‘Caso ático’ de Ignacio González: el coste de denunciar la corrupción en España

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Urbanización en la que se sitúa el ático de Ignacio González. Foto: OCC

El caso del ático de Marbella (ubicado en la urbanización Alhambra Golf entre Marbella y Estepona y valorado en un millón de euros, aproximadamente), supuestamente alquilado por el entonces vicepresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, salió a la luz pública el 21 de marzo de 2012 cuando el diario El Mundo informaba de la existencia del mismo. Nada más saltar la polémica tanto el presunto inquilino de alquiler, como el ministro de Interior y el director general de la Policía se apresuraron a calificar como ilegal la investigación policial, al tiempo que procedieron al cese, expediente y traslado del comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes, dejando en puertas de correr la misma suerte al inspector jefe de grupo y los policías que investigaban.

Que tanto el ministro como el director general de la Policía se pronunciaran amenazando con posibles expedientes a los policías provocó que el asunto fuese llevado directamente por la Comisión Ejecutiva Nacional del sindicato del que en la fecha yo era secretario general.

Si dicho inspector y algún policía no hubiesen sido afiliados al SUP de entonces (que no es el de hoy, y luego se explicará), si hubiesen sido afiliados a la CEP, como el comisario, seguramente los policías habrían acabado sancionados o cambiados de puesto de trabajo y el asunto habría quedado en una polémica mediática de las muchas que conocemos cada día. Pero el político tuvo la mala suerte de “tropezar” con un sindicato que entonces (ahora no), no dejaba de defender a ningún afiliado por muchas presiones y amenazas que recibiera (que se recibieron).

Unos días después de saltar la polémica a los medios de comunicación mantuve una reunión en Málaga con el comisario provincial, Francisco Arrebola (después nombrado jefe superior de Andalucía Oriental, Jaén, Málaga, Granada y Almería), quien nos informó que estaba en marcha una información reservada, que se había producido una investigación no autorizada y que los policías podrían sufrir alguna sanción por ello, según las noticias que le llegaban desde Madrid. Es lo que venía diciendo en medios de comunicación el ministro de Interior (refiriéndose a una investigación “ilegal e irregular”) y lo ratificó en el Senado, al anunciar posibles sanciones a los policías a la vez que explicaba el cese, expediente y cambio de destino del comisario local de Marbella.

Para defender a los policías afiliados decidimos indagar sobre el asunto y una vez con la seguridad de que dicha investigación había sido ordenada por cauces legales y que no suponía ninguna intromisión ilegal en el honor de nadie, con los datos obtenidos remitimos escrito a la fiscalía anticorrupción el 24 de abril de 2012, del que recibimos escrito respuesta el 10 de mayo, señalando la fiscalía que no procedía investigación penal pero sí policial, y aconsejaba a los denunciantes que continuaran las gestiones.

La fiscalía se dirigió al sindicato como si de una unidad de investigación se tratara y prácticamente cerraba allí el asunto… si no hubiésemos decidido continuarlo. Se acordó entonces remitir escritos a diversos organismos y se elaboró documento fechado el 31 de mayo (que consta en el sumario del caso, como todos los anteriores y posteriores que se citan), y se remitió el 7 de junio a la Comisaría General de Policía Judicial, a la UDEF, a la Agencia Tributaria, al presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Congreso y de Andalucía (nadie respondió, por cierto, tan preocupados como están hipócritamente con la corrupción… de los demás, que la propia nunca la ven).

Fue el comisario general de Policía Judicial nombrado cinco meses antes, José Enrique Rodríguez Ulla, quien encargó una investigación el día siguiente de recibir nuestro escrito, el 8 de junio. Esa orden provocó un informe de la UDEF diez días después, el 18, con datos que avalaban la denuncia presentada y provocó la decisión política del cese fulminante del comisario general de Policía Judicial (así lo reconoció el comisario cesado en su declaración del pasado 3 de marzo), por investigar posible corrupción de un político del mismo partido del Gobierno. Toda una declaración de cómo se entiende la lucha contra la corrupción.

Un ático que sonaba a sucio

Todo lo que se sabía del ático sonaba a sucio. Adquirido en 2008 por la empresa radicada en Delaware, Estados Unidos, Coast Investors LLC, que representaba el testaferro Rudy Valner, ésta era a su vez propiedad de Waldorf Overseas Investment, radicada en Panamá, que a su vez había sido creada por las empresas Dulcan Inc y Winsley Inc. Sociedades que habían participado también en la creación de Golden Chain Propertis, utilizada por Francisco Correa para hacer pagos en Suiza, y relacionada también con el famoso bufete panameño Mossack, incurso en investigaciones por blanqueo de dinero.

Con esos datos, y tras el cese del comisario general de Policía Judicial, ya no era una cuestión de defender a los afiliados porque el expediente no había llegado a abrirse, sino de mantener el pulso frente a prácticas que pudieran ser ilegales y que desde principios morales individuales y del deber profesional como policías obligaban a mantener las actuaciones posibles hasta que la ley lo permitiera. Y por ello se preparó una denuncia que fue presentada el día 22 de octubre de 2012 en el juzgado de Estepona, correspondiéndole al número 5 que desde entonces sigue practicando las diligencias correspondientes, no sin atascos ni problemas burocráticos en las tres comisiones rogatorias solicitadas.

Durante algún tiempo tanto la presidenta de la comunidad de Madrid, el señor Ignacio González, su portavoz, Salvador Victoria, otros políticos y algunos medios de comunicación que aceptaron la versión de que la investigación era ilegal (más por perjudicar al diario que lo destapó que por otra cosa), atacaron al SUP de entonces, el que combatía la corrupción (el de ahora no), y nadie parecía detenerse a analizar que los datos conocidos obligarían a investigar en cualquier país medianamente decente, y a la presidenta, Esperanza Aguirre, a pedir cuentas a su vicepresidente sobre la polémica, en vez de atacar a quien estaba poniendo en conocimiento de la autoridad judicial hechos que podrían ser una práctica corrupta.

Los carísimos muebles de Lourdes Cavero

Se sabía que la señora Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, acudió dos veces a ver el ático en el año 2008, que adquirió carísimos muebles para el mismo y que uno o dos días después de su última visita, el testaferro Rudy Valner llamó para comprarlo sin siquiera verlo, para seguidamente alquilarlo al módico precio de 2.000 €/mes cuando el precio en la zona era de unos 6.000.

Se daba también la circunstancia de que la empresa presuntamente propietaria y que era la arrendataria, Coast Investors, dejó de funcionar a partir del año 2010, reactivándose en 24 horas después de una nueva información sobre la propiedad del ático en el año 2012. Tras dos años sin funcionar, ¿quién cobraba entonces el ridículo alquiler de 2.000€/mes que se abonaba a esa empresa tapadera?

Nada extrañó que el señor Rudy Valner hubiera sido tesorero de la empresa EGEDA, que negocia derechos de autor en América y es propiedad de Enrique Cerezo, ni que Ignacio González decidiera adquirir el ático en propiedad a pesar de tanta polémica.

El abandono de obligaciones contra la corrupción del actual SUP

Nadie preguntó por la cadena de empresas comparsas que figuraban como propietarias, todas carentes de la mínima transparencia exigible a un político, ni tampoco a mí me extrañó que en el año siguiente a negarme a retirar la denuncia como me pedía un responsable político me sancionaran con 3 expedientes disciplinarios, de 45, 20 y 15 días de suspensión de empleo y sueldo respectivamente, por decisión expresa del director general de la Policía, ni tampoco me extrañó que el pasado año [2015], cuando parecía que el asunto se moría, la dirección nacional del SUP y su máxima responsable, la que elaboró el certificado del pleno de ejecutiva el 3 de octubre de 2012 por el que el sindicato decidía realizar la denuncia, decidiera retirarse de la acusación popular en vez de esforzarse por activar el caso.

Un sindicato de policías que renuncia sin razón objetiva para hacerlo a un asunto que inició contra la corrupción, siendo la corrupción el segundo problema del país para la ciudadanía, está trasladando un mensaje a la misma de abandono de sus obligaciones, despreciando un caudal de prestigio que nunca podrá recuperar y dando pábulo a cualquier otra interpretación que se pueda hacer si en el futuro se demuestra que esa denuncia destapaba la punta del iceberg de un caso de corrupción de cientos o miles de millones de euros.

Un dato para que se conozca cómo se apoya desde la Policía a los que denunciamos presuntas prácticas corruptas: fui condenado por una falta leve a 60 € de multa por una circular muy dura contra el entonces jefe de la División de Formación, hoy comisario general de Policía Judicial. Según el régimen disciplinario, ese tipo de condena no necesariamente deben conllevar sanción disciplinaria interna, y si la lleva, sería de carácter leve, máximo cuatro días.

El mensaje que quiso transmitir la Dirección General de la Policía lo hizo llevando al Consejo de Policía una propuesta por mi condena leve proponiendo (y ejecutando después) una sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo (insisto, por una circular muy crítica en el ejercicio de la actividad sindical), y en el mismo Consejo a un comisario con dos condenas no por falta, por dos delitos graves (conducir ebrio y darse a la fuga provocando daños en otros vehículos), una sanción de cinco días por cada uno de dichos delitos. Critica sindical y condena leve 20 días de suspensión de sueldo, conducir ebrio con daños a vehículos y fuga, condena por dos delitos graves cinco días por cada una, diez días.

La denuncia no se retiró y la personación como acusación popular tampoco, aunque quizás alguien recibió el mensaje emitido desde la Dirección General y llegado mi relevo decidió no correr ningún riesgo y seguir disfrutando plácidamente de un cómodo sillón sin conflictos, con ascensos y sin expedientes.

Los trabajadores de Telemadrid, en la brecha

Por fortuna el comité de trabajadores de Telemadrid decidió mantener sus acciones legales y contratar al abogado que había venido llevando la denuncia del SUP, Javier Carnerero, a cuya dirección jurídica se debe en parte que el asunto haya seguido avanzando sin descarrillar por el proceloso trámite judicial, aunque desde el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC), donde hoy actuamos varios de los que impulsamos aquella denuncia desde el SUP, se había decidido ya solicitar la personación como acusación popular para seguir investigando el caso si hubiese sido necesario.

Ignacio González, tratando de frenar la investigación, presentó denuncia, siguiendo la línea marcada por el ministro de Interior y el director general de la Policía respecto a que se trataba de una investigación ilegal, extremo que ha sido descartado por los tribunales. La prueba de en qué país estamos y de cómo luchamos contra la corrupción es que el ministro de Interior y su director general no han sido cesados ni nadie les ha pedido explicaciones ni responsabilidad política por esto, mientras las tres comisiones rogatorias cursadas a Delaware, Reino Unido y Panamá siguen atascadas en laberintos burocráticos o errores que hoy todavía son inexplicables.

Merecen en este momento reconocimiento los periodistas que muchas veces sin más cobertura que su rigor informativo cumplieron con su deber informando de la verdad, de los hechos que conocían, de los que me permito destacar a Eva Díaz (entonces en Estrella Digital), Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Tono Calleja, Alicia Gutiérrez o Pilar Velasco. Sin ellos esta investigación nunca hubiese llegado donde ahora está, con la posibilidad de que se concluya arrojando luz sobre este episodio en el que tantos responsables políticos han quedado y van a quedar retratados.

 

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