Vivimos tiempos convulsos. No son los peores, pero sí el presagio de un cambio profundo, de un tiempo marcado por la incertidumbre. Como en toda metamorfosis, de la crisálida surgirá algo nuevo: un monstruo o una bella mariposa. Lo que resulta innegable es que, tras ocho años de un gobierno sátrapa —el lector ya habrá adivinado que hablo de política—, nada volverá a ser igual.
La Constitución de 1978, la que dio forma al régimen que hoy se tambalea, fue en su momento una correa flexible: el alma elástica que unía la rigidez de la dictadura franquista con las exigencias de la democracia naciente. Demostró que la verdadera resistencia no siempre consiste en ser inquebrantable, sino en saber ceder, estirarse y recuperar la forma original sin fracturarse.
Sin embargo, Pedro Sánchez se ha encargado de demostrar que aquella correa estaba pensada para un tiempo determinado, un periodo con fecha de caducidad. Quizá ocho años o dos legislaturas eran el límite antes de exigir un recambio: materiales más compactos, menos elásticos, con tensores estratégicos en los puntos de mayor desgaste. Nuestra Carta Magna no es la de una democracia madura. Fue ideal para una sociedad que, tras cuarenta años de letargo, despertaba a un mundo nuevo y necesitaba desperezarse; un cuerpo que requería estiramientos para descubrir dónde se revelaba su envejecimiento y por qué pequeñas grietas, como pupilas ciegas o llagas minúsculas, se le escapaba la fuerza acumulada.
Febrero de 1981 fue el primer aviso de que la maquinaria amenazaba con pararse. Los viejos fantasmas de las guerras cantonales afloraron mientras el sistema construía comunidades autónomas que, en lugar de actuar como administraciones dependientes del Estado, aspiraban a comportarse como verdaderos Estados soberanos. La crisis irrumpió en forma de golpe militar: Tejero asaltó el Congreso como Pavía lo hiciera con su caballo. Poco importa si el mito es exacto; su evocación sirve al propósito de esta idea.
La reparación inmediata vino de la mano de un Jefe de Estado que, para entonces, empezaba a parecer un objeto puramente decorativo. Sin embargo, el medicamento no estaba caducado y funcionó en cuestión de horas. Se cambió la correa de servicio del motor democrático, pero se colocó una de idénticas características. Los conductores y mecánicos -gobiernos y parlamentos- conocían bien las fisuras de la pieza y las aprovecharon en beneficio propio, cuidando únicamente de que la máquina no colapsara del todo: en 1985 se asaltó el Poder Judicial; a finales de los noventa, la Fiscalía General del Estado, y en la primera década del siglo XXI, la propia integridad territorial. La correa volvió a romper en octubre de 2017.
Durante el periodo de reparación, con intervención de la Corona incluida, sobrevino el fatídico 2018. Aquel año pusimos al volante a un manirroto sin escrúpulos y se sustituyó al equipo de taller por las mismas ratas que antes carcomían la estructura: separatistas, extremistas, rencorosos de la palabra España, golpistas y antisistema. Todos ellos se vieron de pronto con la responsabilidad de reparar un mecanismo cuya correa había colapsado de nuevo. Esta vez, mediante un golpe de Estado sin uniformes ni tanques.
Para entonces, el caucho ya no era una banda lisa, sino una piel ajada y llena de laceraciones, surcada por grietas que amenazaban con desgarrarse al menor impulso. El nuevo equipo, lejos de sustituir la correa, la pegó con una resina más elástica pero engañosa. El conductor, un psicópata político de manual, aceleró el motor sabiendo que el material ya no engranaba bien; la resina cubría los desperfectos, pero no los reparaba.
Se tomó el Tribunal Constitucional y se amoldó el Parlamento a la medida de quien conducía. Bajo la apariencia de normalidad democrática, con una Cámara secuestrada por el ansia de desmantelar el motor, se reformó el Código Penal, se indultó de forma masiva a los golpistas, se excarceló a terroristas para sentarlos en las instituciones y, mediante un hábil giro de volante, se esquivó a Europa aprovechando las lagunas de la legislación comunitaria. No contentos con eso, los mecánicos forzaron la máquina hasta imponer una amnistía impropia de un Estado democrático de derecho.
Ahora -si el asalto al censo electoral con la colaboración necesaria del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, no lo impide- se presenta la oportunidad de cambiar de conductor y de equipo en el taller. Pero si la alternativa solo pretende aprovecharse de los defectos que aquejan al mecanismo, más nos vale bajarnos del autobús.
Feijóo -y me despojo ya de la metáfora- y las nuevas Cortes tienen la obligación histórica y legal de abrir un proceso constituyente. La independencia judicial y fiscal debe quedar blindada en un nuevo texto constitucional, así como la imparcialidad del Tribunal Constitucional, al que habría que rebautizar para no confundirlo con la arquitectura del Poder Judicial.
Las circunscripciones electorales deben sustituirse por distritos uninominales dotados de mecanismos de revocación directa del diputado. Las elecciones legislativas han de desvincularse de las ejecutivas: el Parlamento no debe elegir al presidente del Gobierno, sino el pueblo en urnas, con dos años de diferencia entre ambas convocatorias. El Senado debe asumir la ratificación definitiva de la legislación estatal y autonómica, y se debe instituir un Consejo de Estado de Defensa, elegido por sufragio, que junto al Congreso y al Senado dirija la política de seguridad nacional mediante mayorías cualificadas.
Tras esta reforma profunda, deberán convocarse elecciones generales e inaugurarse formalmente la Segunda Monarquía Parlamentaria Española.
Si Feijóo como conductor y Abascal como ingeniero mecánico no asumen este reto y se limitan a gobernar con las mismas piezas desgastadas, es muy probable que, en la década de los treinta, cien años después de nuestra última contienda civil, volvamos a tropezar con la misma piedra. Una triste inercia que, trágicamente, define la historia de España desde los tiempos de Carlos IV.
