Mariano Rajoy no dará una salida negociada a los presos de ETA. Foto: Moncloa

El Gobierno de Rajoy ha fijado en un documento su política final sobre los presos etarras: dejar la banda, pedir perdón y reinsertarse como cualquier otro preso. Es la respuesta oficial del Gobierno a las peticiones de negociación formuladas tanto por el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, en diciembre de 2014 como por representantes de Amaiur que, según ha sabido ELsatiricón, han mantenido contactos discretos con el sector más aperturista del PP vasco.

Si los presos de ETA quieren beneficios penitenciarios, deberán romper de forma pública con la banda terrorista y acogerse explícitamente a los beneficios que prevé la reinserción para cualquier preso que exprese arrepentimiento y quiera reinsertarse. Es la política oficial del Gobierno de Rajoy fijada ante una pregunta parlamentaria del diputado de Amaiur por Álava Iker Urbina.

El diputado abertzale quería que el Gobierno del PP fijara una nueva posición respecto a los presos de ETA en un momento en el que la banda afirma que está procediendo a su desarme -“verificado”, dicen, por un comité internacional que el gobierno español no reconoce- y cuando desde el gobierno vasco se estaba ultimando la propuesta que el lehendakari Íñigo Urkullu presentó públicamente a finales de diciembre de 2014.

Elsatiricón ha podido saber que desde 2013, representantes de los partidos coaligados en Amaiur mantienen encuentros esporádicos en Euskadi con representantes del ala más liberal del Partido Popular vasco. Su objetivo es abrir un cauce de interlocución con el PP a nivel nacional y especialmente con el Gobierno del Estado, con el fin de acabar de resolver los flecos pendientes para la disolución de ETA.

Sin embargo, pese a haber encontrado –dicen fuentes abertzales a Elsatiricón– una buena acogida en esos sectores más aperturistas del PP vasco, en Madrid se han cerrado en banda porque temen a los halcones del Ministerio del Interior –empezando por el propio ministro, Jorge Fernández Díaz– y especialmente a la reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. El tema, por tanto, ha quedado cerrado en cuanto a la vía del PP vasco.

Pero Amaiur ha tanteado una nueva vía en Madrid, a través de preguntas al Gobierno para respuesta escrita como la citada del diputado y abogado abertzale Iker Urbina. No obstante, la respuesta oficial de Rajoy no deja lugar a dudas: no habrá medidas extraordinarias para los presos de ETA, ni mucho menos para los activistas que aún están libres dentro o fuera de nuestra fronteras.

El Gobierno ha respondido a Urbina con un documento en el que fija una posición inequívoca: “La dispersión [de presos] nace de la potestad exclusiva de la administración penitenciaria para fijar el centro de cumplimiento de la condena de cualquier recluso. Se aplica a presos terroristas y de organizaciones criminales y es una medida acorde con la legislación española”, dice inicialmente el documento.

Posteriormente fija la posición final: “El objetivo de la dispersión es propiciar la reinserción y el abandono de la disciplina de la organización criminal. De tal manera que cualquier preso de una organización terrorista puede poner fin a su situación de dispersión acogiéndose a los itinerarios de reinserción y a los mecanismos compensatorios que la legislación prevé para aquellos miembros que rompen con la dependencia de la organización terrorista o criminal a la que se ven sometidos”.

Este documento constituye, por tanto, una respuesta oficial tanto a las peticiones de los abertzales de izquierda de dar una salida negociada a los presos etarras como al último plan de Urkullu: es la constatación oficial de que no habrá ni ahora ni en el futuro beneficios penitenciarios en bloque, y que si los etarras presos quieren tales beneficios deben repudiar a la banda e iniciar el camino habitual para su reinserción social.

Por otro lado, ninguna formación ha apoyado la hoja de ruta fijada por la Lehendakaritza vasca en diciembre de 2014: EH Bildu, el primer partido de la oposición en el Parlamento vasco, ha señalado que la «actuación de Lakua es inoportuna y absolutamente criticable». Los socialistas vascos creen que la propuesta del Gobierno vasco «no ayuda en nada» a la disolución de la banda y supone «un afán nada disimulado de fotos y protagonismo «. UPyD ha calificado la propuesta de «patochada», y sólo el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, dijo que la propuesta del Gobierno vasco para un desarme rápido y unilateral de ETA puede ser «un punto de partida» para lograr «un consenso político y social amplio».