Lógico. Ningún delincuente quiere entrar en la cárcel, ni antes de haber delinquido, ni durante el delito ni después de haberlo cometido. Es lo que le pasa al ex presidente andaluz José Antonio Griñán condenado por malversación  en el caso de los ERES de su Comunidad.

Mientras los otros sentenciados en el mismo caso van entrando en prisión uno a uno, la resistencia numantina a hacerlo por el jefe de todos ellos ha derrochado tanta imaginación como falta de respeto a la justicia.

Con Griñán se ha intentado de todo: desde la petición de un indulto que sería un sarcasmo, hasta cartas de apoyo y apurar los plazos para el cumplimiento de su condena. Ahora, la última añagaza es su estado de salud que no le permitiría llevar una vida normal de recluso.

El común denominador de todas estas triquiñuelas es afirmar que el reo no se ha lucrado personalmente con las millonarias cantidades estafadas. Lo grotesco del caso es que la sentencia no habla de eso, sino del desvío del dinero destinado a otros fines a amigos, conmilitones y otros organismos al margen de las obligaciones legales. O sea, que para los defensores del ex presidente robar está bien si es a beneficio de terceros y no para lucro personal.

El mismo razonamiento podría haberse hecho para otros ex presidentes autonómicos o ex ministros recluidos en distintas cárceles españolas. Pero, claro, el signo político de unos y otros delincuentes es distinto y las justificaciones morales que valen para uno son inservibles para todos los demás.

Con tanto marear la perdiz en el caso Griñán se hace un flaco favor a la justicia, manoseada ya por las últimas reformas penales y con un tratamiento que favorece a algunos reos según sean los vaivenes políticos del momento.