpoblación, el calor, la contaminación y la escasez de alimentos, donde millones de personas sobreviven gracias a unas raciones fabricadas por la poderosa corporación Soylent. Mientras el detective Thorn investiga el asesinato de uno de sus directivos, va descubriendo el secreto terrible que se oculta tras el producto Soylent Green. En medio de ese mundo degradado, el anciano Sol Roth, interpretado por Robinson, decide despedirse contemplando en una gran pantalla imágenes de la Tierra tal como fue: campos, océanos, bosques y montañas de una belleza que la humanidad ha destruido y casi ha olvidado.

En esa evocación figurada, la pantalla mostraría los paisajes más bellos de la Tierra: océanos inmensos, montañas silenciosas, bosques, cielos abiertos. No sería una celebración del final, sino un último homenaje a aquello que me ha sostenido durante toda una vida. La naturaleza es lo que me mantiene vivo y lo que todavía me regala, cada día, momentos de verdadera felicidad.

Pero, hasta que llegue ese momento, la vida no me concede el lujo de apartar la mirada. Cada jornada trae consigo acontecimientos que me obligan a seguir alzando la voz, a denunciar una política que, a mi juicio, nos aleja —ya a una velocidad desbocada— de las democracias en las que siempre quise reconocerme. No es una inquietud nacida ahora ni una indignación de última hora. Viene de muy lejos: de los años del franquismo, cuando aprendí cuánto vale la libertad precisamente porque entonces nos faltaba.

He visto pasar las décadas y he aprendido que la democracia nunca queda conquistada para siempre: hay que cuidarla, defenderla y volver a explicarla a cada generación. Por eso sigo escribiendo. No por nostalgia ni por deseo de enfrentarme a nadie, sino porque todavía recuerdo el peso del silencio y no quiero acostumbrarme a verlo regresar bajo nuevas formas. Mientras me quede lucidez, mientras aún pueda conmoverme ante un bosque, un océano o una montaña, seguiré diciendo lo que pienso. Es mi manera de permanecer vivo y también de ser fiel a aquel joven que, en plena dictadura, soñaba con un país libre.

La deriva del gobierno de Sánchez

Por eso tengo que señalar de nuevo esta deriva del Gobierno. Cada vez que las cosas se tuercen y aparece un episodio que deja al descubierto errores, contradicciones o falta de previsión —el más reciente, la crisis provocada por la entrada masiva en la frontera de Ceuta—, Pedro Sánchez vuelve a comparecer ante los medios. Pero yo no encuentro en esas intervenciones la autocrítica que exigiría la gravedad de lo ocurrido. Al contrario: percibo una tendencia a desplazar el foco, a señalar fallos en los servicios de inteligencia y a poner bajo sospecha precisamente aquello que todavía nos sostiene: la profesionalidad de los servidores públicos, la independencia de las instituciones, el control parlamentario, la libertad de información y la obligación del poder de rendir cuentas y hasta a la mismísima Corona. Y eso me duele, porque después de haber vivido una dictadura sé que la democracia no se derrumba siempre de golpe; a veces se va debilitando palabra a palabra, excusa tras excusa, hasta que un día descubrimos que aquello que creíamos firme ya apenas puede sostenernos.

Y en este mismo día —ya no sé si por una coincidencia fatídica— el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Henri Parot. La decisión ha sido adoptada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la socialista María Jesús San José, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta; la Fiscalía todavía puede recurrirla. Parot llevaba encarcelado desde abril de 1990 y desde 2025 disfrutaba ya de un régimen de semilibertad que le permitía salir de lunes a viernes para realizar tareas de voluntariado y regresar a prisión para dormir.

El sangriento historial de Parot

Su historial obliga a detenerse en los hechos. Integrante del denominado comando Argala de ETA, Parot acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por 39 asesinatos, decenas de tentativas de asesinato, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a organización terrorista. Entre los atentados por los que fue condenado figura la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en 1987: un coche bomba causó once muertos, cinco de ellos niños, y dejó 88 heridos. También constan el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y otros crímenes cometidos durante los años de actividad del comando. Fue detenido en Sevilla en 1990 cuando transportaba unos 300 kilos de explosivos destinados a un nuevo atentado.

Después de 36 años de prisión, la ley contempla mecanismos de progresión penitenciaria y los jueces deberán determinar si se cumplen todos sus requisitos. Pero a mí me resulta imposible leer esta noticia como una cifra más. Treinta y nueve vidas fueron arrebatadas y centenares quedaron heridas o marcadas para siempre.

COVITE ha cuestionado públicamente que exista un arrepentimiento sincero y verificable, mientras que Parot manifestó por escrito en 2025 su rechazo a “todas las violencias” y su voluntad de reconocer el sufrimiento ocasionado y repararlo en la medida de lo posible. Entre ambos extremos queda una exigencia moral que ninguna resolución administrativa puede borrar: escuchar a las víctimas, preservar su memoria y evitar que el paso del tiempo convierta el terror en una simple nota a pie de página.

Ley de amnistía para los golpistas

Y mientras todo esto ocurre, la ley de amnistía continúa desplegando sus efectos. El Tribunal Constitucional ya la avaló, con algunos límites, en su sentencia de junio de 2025, y desde entonces ha reiterado esa doctrina al resolver otros recursos. Para mí, la norma beneficia a quienes protagonizaron en 2017 un desafío frontal al orden constitucional que considero un intento de golpe de Estado en toda regla; jurídicamente, aquellos hechos fueron enjuiciados y condenados por delitos como sedición y malversación, antes de las reformas posteriores.

Se nos dice que la amnistía sirve para la “normalización institucional, política y social” de Cataluña, para cerrar heridas y evitar la crispación. Pero me pregunto qué clase de concordia puede construirse si el precio es transmitir que la ley puede adaptarse a las necesidades del poder. Después de tantos años defendiendo la democracia, temo que, en nombre de la convivencia, terminemos debilitando las reglas que hacen posible convivir.

El terror de ETA, el proceso independentista encabezado por Carles Puigdemont y el asalto al Congreso dirigido por el teniente coronel Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981 pertenecen a épocas, métodos y responsabilidades jurídicas muy distintos: ETA impuso durante décadas el miedo mediante asesinatos y atentados; Tejero recurrió a las armas para derribar el orden constitucional; y el independentismo catalán trató de quebrar la legalidad vigente mediante decisiones políticas unilaterales.

No son hechos equiparables en su violencia ni en su naturaleza. Pero, desde mi experiencia, comparten una pulsión involucionista: la pretensión de imponer un proyecto por encima de la ley, de las instituciones comunes y de la voluntad del conjunto de los ciudadanos. Por eso me estremecen. Yo vi nacer nuestra democracia entre amenazas y renuncias, y no puedo aceptar que aquello que costó tanto construir sea debilitado unas veces con pistolas, otras desde la tribuna de un parlamento y otras mediante la irrupción armada en el Congreso. Cambian los métodos y los protagonistas; permanece el peligro de considerar que el fin justifica atropellar las reglas que nos permiten vivir en libertad.

Por último, al escuchar hoy la entrevista de Pedro Sánchez en TVE, me ha estremecido oírle afirmar, al defender la Ley de Memoria Democrática, que ésta “recupera y reivindica la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado”. Respeto la legitimidad democrática de la República y no olvido que fue destruida por la sublevación militar de 1936, seguida de una guerra y de una larga dictadura. Pero tampoco puedo aceptar una idealización que borre sus graves conflictos, la violencia política, la fractura social y los errores que ensombrecieron aquellos años.

Nuestra historia merece memoria completa, no estampas escogidas según la conveniencia del presente. Y me inquieta que un presidente del Gobierno ensalce aquel periodo como “la mejor de las Españas” sin reconocer, en la misma frase, que la España constitucional nacida en 1978 nos ha dado el periodo más largo de libertad, pluralismo, paz y convivencia democrática de nuestra historia contemporánea. Después de todo lo vivido, ésa es la España que yo quiero defender: imperfecta, discutible y siempre mejorable, pero de todos.