Los españoles que retornan de Venezuela por las difíciles circunstancias de la república bolivariana convertida en dictadura se encuentran con numerosos problemas al ser repatriados; el principal, los problemas para cobrar las pensiones generadas en su vida laboral. La vida de la colonia española en Venezuela tampoco es fácil y no cuentan con más ayuda que la escasa que ofrecen los consulados de España. Hemos tenido acceso a documentos del gobierno español que tratan de responder a las inquietudes de los representantes en el Congreso de los Diputados por la situación de ambos colectivos.
Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, de 2011 a 2016, retornaron a España un total de 34.626 españoles. De los 3.935 que volvieron a su país en 2011 han crecido hasta los 12.282 de 2016.
Según la explicación, un tanto surrealista por no decir negligente a la diputada María Tamara Raya Rodríguez, del Grupo Socialista, el gobierno de entonces, presidido por Rajoy, dijo no disponer de datos de origen ni destino provincial de quienes acudían al Registro de Matrícula Consular en Venezuela, por lo que no se pudo saber ni de dónde eran los emigrantes ni a dónde volvían cuando retornaban de Venezuela.
Sólo proporcionaron alguna pista los anuarios estadísticos del ministerio de Empleo y Seguridad Social, que especificaban a las provincias a las que se dirigían los retornados, pero, a cambio, no eran capaces de aclarar de qué países concretos procedían… Por ello podemos saber que, aunque el ministerio de Empleo se limitase a señalar que proceden de “América Centro y Sur”, en el periodo citado, 17.131 españoles retornaron a Las Palmas y a Santa Cruz de Tenerife, lo que, teniendo en cuenta que Venezuela es el destino preferido históricamente por la emigración canaria, buena parte de ellos deben de proceder de la república bolivariana.
El principal problema al que se enfrentan los españoles retornados de Venezuela, así como los venezolanos residentes en España, es el cobro de las pensiones generadas allí durante su vida laboral, que están amparadas por los convenios internacionales en materia de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por ambos países, y por el específico Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, firmado el 12 de mayo de 1988 y en vigor desde 1 de julio de 1990.
La diputada María Tamara Raya Rodríguez, tinerfeña y elegida por Santa Cruz de Tenerife, que monitorizaba para el PSOE la situación en Venezuela y de los españoles en relación con el país, residentes y retornados, trasladó entonces al gobierno del PP la preocupante situación de los retornados que no es que cobren tarde y mal sus pensiones sino que han dejado de recibirlas. El PP transmitía ya su impotencia en la respuesta, pues de las reclamaciones hechas por el Instituto Nacional de Seguridad Social a su homólogo, el Instituto Venezolano de Seguridad Social, “no ha obtenido respuesta, ni acuse de recibo, a ninguna de las reclamaciones cursadas y como consecuencia de ello, el 15 de septiembre de 2016 se ha realizado un requerimiento global a las autoridades venezolanas instando al cumplimiento de lo pactado”. Los nuevos y reiterados requerimientos, el último en el pasado mes de julio, también han recibido la callada por respuesta.
Por lo demás, los gobiernos se han lavado las manos y remiten a los retornados a solicitar “las posibles ayudas de asistencia social” a los organismos que “son competencia de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de las Entidades Locales”.
Y tampoco parece quitarle el sueño la situación vital de muchos españoles residentes en Venezuela, pues si bien parece que sobre el papel está muy arreglada la llamada “asistencia consular”, “dirigida con carácter subsidiario, por una parte, a las personas de nacionalidad española en situación de vulnerabilidad con especial incidencia en los menores, mayores, enfermos, privados de libertad y víctimas de la violencia de género y, por otra, a las instituciones asistenciales que prestan ayuda a las personas españolas necesitadas”, más, en su caso, “envío de material de emergencia desde la Unidad de Emergencia Consular”, la realidad es que la ayuda económica de los consulados tienen un límite máximo de 200 euros, a todas luces insuficiente, “y gastos de farmacia “o asistencias para la repatriación para quienes deseen volver…
Presos españoles en Venezuela
Por lo demás, queda el colectivo de presos españoles en las cárceles venezolanas, de los cuales tres que pueden ser calificados de presos políticos –cuatro hasta la reciente liberación de Andrea González– por sus actividades de oposición a Maduro, y el resto, calificados de comunes, generalmente presos por delitos de narcotráfico.
Según un informe del Defensor del Pueblo de mayo de 2015, “Estudio sobre la situación de los presos españoles en el extranjero”, a 30 de diciembre de 2014, 30 españoles se encontraban presos hasta el 4 de diciembre de 2014, tras haberse hicieron efectivos 33 expedientes de traslado de Venezuela a España, en virtud del convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre Ejecución de Sentencias Penales, de octubre de 1994.
Pero el interés de las autoridades españolas por los presos comunes es notablemente inferior, hasta el punto de que el ministerio de Justicia venezolano haya reprochado al español en un caso concreto que no haya contestado a las seis peticiones cursadas de completar un expediente de traslado.
