En los últimos días de febrero se han conocido las sentencias de dos casos mediáticos, que no han convulsionado a la sociedad española que, como siempre, los ha digerido de inmediato como si no le afectaran esas prácticas de corrupción que empobrecen la calidad democrática del país y roban la riqueza de todos.

Casualmente (¿o no?) el mismo día que conocía la sentencia del “caso Noos”, que afectaba a la hermana del rey y su marido, Iñaki Urdangarín, se daba a conocer la sentencia del cabo “Tarjetas Black” de Bankia y se producía otro hecho relevante: la citación para declarar en calidad de investigado al presidente de la región de Murcia. Paralelamente a lo anterior, se producían relevos en distintas fiscalías del país, entre ellas en las de Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Todo esto conforma un cóctel que sería explosivo y obligaría a replantearse los mismos cimientos del sistema en cualquier país democrático occidental, pero que en España pasan sin pena ni gloria, mientras la mayoría de la ciudadanía sigue atenta a sus telenovelas, salsas, programas presuntamente muy progresistas que sacian la escasa ansia de justicia y decencia y partidos de fútbol. Nuestra sociedad parece querer pasar de ser la reserva espiritual de Occidente a la reserva de la corrupción institucional ante, no ya la indiferencia, sino el aplauso de la mayoría de la ciudadanía.

La polémica sentencia del ‘caso Noós’

La polémica ha surgido sobre todo en la sentencia del caso Noós, por la escasa petición de condena para Urdangarín y la consideración de un mero hecho de infracción administrativa para la infanta, en un país donde se ha permitido el robo de distintas entidades bancarias con las “preferentes” a personas mayores que no sabían leer, alegando que si firmaron, aunque no supieran leer, entendían que ponían en riesgo su dinero. No se trata de que la pareja formal deba saber lo que hace el otro miembro de la pareja; no, se trata de que esa parte de la pareja, la infanta, es pieza fundamental en el entramado creado en unión de su marido y otros para obtener dineros públicos con engaños y para fines ilegales.

La justicia es una cuestión de interpretación; la sala que ha impuesto estas leves condenas es la misma que condenó a tres años de cárcel a un joven que robó una bicicleta, y seguro que en ambos casos hizo una interpretación ajustada a la ley que permite que sea el juez quien lo haga. El asunto está en la ley, en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como dijo en 2014 el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, está hecha para los robagallinas y no para los grandes defraudadores.

Una justicia que no entiende la ciudadanía no cumple su función en esa sociedad. Mayoritariamente, nuestra sociedad no entiende esta sentencia pero no hace nada para manifestarlo y obligar a los políticos a cambiarla, por lo que el peso de las instituciones y de los enjuiciados pesa mucho más que aplicar las leyes conforme al clima social, como exige un artículo del Código Civil. Porque el clima social no se manifiesta suficientemente.

Las tarjetas negras de Rato y Blesa

El segundo caso judicial, que se ha hecho coincidir convenientemente para que arroje un manto de noticias sobre la anterior, es la condena a Rato y Blesa, entre otros varios, por el caso de las tarjetas black. Rodrigo Rato fue el hombre más poderoso del gobierno de Aznar; el mismo que se atrevió a oponerse a la decisión de éste de nombrar a Ángel Acebes como sustituto, exigiendo que fuera uno de los tres vicesecretarios generales del PP (Mayor Oreja, Rajoy y él mismo) para aceptarlo sin oponerse, resultando elegido Mariano Rajoy (Aznar dice en su libro de memorias que Rato rechazó hasta en dos ocasiones ser el candidato a presidente del Gobierno y por ello se produjo la designación de Rajoy).

Rodrigo Rato fue después nombrado presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), cargo que abandonó a los tres años (2004-2007) sin explicación suficiente y alegando razones personales, y tres años después fue nombrado presidente de Bankia, por cuya gestión con las tarjetas negras está de momento condenado. Antes, como ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente económico, bajo su responsabilidad se produjo la privatización de Argentaria y Tabacalera y fue el impulsor del déficit de tarifario con las eléctricas.

Corrupción en las autonomías

Por si estos dos casos no fueran suficientes para ilustrar el nivel de calidad de nuestra democracia, que en muchos casos no alcanza el mínimo necesario para merecer ese nombre, y de corrupción en las instituciones, al mismo tiempo se tiene noticia de la citación como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa del presidente de la comunidad autónoma de Murcia y miembro del PP, Pedro Antonio Sánchez López.

Aquí el asunto polémico se produce porque es presidente gracias a un pacto con Ciudadanos, en el que se contempla que dimitiría si era llamado a declarar en calidad de investigado (ya ha sido investigado en varias ocasiones y siempre ha concluido sin responsabilidad). Su negativa a hacerlo ha contado con el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y motivado la ruptura del acuerdo en Murcia entre PP y Cs. Que lo apoye Rajoy no es ninguna novedad, porque ya lo hizo con Matas, Camps, Fabra, Soria… y otros varios más, para retirarse como si no pasara nada una vez se concretaron las imputaciones contra ellos.

España, en esto como en otras cosas, tiene una gran perversión democrática porque confunde aplicación de las reglas jurídicas con los parámetros de transparencia y buena práctica exigibles a la clase política. Son una casta especial que recibe pensiones altas con poco tiempo de actividad, pero esa misma distinción no la aplican cuando se trata de predicar con el ejemplo.

En el caso que nos ocupa se está haciendo hincapié en que la prevaricación administrativa no es un hecho doloso, con intención de cometer un delito, sino que es un error en una decisión que provoca pérdidas económicas para el erario público. Y eso, según parece, no es relevante para que alguien presente la dimisión. Los políticos, que son tan implacables con los errores de otros, son benevolentes con los propios, y como en este caso el daño y perjuicio es del dinero de todos. Eso parece no tener importancia. En cualquier democracia que nos rodea, ese error, por negligencia o incapacidad, inhabilita a un político para el cargo.

Y no vamos a remitirnos a otros países donde un ministro miente respecto a una multa diciendo que es de su mujer y al día siguiente, confirmada la mentira, dimite; o ese otro que copia algunos párrafos para una tesis doctoral, y también dimite; o esas investigaciones policiales y condenas del presidente de Israel denunciado por violación, o el registro en la casa y el despacho del expresidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, por haber percibido presuntamente 150.000 euros para su campaña electoral del año 2007.

Traten de trasladar esas prácticas a nuestra democracia con cualquier ministro, diputado o con las noticias aparecidas sobre el uso ilegal de fondos reservados por el servicio secreto, CNI, para impedir que se conozcan las relaciones infieles con otras mujeres del entonces rey y jefe del Estado, lo que de ser cierto sería un problema de su matrimonio de una parte y un asunto público si el dinero que se ha utilizado en esas prácticas es dinero de todos. Y lo es.

Ancha manga de los dirigentes

España es un país singular. Por la ancha manga de los dirigentes de sus máximas instituciones (además de los citados, dietas de Carlos Dívar, familiares de miembros del Tribunal de Cuentas allí “colocados”, hijos de mandos policiales que ingresan por la escala ejecutiva sin duda porque nacen con un gen especial que les faculta para superar brillantemente los exámenes o que no reciben expedientes a pesar de haber dado reiterados motivos para ello… y así se podrían llenar folios y folios) y no parece que se pueda cambiar ese estado de cosas.

Nuestro país parece condenado a mantener una corrupción sistémica, que reconocen los organismos internacionales y que parece formar parte de la cultura de convivencia existente desde hace décadas. Es habitual que se produzcan sobrecostes en las obras públicas, o que se produzcan duplicidades administrativas costosas en cada comunidad autónoma respecto del Estado y los ayuntamientos, creaciones de empresas y organismos opacos al control pero gestionados con dinero público y hasta una descoordinación entre servicios esenciales que puede provocar muertes.

En nuestro número anterior señalamos la posibilidad de que la joven asturiana Amaresh, de 24 años, fallecida el 31 de diciembre de 2016, pudiera haber sido asistido en cualquier servicio público de salud de otra comunidad autónoma, dado que en la asturiana llevaba cuatro años en lista de espera para someterse a una reducción de estómago, y le marcaban fecha para cinco años después de su muerte. Esa negligencia e ineficacia debería sacar los colores a todos los políticos del país, de su más alta jefatura, para impedir que ellos puedan volver a ocurrir.

Trece millones de personas en pobreza severa o en su umbral, cuatro millones de personas en paro, cientos de miles de familias desahuciadas, cientos de miles de estafados con las preferentes, millones de personas que trabajan y no pueden pagar la luz por los miserables salarios, explotación laboral no conocida desde hace más de cincuenta años y no parece que exista en el horizonte posibilidad de cambiar ese estado de cosas.

“Ley Mordaza”, tres años de cárcel si emites un tuit sarcástico contra un militar presidente del Gobierno con la dictadura; los cómplices de Carcaño, asesino de Marta del Castillo, en la calle por una deficiente gestión de la justicia y la Policía, y los prebostes que han provocado la crisis bancaria jubilados con millones de euros anuales de pensión y sin entrar ninguno en la cárcel. Así lo vemos desde el OCC.