Disminuyeron las expulsiones de ilegales: se aplican a integristas y a delincuentes condenados

Con el anterior gobierno de Rajoy ya había disminuido el número de extranjeros -ilegales, o condenados por delitos- expulsados de España, que hasta finales de su mandato se elevó a un total de 40.919, según una tabla oficial elaborada por el Gobierno a petición del Congreso de los Diputados. Según esos datos, el mayor número de expulsiones se produjo en 2012, con 10.130, pero fue producto de los expedientes ya abiertos por el último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Ha habido muchos expulsados argelinos porque lo han pedido las autoridades comunitarias -por ser integristas o supuestos yihadistas- o por delitos. Le siguen los colombianos. La tabla demuestra que todas estas expulsiones están muy motivadas, lo que desnuda la demagogia de Podemos al respecto.

Anualmente, el número de expulsiones de extranjeros de España durante todo el gobierno de Rajoy se reparte así: 10.130 en 2012; 8.985 en 2013; 7.696 en 2014; 6.869 en 2015; 5.051 en 2016, y 2.188 en los primeros seis meses de 2017. Como se ve, el número ha ido descendiendo año por año, lo cual desmiente la demagogia del CEO de Podemos, Pablo Iglesias, que viene acusando al Gobierno del PP de haber puesto en marcha la máquina de expulsiones de emigrantes de España.

Tal demagogia queda desmontada con la estadística oficial a la que hemos tenido acceso, que no sólo recoge cómo se ha ido descendiendo en el número de expulsiones, sino que también demuestra que las mismas se han producido por decisión judicial, por petición de las autoridades comunitarias al detectar ‘infiltrados’ presuntamente yihadistas -sobre todo del Magreb, y muy especialmente de Argelia- o al haber sido condenados en firme por la justicia por delincuentes.

En ese cuadro se observa que el número mayor de expulsiones corresponde a Madrid, con un total de 6.660 en los últimos cinco años, pero inmediatamente seguida de Barcelona, con 3.066, lo que desmonta también la demagogia de los podemistas catalanes, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la cabeza, sobre que allí no se echa a nadie.

Muy especiales son las situaciones de riesgo en las que se encuentran provincias pequeñas, pero a las que acceden extranjeros que cometen numerosas irregularidades de uno o de otro signo -o por integristas musulmanes próximos a la Yihad o por simple delincuencia. Son casos con los de Alicante, con 1.772 expulsiones en estos cinco últimos años y donde recalan numerosos magrebíes, sobre todo argelinos; Asturias, que pese a tener muchísima menor población, ha tenido que expulsar a 724 extranjeros -en Asturias, la delincuencia, sobre todo rumana, ha aumentado exponencialmente; Cádiz, cuya provincia conforma la puerta del Estrecho y cuya capital está regida por el podemita ‘el Kichi’, de donde se ha expulsado a 1.142 extranjeros -aquí, al yihadismo y a la delincuencia común se une el tráfico de drogas-, o, naturalmente, Ceuta que, con una población española muy reducida, se ha visto obligada a expulsar a 1.913 extranjeros, una cifra realmente importante.

La motivación de las expulsiones

Si las cifras anteriores desnudan la demagogia de la pareja dirigente de Podemos Pablo Iglesias-Irene Montero, el motivo de las expulsiones los deja igualmente en evidencia. Según las tablas a las que ha tenido acceso este periódico, siempre se ha aplicado la Ley Orgánica 8/2000, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, o la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Pero al analizar los motivos de las expulsiones se observa la justicia de las mismas.

El primero de los motivos de expulsión es por mandamiento comunitario, por “Infracción orden público Código Penal”, que, sólo en 2012, se ha aplicado especialmente a ciudadanos sudamericanos –Argentina, 106; Bolivia, 515; Colombia, 317; Chile, 81, o Ecuador 338 expulsados-, africanos y especialmente magrebíes –Argelia, 311; Costa de Marfil, 19; Guinea Ecuatorial, 38; Mauritania, 13, o Marruecos, que se lleva la palma con 1.899.

El segundo orden de expulsión también desmonta la demagogia de la podemía, ya que son expulsados judicialmente por sustitución de pena inferior a 6 años. En este concepto se vuelven a observar ciudadanos de los países antes mencionados: Colombia, con 134 expulsiones sólo en 2012; Argentina, 37; Chile, con 35; Ecuador, con 58; Marruecos, con 805, o Argelia con 81. De Argelia, muchos de los expulsados son por delincuencia, pero también por problemas de integrismo religioso próximo al yihadismo.

Otros conceptos importantes de expulsión de extranjeros son por haber sido condenados por el artículo 89.1 del Código Penal, por sustitución de pena igual o mayor a 6 años o por medidas de seguridad autorizadas por la autoridad judicial. Es decir, nada que ver con lo que los voceros de Podemos y sus organizaciones satélites predican en el desierto.

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