El balance económico de 2015 y los cuatro años de gobierno del PP distan mucho de la euforia y el triunfalismo con que el partido de Rajoy pretende cerrar su legado.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, presume de dejar una herencia «mucho más fácil» a su sucesor con la economía creciendo por encima del 3%, una intensa creación de empleo, inflación negativa, superávit por cuenta corriente y la mitad de déficit público que en 2012. En el haber de las buenas cifras, Guindos destaca hasta el consumo de las familias y la caída del IPC al 0,7%.
Sin embargo, la difícil realidad que esconden los datos y las propias estadísticas nacionales -crecimiento superior a la media europea (3.2%) o el descenso del paro en 678.000 personas- es más bien el de una España precaria y desigual que tardara años en consolidar la recuperación y revertir la enorme brecha social generada por la crisis y las políticas aplicadas.
La pregunta es si los españoles vivimos hoy mejor que hace cuatro años y, en todo caso, si el «espectacular» crecimiento servirá para paliar las secuelas estructurales generadas: ciudadanos empobrecidos, trabajadores más precarios, menos protegidos y sobre todo, mucho más desiguales.
Trabajo digno
Los casi cinco millones de desempleados que todavía hacen la cola del paro (4.779.500, el 20,9% de la población), exigen menos complacencia oficial, un trabajo con derechos laborales y salarios con dignidad. Igual que los partidos y los propios dirigentes políticos no pueden ni deben intentar gobernar ‘a cualquier precio’, a los ciudadanos tampoco se les puede obligar a elegir entre salario o dignidad, entre empleo o derechos sociales.
Igual que los 687.600 jóvenes menores de 25 años inscritos en el paro, junto al millón y cuarto (1,27) de jóvenes entre 16 a 29 años que todavía no trabajan ni estudian (Ni-nis). Todos quieren ingresar cuanto antes en el mercado laboral para adquirir experiencia profesional y una vida digna.
Lo que exigen también los 175.000 jóvenes con contratos temporales de formación, prácticas o aprendizaje -8.200 llevan de tres a seis años en esta situación y alrededor de 1.200 incluso más de seis años-, es acabar una explotación encubierta similar a la que practican los mal llamados países emergentes.
Menor pensión y hucha mermada
Lo que demandan los ocho millones y medio de jubilados es acabar con la incertidumbre de sus pensiones, cuya «hucha» ha sido esquilmada en un 50% en los últimos cuatro años. Hoy, la pensión media se sitúa en 14.182 euros anuales, cuando debería estar en los 14.700, por lo que sus titulares han dejado de ganar un 7% de poder adquisitivo. Las pensiones se han revalorizado un 3% desde 2008, mientras los precios han crecido casi un 10 (9,8%).
En 2015 la Seguridad Social ganó medio millo de cotizantes (17.2 millones), pero sus ingresos han seguido mermando por la caída de la base reguladora, el descenso de los sueldos, la inflación y la precariedad laboral.
Temporalidad y precariedad
La temporalidad de los contratos, la parcialidad de las jornadas laborales, los bajos salarios y los horarios abusivos han sido una constante también en los últimos años.
Los contratos temporales en 2015 alcanzaron la cifra récord de 17 millones, mientras que los contratos por horas ascendieron a 6,4 millones, de ellos, 5,7 millones eran a la vez temporales. Otro record lo batieron su duración media, que bajó de 79 días en 2006 a 53,4 el año pasado. Los de menor duración (siete días o menos) suponen ya el 25% del total, según el INE. La jornada más extendida es de 40 a 49 horas, que cumplen casi 8 millones de trabajadores. Sin embargo, 400.000 realizan entre 1 y 9 horas semanales, otros 84.772 lo hacen por un periodo superior a 7 días e inferior a 15 y hasta 188.070 apenas pudieron trabajar un mes.
Siete de cada diez desempleados no percibe ninguna prestación. Apenas 1,3 millones de los casi 4,8 millones de parados con que acabó el año perciben algún tipo de ayuda. Todavía hay casi 3,5 millones de desempleados sin prestaciones o subsidios, el 72% del total, según la EPA, ya que casi medio millón de los que carecen de ayuda no han trabajado nunca y por tanto no generaron el derecho a percibirla.
En semejante situación es imposible tener un proyecto de vida, comprar una casa, planificar el futuro o incluso pensar en tener hijos.
Déficit y deuda record
Qué decir de la deuda o el déficit. Ni siquiera están controlados tampoco por mucho que se empeñe el Gobierno en funciones. La legislatura concluida aumentó la deuda pública en 319.000 millones por lo que su crecimiento nominal alcanza ya los 1,070 billones del PIB. Así, ha logrado superar -por primera vez desde hace 100 años la de 1910- al sobrepasar el 100 % de la economía.
En cuanto al déficit, el acumulado del conjunto de las administraciones se situará en el 5% del PIB, superando el objetivo del 4,2%. Se cumple así la advertencia de Bruselas sobre su incumplimiento y la exigencia de recortar 9.000 millones de euros adicionales en el presupuesto de 2016.
Crecimiento vegetativo negativo
Con semejante situación, no es de extrañar que la prospectiva de la población vuelva a situarse en una realidad tenebrosa, de triste recuerdo, al entrar España en crecimiento vegetativo negativo por primera vez en los últimos 16 años, como consecuencia del mayor número de muertes sobre nacimientos.
Solo en el primer semestre de 2015 nacieron 206.656 personas, 19.268 menos que las personas fallecidas (225.924), un indicador del descenso de población junto al millón de extranjeros que decidió abandonar el país desde el año 2011.
