Amparada en los derechos de sus diputados en las Cortes Generales, EH Bildu, la formación separatista vasca próxima a los postulados de ETA, viene formulando diversas preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito relativas al número de guardias civiles y de policías nacionales que permanecen en el País Vasco, así como su situación geográfica. ETA se ha disuelto pero no ha entregado las armas y su brazo político acusa al gobierno de utilizar las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en Euskadi para realizar controles de “forma esporádica”.

“¿Cuántos guardias civiles, policías nacionales y militares hay destinados hoy en día en la Comunidad Autónoma Vasca?”, es una de las preguntas dirigida por la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia al Ministerio del Interior; unas preguntas dirigidas al anterior ministro, Juan Ignacio Zoido, pero que ahora deberá responder el nuevo ministro, el juez Fernando Grande-Marlaska. La diputada abertzale de izquierdas, amparada en sus derechos parlamentarios, quería saber por escrito la naturaleza, composición y residencia oficial de militares, policías y guardias civiles en el País Vasco.

Ahora bien, mientras EH Bildu quiere controlar de esta forma la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa ha difundido en el Parlamento Europeo informes sobre la estrategia de humillación a las víctimas en los homenajes a etarras. Pagazaurtundúa también ha exigido al gobierno español que los etarras que una vez disueltos quieran incorporarse a la vida civil, paguen más de 20.000 millones de euros en concepto de indemnización por sus acciones terroristas.

Lo curioso de todo es que en este momento en el que la organización terrorista acaba de debatir en su seno la disolución total, sus acólitos políticos quieren controlar la presencia policial ‘española’ en Euskadi. De hecho Marian Beitialarrangoitia no sólo pregunta por los emplazamientos de las fuerzas de seguridad y militares ‘españoles’, sino que asegura que los guardias civiles y policías aún realizan controles “de forma esporádica” en Euskadi.

Según EH Bildu, las FSE siguen realizando controles e identificaciones “sin justificación alguna” y reclama que el pasado “no sea utilizado como excusa” para mantener la presencia desmedida de las FSE en territorio vasco. En ese contexto, la coalición abertzale de izquierdas ha reiterado su posición favorable a hacer de Euskadi un territorio “libre” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para crear así ciudades no militarizadas, sin la presencia de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o del Ejército.

Por esa razón, y con los datos de los efectivos policiales en la mano, EH Bildu ha solicitado su “retirada total y absoluta”, con el objetivo de generar un escenario en el que todas las competencias en materia de seguridad sean asumidas por las diferentes Policías vascas: “La salida de las FSE es una aspiración de la inmensa mayoría de la sociedad vasca”, dicen los abertzales de izquierda.

Como no podía ser de otra manera, el Gobierno, en ese momento del PP, respondió a la pregunta de la diputada vasca respecto a la evolución de los efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco. En la actualidad, el conjunto de guardias civiles, policías y militares asciende a 5.167, de los que el mayor número, 2.369, son guardias civiles, 1.317 son policías nacionales y 1.481 son militares.

Pero el Gobierno también le dijo a la diputada abertzale vasca que no piensa retirar ni un efectivo de Euskadi, ya que la presencia de estas fuerzas y las funciones que sus integrantes desempeñan en la Comunidad Autónoma vasca obedecen al régimen competencial que dimana de lo establecido en los artículos 148.1.22º y 149.1.29º, de la Constitución Española, y en concordancia con tales prescripciones, de lo regulado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

Igualmente, se informa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado cuantos controles e identificaciones “han sido necesarios para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de infracciones penales y el cumplimiento de las leyes”.

Por otra parte, respecto a los efectivos, incorporaciones y bajas de personal militar y otros datos estadísticos, el Gobierno le ha dicho a los de Bildu que solo se pueden proporcionar datos globales, “siempre que no comprometan la Defensa Nacional o la eficacia y seguridad de las Fuerzas Armadas, su material o sus componentes. Conforme a la normativa vigente, la distribución y despliegue del personal de Unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional constituye materia clasificada, ya que puede afectar a la seguridad de las mismas”.

Pagazaurtundúa, contra la estrategia de humillación a las víctimas

Paralelamente, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa ha enviado a la presidenta de la comisión especial del Terrorismo del Parlamento Europeo, Nathalie Grisbeck, una serie de informes sobre la estrategia de humillación a las víctimas en los homenajes a etarras, con el objetivo de dar a conocer en la Unión europea lo que está ocurriendo en el País Vasco y demostrar la relación de estos homenajes con el entorno de ETA.

Se trata de dos informes, uno elaborado por COVITE que hace un seguimiento histórico y numérico de los homenajes que se han ido realizando en los distintos pueblos, y otro realizado por la oficina de la eurodiputada en el que se hace un análisis sobre el fondo, sobre cómo ha evolucionado la estrategia de la organización terrorista para eludir el peso de la justicia. “Estamos ante una forma sibilina de enaltecimiento del terrorismo”, planteó Pagazaurtundúa, quien explica que el entorno político de ETA ha eludido la acción de la justicia durante décadas, mutando siglas, dificultando la prueba judicial de su subordinación y colaboración con ETA.

Hay que tener en cuenta, dice la eurodiputada, que los recibimientos solo se realizan a miembros de la banda terrorista ETA que no han expresado arrepentimiento. “No se ha producido ni un solo homenaje a personas excarceladas que han colaborado con la justicia o simplemente, que han expresado públicamente su rechazo a la violencia ejercida durante años.