“El lunes 4 de noviembre de 1996, el Tribunal Supremo acordó que Felipe González, Narcis Serra y Txiki Benegas no tenían que declarar como imputados en lo que se ha denominado ‘Caso Gal’. Los magistrados de este tribunal, un total de diez, necesitaron, según recogió la prensa al día siguiente, más de seis horas para tomar una decisión irrevocable y que se adoptó por tan solo dos votos de diferencia.

“Y en la cuarta y última parte, de este libro, doy fe de la utilización despiadada de los acontecimientos que viví en mi persona, en la lucha política y como una conjunción de ambiciones políticas, judiciales y periodísticas llevaron al Partido Popular al poder en 1996”.

Estos dos párrafos anteriores están extraídos de un libro escrito por el subcomisario José Amedo Fouce en el año 2006 y editado por Espejo de Tinta, editorial desaparecida hace años. Cuando José Amedo publicó este libro, ya era tarde para llevar a los Tribunales la verdad de lo que pasó en torno al “caso Marey”. Creo que, en el desenlace de aquel proceso, todos perdimos. Ni siquiera los primeros imputados se beneficiaron de las promesas, de las ofertas, de los pagos, de las dudas y de los perdones, que aquel culebrón generó.

Aquel periodo que viví estuvo marcado por la intensidad y la incertidumbre propias de los últimos coletazos de la Transición. Durante esos años, afronté constantes sobresaltos, luchando de forma decidida tanto contra el terrorismo como contra las amenazas golpistas que acechaban a la joven democracia española. En ese contexto, asumí el reto de modernizar y democratizar las estructuras de la Seguridad del Estado, esforzándome por impulsar una formación más sólida y de mayor calidad tanto para los policías como para los guardias civiles. Era consciente entonces de que políticamente no contaba con apoyos decididos y sólidos en el “corazón” del PSOE.

Cuando desembarqué en Interior, me acompañaba el éxito, sin ruidos y sin críticas, de la gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de la Seguridad. Con mi salida del ministerio sentía que había agotado mi tiempo político: los casi quince años de actividad en la gestión pública. Ahora sé que esos años han sido toda una vida, por la intensidad, el esfuerzo, el sufrimiento y alguna alegría.

Tras esa larga etapa de intensa actividad, tomé la decisión firme y meditada de alejarme del ámbito político. Esperaba entonces poder recuperar la calma y la normalidad en mi vida, disfrutando de días felices y tranquilos. Sin embargo, lo que me aguardaba fueron años muy diferentes: años en los que mi nombre y mi vida personal se convirtieron en objeto de exposición pública en telediarios, rotativas y procesos judiciales. Fueron tiempos de paseos forzosos por los tribunales y la prisión, marcados por insultos, infamias y una sensación persistente de injusticia que parecía no tener fin.

Recuerdos de una época convulsa

La dimisión de José Luis Corcuera como ministro de Interior se produjo el 18 de noviembre de 1993, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo más polémico de la llamada “Ley de Seguridad Ciudadana” (conocida popularmente como la “Ley Corcuera” o “ley de la patada en la puerta”). Esta ley permitía a las fuerzas de seguridad entrar en los domicilios sin orden judicial en casos de delitos relacionados con drogas, lo que fue considerado inconstitucional por vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española.

El propio Corcuera había manifestado públicamente que, si el Tribunal Constitucional anulaba algún artículo de su ley, presentaría su dimisión. Cumpliendo su palabra, anunció su renuncia inmediatamente después de conocerse la sentencia. Aunque el presidente del Gobierno, Felipe González, consideró que no había motivos suficientes para dimitir, Corcuera mantuvo su decisión.

Junto a él, por solidaridad, presenté mi dimisión. Más allá de la oportunidad que aquella situación me daba, lo cierto es que el cansancio ya hacía mella en mi cuerpo, pero sobre todo en mi alma. Hacía pocas semanas que, en unas declaraciones a un medio de comunicación, había manifestado que me sentía “como un mueble más” del Ministerio, como un objeto que ya no añadía nada a todo lo llevado a cabo. En política y, sobre todo, en responsabilidades como las que había tenido, uno tiene caducidad.

La ilusión y el trabajo, las ideas y el tiempo que dedicas a las obligaciones que te acompañan, se van agotando. Me sentía quemado, en buena medida envejecido, y con el firme y creciente deseo de disfrutar de la familia. No necesitaba señales nuevas, ni permitir que mi salida fuese precedida de inoperancia o de escándalos. Estos últimos ya me rondaban, y mis colaboradores más cercanos, policías y guardias civiles, me advertían de lo que se avecinaba. Tal cual me lo pronosticaron, así sucedió.

Cuando se aproximan elecciones generales, y se otean vientos seguros de cambio, algunos miembros de la Policía, no así en la Guardia Civil, empiezan a posicionarse en la pelea política. Entonces más que ahora. Ya no se respira ese ambiente, tan conservador y crítico con todo, que yo viví. Eran muchos los años de extrema politización, y tardamos un tiempo en cambiar los vientos en aquella “casa”.

Los policías, especialmente los de la escala superior, aquellos que están más cerca de los responsables políticos, tienen sus “simpatías” y sus aspiraciones profesionales pueden recibir un empujón apostando por uno u otro partido. Observé que esto no era una tendencia de nuestra Policía, pues en Francia, con los funcionarios que traté directamente, pasaba algo parecido. Me siento orgulloso del comportamiento de algunos de mis colaboradores cercanos, policías y guardias civiles, que me manifestaron su deseo de que permaneciese en el cargo, alegando que la oposición podría contar conmigo para seguir en la “brecha” porque no encontrarían persona alguna con más experiencia e imparcialidad en la gestión.

El caso Roldán

Al día siguiente de mi salida de Interior, con Antonio Asunción recién jurado el cargo, empezaron los problemas. El que había sido hasta entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, huyó de España. En 1994, tras destaparse un escándalo de corrupción que implicaba a Roldán por el cobro de comisiones ilegales, se emitió una orden judicial para que compareciese ante la justicia. El 25 de abril de 1994, Roldán salió de España rumbo a París junto a su esposa, supuestamente para celebrar un aniversario de boda. Desde allí, permaneció en paradero desconocido durante diez meses, lo que provocó una crisis política que obligó al nuevo ministro, Antonio Asunción, a dimitir por falta de previsión en la vigilancia.

Hoy en día, sigo sin entender las razones que le llevaron a cometer semejante tropelía, más allá de las derivadas de unos actos de corrupción con graves responsabilidades penales. Hice un montón de reflexiones, unas veces solo y otras con colaboradores cercanos, y no encontré, no encontramos, explicación alguna a una decisión tan torpe y cobarde. En aquellos días, hablé en una ocasión con Roldán. Creo recordar que me llamó desde París, cuando ya había decidido no volver, y le reproché su comportamiento, incluso le conminé a que volviese, que además le dije contribuiría a una mejor defensa. Terminó colgándome el teléfono.

Me pregunto que cómo es posible un cambio de actitud, de comportamiento, tan radical en tan poco tiempo. Es verdad, lo viví y lo sufrí que, en los últimos años de su responsabilidad como director general de la Guardia Civil, veníamos teniendo serias diferencias. Desde que perdió a un hijo, en parecidas circunstancias a la muerte del mío, y en fechas muy próximas entre sí, su separación matrimonial y su dolor contribuyeron decisivamente al nacimiento de otra persona. No supo digerir su nueva responsabilidad, que probablemente terminó por desbordar su capacidad y preparación. Ser director de la Guardia Civil requiere un conjunto de actitudes y aptitudes, ya no solo de formación y de experiencia, sino aquellas inherentes a la persona: empatía, firmeza, valentía, autoridad y rectitud. Creo que fallaron todas ellas a la vez.

Roldán, con aquella frase destacada en la primera entrevista al diario El Mundo: “O me pego un tiro o tiro de la manta”, inició el camino deseado por aquellos políticos, jueces o periodistas que guardaban agravios, odios y ajustes de cuentas con Felipe González y su gobierno. Y en ese camino me encontraba yo, entre otros.

En su primera declaración de prensa, una larga exposición en un medio de tirada nacional, apuntaba a todos los responsables del Ministerio, por una razón o por otra. No creo que pensase que esas acusaciones le iban a salvar o que menoscababan las posibles corruptelas que había cometido, pero, como tenía que justificar las comisiones cobradas a determinadas empresas que trabajaron en obras de la Guardia Civil, dirigió los “tiros” a los “sobresueldos” procedentes de los fondos reservados. Señalando a uno de sus administradores, con el que tenía que ajustar cuentas, que había sido yo.

Sobresueldos en Interior

Es verdad, lo dije entonces y lo escribo ahora, con conocimiento del presidente y de acuerdo con el correspondiente titular de Interior en las dos etapas que viví, se decidió gratificar vía fondos a determinados cargos a todos los niveles, desde operadores de telefonía, policías, guardias civiles, conserjes y funcionarios de distintas escalas. En el caso de los altos cargos de Interior, durante los gobiernos de la UCD, era costumbre complementar con algún consejo de administración de empresas públicas, la retribución mensual.

Con la llegada del PSOE al gobierno, el presidente ordenó al ministro de Interior, que no se siguiese aplicando esa costumbre y que se utilizasen los fondos para complementar el esfuerzo, la plena dedicación y la peligrosidad. Añado que esta práctica no fue un invento nuestro, ya venía aplicándose en gobiernos anteriores; por tanto, se decidió mantenerla tal cual. El último ministro de Hacienda, de la UCD, García Añoveros, lo reconoció en alguna entrevista de radio, y en un artículo publicado en el diario EL País. Hasta el propio Interventor, delegado de Hacienda en el ministerio, también recibía mensualmente su sobre correspondiente.

Cuando Roldán, finalmente es detenido y vuelve a España, desde Tailandia, con una negociación nunca aclarada ni en sus términos ni en su coste material, empieza su calvario judicial, que termina en una condena de 31 años de prisión con la revisión del Tribunal Supremo, llegando a cumplir 15 años de encierro, sin cambio alguno de grado. Uno de los primeros “anfitriones” que le da la “bienvenida” a España, tras su detención, fue el juez Baltasar Garzón, buen amigo del pasado y compañero de intrigas, citándole en su juzgado con un almuerzo entre medias. Nunca más se supo de las razones y el contenido de aquel encuentro.

El secuestro de Marey

Desde mi punto de vista el “caso Roldán” fue el más grave, por su repercusión social, aunque no el único, pues llegó acompañado de otro escándalo que se inició el 13 de julio de 1988, con la detención, y posterior ingreso en prisión, de José Amedo Fouce, entonces subcomisario de la Policía, y del inspector Michel Domínguez, acusados del secuestro del ciudadano vasco Segundo Marey.

El secuestro de Marey fue un “error” de los GAL: pretendían secuestrar a un miembro de ETA, Mikel Lujua Gorostola, dirigente de la organización terrorista, residente en Francia, y le confundieron con otro presunto colaborador de la banda de menor importancia, Segundo Marey. Los mercenarios que lo llevaron a cabo, Jean Pierre Cherid y Joel Le Scouarnec, exlegionarios franceses y antiguos colaboradores de la policía española, parece que no disponían de las informaciones necesarias para llevar a cabo la operación con garantías. Es muy probable que la recompensa económica que les prometieron era lo justo para prescindir de precisiones y garantías.

El 23 de marzo de 1988, 104 profesionales, intelectuales y abogados presentaron ante la Audiencia Nacional una querella contra el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez, a los que acusaron de ser miembros de los GAL. El objetivo de este secuestro, según declaración de los policías, era presionar a las autoridades francesas para que liberasen al inspector Argüelles y a tres miembros del GEO, que fueron detenidos en Pau cuando intentaban detener al dirigente de ETA pm Larretxea Goñi.

De aquel primer grave incidente, con el caso Segundo Marey, solo recuerdo que estando en el despacho del ministro José Barrionuevo, se recibió una llamada del gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, para comunicarle la detención de Marey en Francia. Después de las explicaciones que exigió el ministro en mi presencia, solo me quedó grabada en la memoria la siguiente frase: “¡Que lo suelten inmediatamente!”. Hasta aquí llega mi conocimiento de lo sucedido entonces con Marey, todo lo demás que he ido sabiendo, y la mayoría de las veces obedeciendo y callando, es fruto de los escándalos inventados o no, con fines políticos espurios.

La llegada de Sancristóbal a la Seguridad del Estado

Todo empezó en Bilbao, antes del desembarco en Madrid, de Julián Sancristobal, que antes había sido gobernador civil de Vizcaya. En 1984, con la salida de Carlos Sannjuán de la Subsecretaría de Interior por razones de incompatibilidad con su condición de diputado, se produjo un relevo en el ministerio: yo pasé a ocupar el cargo dejado por Sanjuán y Sancristobal fue nombrado director de la Seguridad del Estado. A partir de entonces muchas cosas empezaron a cambiar.

Mi papel, en la nueva etapa, no consistía en corregir o en criticar los cambios políticos que se implementaron, en los nuevos nombramientos y en las nuevas órdenes que se impartían; me limité a aconsejar, a preocuparme de supervisar las decisiones que afectaban seriamente a lo que se venía haciendo desde diciembre de 1982.

Como subsecretario estaba inmerso en la modernización de la Policía, preparando el proyecto de Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, que ha venido siendo el referente en el desarrollo y creación del actual modelo policial.

No estábamos todavía en condiciones de provocar un vuelco, dando un giro de 180 grados a lo hecho hasta ese momento. Además, creí que mi continuidad, aunque en otra responsabilidad, avalaba esta política. Aún eran años “delicados”, y nos seguían teniendo en el “punto de mira” político, tanto la opinión “publicada” como la pública. Cualquier enfrentamiento o desavenencia muy marcada tendría resonancia en los medios y seríamos “pasto” de analistas y de tertulianos.

Interior, en aquellos años, era un termómetro que marcaba la temperatura de la estabilidad política y democrática. La violencia terrorista y los restos de las operaciones involucionistas nos obligaban a modular el ruido interior, evitando la discrepancia pública. Mas adelante detallaré aspectos de este caso en relación con la “resurrección” del sumario por el juez Garzón, ampliado y dirigido en un casting innecesario, pues los actores ya estaban previamente seleccionados.

El juez Garzón. Baltasar, el rey mago

La Audiencia Nacional es un tribunal centralizado y especializado con sede en Madrid, que tiene jurisdicción en todo el territorio español. Fue creada en 1977 mediante el Real Decreto Ley/1977, y su regulación principal se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente en los artículos 62 a 69. Tenía, en aquellos años, seis juzgados centrales de instrucción penal. Estos juzgados estaban encargados de instruir delitos de especial gravedad y relevancia social, como terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, delitos económicos de gran magnitud, y otra serie de delitos que no vienen al caso. Debo decir que su existencia, su dedicación, su sacrificio y, en definitiva, su trabajo fue y es de primer orden en la lucha contra los terroristas. De no haber existido en aquel entonces hubiese sido exigible su inmediata creación.

Carmen Tagle González fue una fiscal de la Audiencia Nacional, nacida en Madrid en los años 40, adscrita a los casos de terrorismo en el Juzgado Central número 5 de dicha Audiencia, cuyo titular era el magistrado Baltasar Garzón. Era reconocida por su firmeza y rigor en la lucha contra ETA, y era respetada y temida por la banda terrorista. En aquellos años, comprometida de lleno con la acusación pública de sumarios sobre atentados de ETA, y en particular con el interrogatorio en Francia de Josu Ternera y Santi Potros en mayo de 1989. Su firmeza y valentía la convirtieron en objetivo de la banda.

El 12 de septiembre de 1989, Carmen Tagle fue asesinada a tiros por el comando “Argala”, cuando entraba en el garaje de su domicilio. en la calle Julio Palacios de Madrid. Los autores materiales fueron Henri Parot y Jacques Esnal, con la información suministrada por Francisco Múgica Garmendia. El atentado se produjo a las 15.15 horas, y la fiscal recibió varios disparos a bocajarro a través de la ventanilla de su coche, falleciendo en el acto. Tengo que añadir con mucha tristeza y dolor que, a pesar de las amenazas recibidas, había rechazado la protección policial. Desde aquel momento, sin consultarlo, instauré la escolta policial obligatoria para muchos de sus compañeros.

El funeral y entierro de Carmen Tagle se celebraron en Madrid y sus restos descansan en el cementerio de Carabanchel Alto, en la capital. El cuerpo de la fiscal fue velado en la capilla ardiente instalada en el salón de plenos del Tribunal Supremo.

Fondos reservados para la judicatura

La mañana del 14 de septiembre, un día fresco que anunciaba el final del verano, recibí en mi despacho de Amador de los Rios a una representación de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. La componían los jueces Baltasar Garzón, Carlos Bueren y Javier Gómez de Liaño, además del fiscal Ignacio Gordillo. El día del entierro de su compañera, estos cuatro eminentes representantes de la Justicia española habían aparecido abrazados frente al féretro de la fiscal asesinada. Todos ellos, destacados profesionales que combatían con valentía la actividad terrorista.

En aquel encuentro acordamos las medidas que se tomarían para garantizar en lo posible la seguridad de la Audiencia Nacional en su conjunto y la de todos y cada uno de sus miembros:

1. Se habilitaron escoltas permanentes, en sus domicilios y en sus desplazamientos.
2. Se llevarían a cabo estudios y, en su caso, puesta en marcha de las obras necesarias para blindar sus domicilios. Con cristales blindados, puertas de alta seguridad y reformas interiores si fuesen necesarias. Uno de mis gabinetes, creo recordar que el de Coordinación y Seguridad, se encargaría de su ejecución. En el caso del juez Garzón, y en su casa de Pozuelo, se hicieron importantes obras de reforma, que afectaban a partes de la vivienda que no estaban señaladas como necesarias por razones de seguridad pero que el juez exigió que se implementasen, y así se hizo.
3. Era costumbre, en aquellos años, que jueces, magistrados y fiscales, complementasen su retribución dando clases de formación a aspirantes a opositar a las escalas judiciales, tanto de jueces como de fiscales. Se les ofreció sustituir ese ingreso por otro, este a cuenta de los “fondos reservados” de Interior. De esta manera, se evitaban muchos movimientos en coche que incrementaban el riesgo. Unos lo aceptaron y otros no.
4. Se destinó una de las compañías de reserva de la Policía Nacional a custodiar permanentemente todas las dependencias de la Audiencia Nacional. Esa compañía dejó de hacer otros servicios, y se ocupó exclusivamente de la seguridad de instalaciones y de funcionarios.

5, Por último, para atender necesidades en todo lo referente a la seguridad, se les suministró durante meses dos millones de pesetas, que procedían también de los fondos reservados, y que en principio los administró el juez Baltasar Garzón, pero con la llegada a la Audiencia del nuevo presidente, Rafael de Mendizábal Allende, que ya lo había sido en el pasado, se quiso hacer cargo en persona de esa gestión.

No fue aquella la única vez que Garzón cobró fondos reservados. Cuando, años más tarde, el PSOE le presentó en su lista por Madrid como número 2, y hasta que fue elegido diputado, pidió que se le compensase con una retribución igual a la que venía percibiendo como magistrado juez, y desde la Presidencia se le abonaron sus emolumentos con fondos reservados, libres de la declaración de la renta.

Órdenes de registro en blanco

El juez Baltasar Garzón, titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, había aparecido en mi vida política años antes. Mis relaciones con ese órgano jurisdiccional eran excelentes, y yo siempre me esforcé porque mejorasen día a día. Conocí en persona, más allá de la relación propia por mi condición de responsable de la lucha antiterrorista, a muchos de estos funcionarios, imprescindibles en democracia a la hora de combatir el terror, sujetos a las leyes y garantes de su cumplimiento.

Especialmente destacaron algunos jueces de Instrucción, como Carlos Bueren, Baltasar Garzón o Ismael Moreno. Podría nombrar a algunos otros, pero me limitaré a mencionar a aquellos que tuvieron entre sus manos las investigaciones más notables de aquellos años.

La instrucción penal y la competencia a uno u otro juzgado dependía en buena medida de cual estaba de guardia el día en que se iniciaba el operativo policial y, por tanto, había que informar y pedir si fueran necesarias, medidas para realizar entradas y registros o intervenir comunicaciones. En este punto, tanto la Policía como la Guardia Civil, conociendo sobradamente la personalidad de los titulares de los juzgados, si era posible, buscaban la guardia de uno o de otro para iniciar la operación.

Baltasar Garzón, al que no le quito ni un ápice de su arrojo y profesionalidad era, casi siempre, el preferido de la Policía, especialmente de la Comisaría General de Información. Los policías, sabedores de su afán de protagonismo, de su interés en aparecer en los titulares de los medios de comunicación, trataban de esperar su guardia para lanzarse a detenciones y registros. Llegando a veces, el mismo juez, a facilitar órdenes de intervenciones telefónicas y de entradas y registros firmadas en blanco, para poder hacerse con el control, saltándose la guardia, de algún caso de especial relevancia informativa y subir así un peldaño más en la “fama y en la gloria”.

En el mes de julio de 1988, estalló el llamado “caso Marey”, con la citación en la Audiencia Nacional de los policías José Amedo y Michel Dominguez.

Comparecieron en el juzgado número 5, cuyo titular era el juez Baltasar Grazón, para declarar en torno al secuestro del ciudadano Segundo Marey. La prensa, en aquellos años, ya manejaba los temas de la “guerra sucia” señalando que su origen estaba en Interior y que Amedo y Dominguez eran los encargados de articular los “GAL”.

La detención, en Portugal, de dos ciudadanos portugueses relacionados con las acciones de guerra sucia, motivó la orden de Garzón y el inicio de aquella instrucción. No necesitaba Garzón mucho más para tomar una serie de iniciativas que se convirtieron en varios titulares de portada en diferentes medios de comunicación. El 13 de julio, a las nueve de la noche, ingresan en la prisión de Logroño Amedo y Domínguez, pendientes de instrucción y juicio.

En ese año, y en paralelo a lo más importante, el combate contra ETA, se inicia una larga polémica llena de falsedades y de medias verdades que me obliga a distraer recursos y atención mental para algo que termina contribuyendo al fin de los gobiernos de Felipe González.

De todo aquello, de lo que pasaba y se cocía en un ala del ministerio, en Amador de los Ríos cuando yo era subsecretario, conocía muy poco. Al menos de forma directa, casi todo me llegaba a través de terceros. No estaba al tanto de muchas decisiones, y de algunas iniciativas que no me consultaban, ni siquiera para advertirme de lo que iba a ocurrir y menos de sus consecuencias. Me llegaban comentarios, rumores y advertencias, pero intentaba alejarme de ese ambiente que, de haberlo conocido a fondo, hubiese terminado en una situación que podría poner “patas arriba” todo lo conseguido.

Muchos años después, tras el paso por la política de Baltasar Garzón, este se reincorpora al juzgado del que fue titular e inicia el “ajuste de cuentas” con Felipe González; desempolva unas declaraciones de Amedo y Dominguez, guardadas en un cajón, y retoma el hilo del caso Marey, ahora elevando el tiro y disparando contra la cúpula de Interior de años atrás.

He leído con atención los dos últimos libros de Amedo: La conspiración, el último atentado de los Gal y La verdad nunca contada. Objetivo Felipe. En ambos, con un contenido muy parecido y un relato casi duplicado en el fondo, que vienen a describir como se utilizó el caso GAL para acabar con la figura política de Felipe González. Este objetivo, viniendo de quienes viene, merece algún comentario.

Amedo, con un relato muy pormenorizado, apuntando en cada caso a quienes considera los responsables políticos de la creación de los GAL, cuenta citas, encuentros clandestinos, presiones, chantajes, pagos de dinero y promesas de indulto, cuyos orígenes los sitúa en tres ámbitos: el juez Baltasar Garzón, el periodista Pedro José Ramírez y altos cargos del PP. Al primero, al juez Garzón, le señala como la persona que le presiona, que le amenaza con meter en la cárcel a su mujer y que le promete un buen trato si, en ese caminar para acabar con González, antes termina conmigo.

El periodista y director de periódico Pedro José Ramírez, se encarga de la “intendencia” y de la publicidad, se reúne con Amedo en habitaciones de hoteles de cinco estrellas, le lleva sobres con importantes cantidades de dinero, le pregunta si quiere más y le traslada recados y promesas de buen trato y de indultos, de parte del PP de José María Aznar.

El tercer ámbito, el que más me cuesta mencionar, el que más dolor me causa y sobre todo preocupación y rabia, el del PP, con Álvarez-Cascos en cabeza, que interviene vía Ramírez, le dirige contra González, pero intentando salvar a Ricardo García Damborenea, al que los populares le tienen reservada la candidatura a la alcaldía de Bilbao, y otras “lindezas”. El PP no se reúne con Amedo, lo hace con su abogado Manrique, al que le trasladan sus parabienes y sus compromisos siempre que los agradezcan con el señalamiento de González.

Todo esto sucede en España, en mi patria, a la que he entregado toda mi vida, (porque esos quince años son “toda mi vida”) dedicados a la política (¡y a qué política!), han estado consumidos en consolidar la democracia, en la que he creído y sigo creyendo ciegamente.

Todo eso, y mucho más lo pueden leer en los dos libros que menciono, con la consideración de que su edición no es reciente, uno es de 2006 y el otro de 2022. Hasta ahora, que yo sepa, nadie ha presentado denuncia alguna sobre lo que se cuenta, dando por hecho que es “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”. El autor de esos dos libros, José Amedo Fouce, no deja nada a la imaginación, porque define y perfila con detalles el devenir de aquella “negociación”, amenazando con sacar las cintas que grabó a unos y a otros, y que son su seguro futuro, “blindando” el texto de querellas y denuncias.