El abuso de las horas ilegales le cuesta a la Seguridad Social un recorte de 2.400 M. en la recaudación

A finales de 2014 se realizaron 10,2 millones de horas ilegales por semana. Foto: Moncloa

A finales de 2014 se realizaron 10,2 millones de horas ilegales por semana. Foto: Moncloa

Los buenos datos registrados en la creación de empleo y la bajada del paro -que acaban de ser presentados a bombo y platillo por el Gobierno- se ven empañados por otros datos que dan mucho que pensar: durante los últimos meses de 2014 se realizaron en España 10,2 millones de ‘horas ilegales’ cada semana (exactamente, 10.249.294 horas); es decir, aquellas que exceden de las 42 semanales que, de haberse convertido en puestos de trabajo, hubieran dado empleo a 286.284 desempleados. Sólo en esos meses de 2014 las horas ilegales habrían supuesto a la Seguridad Social una minoración en su recaudación de alrededor de 2.400 millones. Así se afirma en un amplio informe elaborado por la Secretaría de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

El Gobierno del PP se felicitaba hace unas fechas por la aceleración en la creación de empleo en España. En mayo, la Seguridad Social acabó con 213.015 afiliados más, un 1,25% más sobre abril, que elevó la cifra total hasta los 17.221.310 cotizantes. También el paro acabó con un dato histórico: 117.895 desempleados menos. La parte negativa es que esos buenos datos conviven todavía con un alto número de parados (4,2 millones registrados en las oficinas públicas) y que, además, en el empleo creado siguen teniendo un alto peso los contratos temporales (92,1%) y el trabajo por horas (35,57%).

Es precisamente en ese último aspecto, en el de las horas, sólo que contadas aquellas que pueden ser consideradas como ‘horas ilegales’, donde un documentado informe del PSOE -al que ha tenido acceso Elsatiricon.com– pone la nota más negativa: en el tercer trimestre de 2014 más de 1,32 millones de trabajadoras del sector privado realizaron una jornada superior a la legalmente permitida (42 horas semanales), lo que representó el 11,5% de los asalariados del sector privado. Cada semana se realizaron 408 millones de horas, de las que 10.250.000 eran ilegales.

Ese exceso de horas ilegales podría ser realizado por otras personas, lo que supondría que 273.315 desempleados podrían trabajar a tiempo completo (37,5 horas).

Las empresas transgreden el Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34 que «la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual». Luego, en su artículo 35, añade que «el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año«.

Pues bien, el informe de la Secretaría de Empleo del PSOE -que toma datos de la propia EPA- parte de la jornada legal máxima de 40 horas, pese a que existen muchos convenios colectivos con una duración inferior, y considera un máximo de dos horas extraordinarias en la semana habitual. Luego, todas las horas que excedan de 42 semanales son ilegales, estén o no retribuidas. Según ese argumento, al año sólo se podrían hacer 80 horas extraordinarias de forma legal, y todo lo que le sobrepase es ilegal.

Estos economistas creen que con una tasa de paro del 24% se debería exigir una solidaridad en la distribución del tiempo de trabajo que impidiese, cuando menos, la realización de horas extraordinarias, y añaden: «Ni que decir tiene que con esa tasa la persecución de las horas ilegales debería ser el objetivo primordial del gobierno dado que es empleo que no se crea». Entienden, por tanto, que la exigencia de la eliminación de las horas que sobrepasan las 42 «no supone más que el cumplimiento de la legalidad».

1,32 millones de asalariados superexplotados

Sin embargo, según los datos relacionados en el informe, hay más de 1,32 millones de trabajadores asalariados en el sector privado que realizan una jornada superior a la legalmente permitida, transgrediendo así la norma básica de la legislación laboral: el Estatuto de los Trabajadores.

El informe parte de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y muestra cómo en los últimos meses de 2014 más de 1,32 millones de trabajadoras del sector privado (el 11,5% de los asalariados) realizaron una jornada superior a la legalmente permitida, con 10.250.000 horas consideradas como ilegales. Así, «ese exceso de horas ilegales podría ser realizado por otras personas, lo que supondría que 273.315 desempleados podrían trabajar a tiempo completo (37,5 horas)», dice el informe.

Paralelamente, en esos últimos meses de 2014 a los que se refiere el documento socialista había 5,4 millones de parados, según la EPA. De no haberse realizado las horas ilegales que se hicieron el paro hubiera podido disminuir entre un 5% (con jornada a tiempo completo) y un 5,3% (si se utiliza la duración media de la jornada).

Partiendo de esos datos, el informe económico señala que «analizando la evolución de la jornada habitual en los últimos tres años [2012, 2013 y 2014, es decir, el periodo del PP] se comprueba que la flexibilidad establecida por el Gobierno del PP no se traduce en la disminución de las jornadas ilegales ni con horas extraordinarias. Únicamente se transforman las jornadas ‘normales’ en el resto: jornadas parciales, con horas extras o directamente ilegales».

Según el documento, son las mujeres las que soportan jornadas inferiores a la normal y son los hombres en sus edades centrales quienes realizan un porcentaje mayor de horas ilegales, con más de 7,4 millones en el tercer trimestre de 2014, lo que supondría el 72% del total. Es por ello que el porcentaje de asalariados con jornada ilegal sería del 15,4%, más del doble que el de las mujeres (un 7%). El estudio afirma que «si las horas ilegales se hubieran traducido en empleos, 86.000 mujeres más tendrían un puesto de trabajo».

Distribución de la ilegalidad por edad y sector productivo

En cuanto a la distribución de esas horas ilegales por edad, se concentra en el grupo comprendido entre los 30 y 44 años, que realizarían la mitad de las horas ilegales; el 29% las realizarían quienes tienen entre 45 y 54 años, y el 8% restante se lo repartirían los menores de 30 y los mayores de 55 años.

Por sector de actividad, el reparto sería así: en el primario se realizaron 596.709 horas «que hubieran permitido crear 15.581 puestos de trabajo»; en la industria, con más de un millón y medio de horas ilegales, «se podrían crear 40.000 empleos», y en la construcción, pese a ser un sector que ha perdido desde 2008 casi un millón y medio de empleos, «en el tercer trimestre de 2014 se realizaron 583.000 horas ilegales que podrían haber creado 15.000 puestos de trabajo». Y, en fin, en el sector servicios se trabajaron 7,5 millones y medio de horas por encima de las 42 habituales, cuya inexistencia habría permitido la contratación de 218.000 personas.

El coste para la Seguridad Social

Por lo que se refiere al coste de las horas ilegales a la Seguridad Social, el informe argumenta que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral fija de promedio en los cuatro últimos trimestres de los que hay información (3º de 2013 a 2º de 2014) en 1.883,11 euros el coste salarial total de la media de los trabajadores.

Según ese coste, «si calculamos los costes de Seguridad Social correspondientes a las empresas y a los trabajadores, por cada trabajador y año que no se ha cotizado reglamentariamente se han dejado de ingresar 8.382 euros. Si multiplicamos este coste por el número de empleos que se podrían crear con las horas ilegales, 273.315 empleos a 37,5 horas o 286.284 según la jornada media, el fraude a la Seguridad Social que producen estas horas ilegales se puede cifrar entre 2.291 y 2.400 millones de euros«.

El informe concluye con que «este es un fraude claramente localizable tanto sectorial como geográficamente, por lo que debería estar entre las máximas prioridades de la Inspección de Trabajo tanto por su coste económico como social».

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