Dos movimientos producidos el martes, uno en Madrid y otro en Bruselas, retratan con nitidez el momento político: el Tribunal Constitucional ha despejado un obstáculo decisivo para la aplicación de la amnistía a la malversación del procés, mientras varios socios europeos han rechazado que España mezcle la ampliación de la Unión con la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. El primer episodio acerca el regreso de Carles Puigdemont; el segundo deja al Gobierno sin apoyos para su estrategia de presión lingüística.

La mayoría del Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia del magistrado José María Macías, que respaldaba la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía a Jordi Turull por el delito de malversación. Macías, en minoría, deberá presentar una nueva redacción conforme al criterio mayoritario: conceder el amparo y admitir que la malversación vinculada al procés puede quedar incluida en la amnistía.

Conviene precisar el alcance del paso dado. No existe aún una sentencia definitiva sobre el recurso de Turull: el nuevo texto está previsto para el pleno del 6 de octubre. Tampoco se ha levantado todavía la orden nacional de detención que pesa sobre Puigdemont. Pero la dirección política y jurídica ha quedado marcada. Si el Constitucional fija esa doctrina y el Supremo la aplica, decaería el principal impedimento que mantiene al expresidente de la Generalitat fuera de España desde 2017.

El giro supone una desautorización inequívoca de la interpretación expansiva con la que el Supremo excluyó la malversación del perímetro de la amnistía al apreciar un beneficio personal de carácter patrimonial. La mayoría del órgano de garantías entiende que ese razonamiento no basta para mantener las condenas y medidas cautelares fuera de una ley concebida precisamente para cerrar las consecuencias penales del conflicto independentista. Puigdemont no ha regresado aún, pero su retorno ha dejado de ser una hipótesis remota para convertirse en un escenario previsible.

Bruselas rechaza el trueque político

En paralelo, el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas dejó al descubierto los límites de la estrategia del Gobierno español. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, defendió que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales antes de que la futura ampliación incorpore nuevos idiomas al régimen lingüístico comunitario. La cuestión se trató como un punto de información, sin votación y lejos de la unanimidad necesaria para reformar las reglas lingüísticas de la Unión.

Lituania, Alemania y Suecia rechazaron expresamente que ambos asuntos se vinculen. El representante lituano calificó el planteamiento de “no aceptable”; Alemania advirtió contra la bilateralización de una política europea común, y Suecia reclamó un examen técnico serio, dejando claro que la ampliación y la oficialidad de las lenguas son debates distintos. Ningún otro Estado tomó la palabra para respaldar la posición española.

La respuesta europea fue tan breve como contundente: la reivindicación de las tres lenguas cooficiales puede defenderse por sus propios méritos jurídicos, culturales y políticos, pero pierde fuerza cuando se presenta como moneda de cambio frente a países candidatos que llevan años cumpliendo exigencias para ingresar en la Unión. España pretendió convertir su capacidad de veto en una palanca negociadora; sus socios contestaron que la integración europea no admite ese intercambio.

Una victoria judicial y un revés europeo

Los dos episodios convergen en una misma paradoja. Dentro de España, la mayoría del Constitucional se dispone a culminar la cobertura jurídica de la amnistía y a abrir la puerta al retorno de Puigdemont. Fuera de España, el Gobierno fracasa al intentar trasladar a Bruselas una exigencia nacida de sus compromisos internos con Junts. La amnistía avanza porque cuenta con una mayoría clara en el tribunal; la oficialidad lingüística sigue bloqueada porque exige una unanimidad europea que hoy no existe.

El desenlace es nítido: Puigdemont está más cerca de volver, aunque todavía falta la sentencia que convierta esa expectativa en una realidad jurídica; y España queda más lejos de lograr la oficialidad europea de sus lenguas cooficiales mientras insista en atarla a la ampliación. En Madrid se ha movido una mayoría. En Bruselas, el Gobierno ha comprobado que una amenaza de veto no sustituye a la persuasión ni fabrica consensos.

La operación política levantada en torno a Carles Puigdemont y la ley de amnistía constituye uno de los mayores escándalos de la democracia española. Una medida negada durante años terminó convertida en condición de investidura, ampliada hasta alcanzar la malversación y defendida después como una exigencia de convivencia.

No nació de un consenso nacional ni de una demanda social mayoritaria, sino de la necesidad inmediata de asegurar una mayoría parlamentaria. A ello se suma la presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional, nombrado para el cargo en enero de 2023 y al frente de la mayoría que avaló la constitucionalidad de la amnistía en 2025. Desde una lectura crítica, esa secuencia permite cuestionar si la renovación del órgano de garantías terminó configurando una mayoría funcional a la convalidación de una ley nacida de la negociación de investidura.

Calificar al presidente de magistrado ad hoc dispuesto a “blanquear” la norma es una valoración política, no un hecho acreditado; pero el encadenamiento entre los nombramientos, el cambio de mayorías y las resoluciones favorables alimenta una apariencia de instrumentalización que daña la confianza en la independencia institucional. Esa secuencia erosiona la credibilidad del sistema y refuerza la impresión de que las reglas y los argumentos pueden cambiar al ritmo de las necesidades de supervivencia del Ejecutivo.

La inmigración, otra concesión pendiente

A esta lista de compromisos se añade la proposición que Junts ha vuelto a registrar para delegar en la Generalitat amplias funciones en materia de inmigración y extranjería. La iniciativa, ahora presentada en solitario y todavía pendiente de tramitación, recupera buena parte del articulado pactado con el PSOE: autorizaciones de residencia, documentación de extranjeros, gestión de los centros de internamiento, intervención en devoluciones y presencia de los Mossos en espacios restringidos de puertos y aeropuertos.

No se habría aprobado aún una transferencia definitiva ni Cataluña asumiría por sí sola toda la frontera: la titularidad seguiría siendo estatal y varias funciones exigirían coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero el alcance político y operativo de la delegación sería indudable.

Plantear ahora una reorganización de semejante envergadura resulta especialmente imprudente. La crisis abierta por la entrada masiva de finales de julio en Ceuta sigue sin estar plenamente resuelta. El Tarajal permanece reforzado ante nuevas convocatorias y la respuesta depende de una cadena de mando clara, de recursos suficientes y de la cooperación con Marruecos y con la Unión Europea. En ese contexto, convertir la política migratoria en otra pieza de la negociación parlamentaria con Junts sería un disparate: fragmentaría responsabilidades, multiplicaría los problemas de coordinación y podría convertir la gestión de fronteras, expulsiones y documentación en un laberinto administrativo difícil de gobernar.

Una reforma de este calibre solo debería abordarse con informes operativos, financiación definida, controles parlamentarios y un reparto inequívoco de responsabilidades. Cerrarla como precio para recuperar el apoyo de Junts no reforzaría el Estado: añadiría incertidumbre a una frontera que necesita exactamente lo contrario.

En el actual clima político, el Gobierno flota en las aguas de El Tarajal sin haber reunido todos los salvavidas que buscaba. La ofensiva política y jurídica de la Moncloa -la amnistía avanzando en Madrid y la presión lingüística desplegada en Bruselas- no ha obtenido la totalidad de los réditos necesarios para recomponer su relación con Junts. El regreso de Puigdemont puede allanar el terreno, pero el fracaso europeo limita la capacidad del Ejecutivo para presentar un paquete de concesiones completo. Y en ese equilibrio precario, los Presupuestos se han convertido en mucho más que unas cuentas públicas: son el flotador con el que Sánchez pretende seguir nadando, al menos, hasta el comienzo de la primavera. Sin el sí de Junts, ese flotador seguirá al alcance de la mano, pero no estará asegurado.