Desde 2009, cuando estalla con toda su virulencia la crisis financiera en España, un total de catorce entidades bancarias han recibido apoyo de capital por un importe total de 64.098 millones de euros. De ellos, sólo una mínima parte -4.139 millones- ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades. Por tanto, la diferencia entre estos dos conceptos es de 59.959 millones a finales de 2015 (un 5,6% del PIB de entonces) que es el déficit total de ayudas financieras otorgadas en forma de capital en ese período de crisis y que deberemos pagar todos los españoles. A esa cantidad hay que sumar otra similar por el aumento de la deuda pública que ha conllevado.
Así figura en el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera que acaba de cerrarse en el Congreso de los Diputados. En sus 273 páginas se recoge que los españoles no sólo vamos a tener que pagar los aludidos 64.000 millones de euros prestados a los bancos y entidades financieras, sino que, además, el aumento de la deuda pública que han provocado las intervenciones estaba cifrada, a finales de 2015, en 50.312 millones de euros, de acuerdo con datos de Eurostat publicados en abril de 2017.
En otras palabras, que sumando todos los conceptos, el Tribunal de Cuentas ha calculado que el conjunto de los recursos públicos comprometidos durante la crisis en España en el periodo de 2008 a 2015 ascienden nada menos que a 122.122 millones de euros, como recoge en su Informe de Fiscalización del Proceso de Reestructuración Bancaria, ejercicios de 2009 a 2015, Apartado 2 punto 1. Esa cifra es la que vamos a tener que abonar todos los españoles tras los ‘préstamos’ a la banca.
Por su parte, el Dictamen del Congreso de los Diputados explica que las cifras finales relativas a las necesidades de capital de los bancos al inicio de la crisis fueron más importantes en los casos de BFA-Bankia (24.743 millones de euros en el escenario adverso); Catalunya Banc (10.825 millones); NCG Banco (7.176 millones), y Banco de Valencia (3.463 millones). Son datos recogidos del Informe del Banco de España de 2017.
122.122 millones de euros comprometidos en España
Ahora bien, para sanear nuestras entidades financieras, los gobiernos de turno -primero el de José Luis Rodríguez Zapatero y luego el de Mariano Rajoy– tuvieron que acudir a las autoridades de la Unión Europea (UE), que tuvo que conceder ayudas a todos los países que conforman la Unión por un total de 465.000 millones de euros. De ellos, España utilizó 61.900 millones de euros, mientras que Alemania utilizó 64.200 millones e Irlanda 62.200. Pero, en total, el Tribunal de Cuentas ha calculado que los recursos públicos comprometidos durante la crisis en España en el periodo de 2008 a 2015 ascienden a 122.122 millones de euros, contando los recursos de la UE, los del propio país y el aumento de deuda pública (Informe de Fiscalización del Proceso de Reestructuración Bancaria, ejercicios de 2009 a 2015).
En los países de la UE y calculado en términos relativos, Irlanda es el país que ha soportado un mayor coste de la crisis (cerca de un 28% del PIB), seguido de Grecia (17%), Eslovenia (14%) y Chipre (9 %). En España el coste ha alcanzado el 4,2% del PIB, pero el crecimiento de la deuda pública en el conjunto del periodo se eleva al 60% del PIB, el cuarto mayor crecimiento solo por detrás de Grecia, Chipre y Eslovenia.
En el Dictamen de la Comisión se detalla que “para otros países como Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Suecia, el impacto sobre el saldo presupuestario fue ligeramente positivo, fruto de los ingresos percibidos como contraprestación a las ayudas”. Y aún hay otro grupo de países como República Checa, Estonia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y Suecia que figuran sin intervenciones con efecto en las cuentas de las Administraciones Públicas, o con un impacto mínimo en estas.
España, por lo tanto, fue una de las economías más castigadas por la crisis bancaria y financiera, pese a aquellas declaraciones ‘gloriosas’ del expresidente Rodríguez Zapatero asegurando al inicio de la crisis que nuestra economía estaba en la “Champion League”.
Los “irrecuperables” 48.000 millones de euros
Centrándose en el caso español, el Dictamen de la Comisión de Investigación asegura que, según los datos de la Comisión Europea, la cuantía del rescate a la banca que se supone “irrecuperable” se eleva a los 48.000 millones de euros; es decir, nada menos que el 77% de la cuantía utilizada en el rescate. Para Eurostat, la cifra llega hasta al menos los 45.500 millones de euros, solo por detrás de Irlanda, con 46.600 millones, y muy por delante de Grecia, que habría perdido 29.800 millones de euros en total.
“Además de no haber sido efectivos en la recuperación del dinero inyectado, la crisis financiera ha acabado con el conjunto de cajas de ahorros y especialmente con su obra social, que era el signo característico del conjunto. Su reestructuración como fundaciones bancarias ha supuesto prácticamente su fin y únicamente la Fundación La Caixa permanece como fundación especialmente relevante”, asegura el Dictamen en sus conclusiones.
Cajas de ahorro y bancos
Para la Comisión, la salida de la crisis se caracterizó por la “práctica desaparición de las Cajas de Ahorros como agentes característicos de nuestro sistema financiero”. Y eso que en 2009, con el estallido de la crisis en España, el sector de las cajas de ahorros había alcanzado “la mayor cuota de mercado en depósitos y créditos de la economía española”, teniendo “la mayor red de oficinas”: 24.707, frente a las 15.557 de los bancos y 4.976 oficinas de las cooperativas de crédito. Por otra parte, también las plantillas de las cajas de ahorros superaban en número de empleados a los bancos: 131.933 frente a 117.570.
¿Qué es lo que ha ocurrido para que se destruyera este emporio? En esta parte del Dictamen, la Comisión abre un paréntesis para estudiar el caso concreto de Bankia antes de la llegada de su actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, dado que “pocos ejemplos como éste han originado más preocupación y rechazo en la opinión pública y, en general, en la sociedad española”.
Las ‘preferentes’ de Caja Madrid
Los ex altos cargos de la antigua Caja Madrid que comparecieron en la Comisión destacaron dos aspectos relativos a la incursión de la caja en nuevos productos financieros que permitieran conseguir liquidez. Primero, aceptaron la emisión masiva de preferentes, indicando que se realizaron con el beneplácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que dejaron de emitir preferentes desde las Islas Caimán cuando el consejo de administración fue conocedor de la operación. Segundo, que existió una política agresiva de titulización de activos e hipotecas, que tuvo su mayor auge en 2007, cuando la crisis subprime se agudizaba en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Como se menciona en otros apartados del Dictamen, la emisión de preferentes fue una actividad desarrollada por un conjunto de cajas que empezaron a emitir desde las Islas Caimán participaciones preferentes para capitalizar las entidades financieras. Estas cajas requerían de esos recursos monetarios como paso previo para incrementar la concesión de hipotecas de manera masiva a familias, lo que al final degeneró en la burbuja hipotecaria. “Caja Madrid lo hizo de la mano de Lehman Brothers y emitió participaciones preferentes por valor de 600 millones euros desde Islas Caimán”, se afirma en el Dictamen.
Fueron unas acciones que inicialmente se destinaron a inversores institucionales. Según indicaban los folletos de emisión, estas preferentes “eran aptas para la inversión de Instituciones de Inversión Colectiva, para inversión de provisiones técnicas de las entidades aseguradoras y para la inversión de los activos de Fondos de Pensiones”. Tiempo después y debido a las exigencias de capital y a las limitaciones de acceso al mercado que afectaban a las entidades financieras, bancos y cajas decidieron realizar nuevas emisiones ya desde España y colocar las participaciones preferentes a particulares y a clientes sin cultura financiera, “escondiendo su verdadero carácter y simulando ser depósitos o inversiones normales o sencillas de recuperar”.
“Importante quebranto para la economía de miles de personas”
En ese sentido, el Dictamen de la Comisión recoge las conclusiones del Estudio sobre participaciones preferentes emitido por el Defensor del Pueblo en marzo de 2013, en el que se afirmaba ya que esas acciones “han sido un importante quebranto para la economía de miles de personas que creían haber depositado sus ahorros de una manera segura y que podían recuperarlos cuando los necesitaran”. Y uno de los casos más relevantes fue el de Caja Madrid, según el Dictamen.
“Para captar recursos y apuntalar su frágil solvencia”, se lee en el informe, Caja Madrid “emitió acciones o participaciones preferentes destinados a clientes minoristas sin formación financiera, con la apariencia de productos financieros de ahorro a la vista. Esta conducta fue denunciada en los tribunales por existir visos de delito, inculpando a los directivos que tomaron estas decisiones. Según Andreu Missé, Caja Madrid sería responsable de la emisión de 3.000 millones en participaciones preferentes, siendo la entidad que más abusó de este mecanismo [Andreu Missé, La gran estafa de las preferentes, Alternativas económicas, 2016]. En muchos casos han sido jubilados los afectados, llegando a perder todos sus ahorros invertidos en estos instrumentos, con las carencias en alimentación, salud y calidad de vida que les acarreó”.
Consecuencias del proceso de reestructuración bancaria
Más allá del caso de las cajas, el proceso de reestructuración experimentado por el sistema financiero español, que aún no ha finalizado y que continúa en la actualidad en busca de una minoración de costes y una modificación en el modelo de negocio, se concreta en una reducción de su implantación territorial, que supone recortes en número de oficinas y plantilla y una mayor presencia en los espacios virtuales.
El Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014 del Banco de España, indica la pérdida de 73.030 puestos de trabajo en el sector sólo entre los años 2008 y 2015, lo que supone una reducción del 27% en las plantillas. “Se ha perdido aproximadamente uno de cada tres empleos en banca”, se cita en el Dictamen de la Comisión, que afirma que esto tiene un efecto directo sobre la calidad y cobertura de los servicios ofrecidos a la clientela.
Además, el mismo informe del Banco de España, recogido en parte en el Dictamen de la Comisión de Investigación del Congreso, registra una reducción del 32,3% en el número de oficinas bancarias en el mismo periodo, pasando de 45.662 a 30.921 sucursales. Siguiendo datos del propio Banco de España, en 2017 este número se redujo hasta las 27.320 oficinas, lo que supone una reducción del 40% respecto a la situación previa a la crisis.
