Registro policial para buscar la supuesta financiación irregular de CDC, el partido de Mas. Foto: Tv.
Ahora, 30 años después de los primeros escarceos judiciales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por supuesta financiación irregular, la Guardia Civil ha iniciado una operación para investigar el pago de comisiones ilegales del 3% de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, a CDC. Pero nada de esto es nuevo: la sombra de la sospecha se inició con Banca Catalana en 1984, continuó con la Banesto de Mario Conde en 1989 y se abrió luego en múltiples canales durante toda la etapa de Pujol -casos Casino, Palau, etc.- para supuestamente profundizarse a niveles increíbles en la etapa de Artur Mas.
- Ocho magistrados propusieron en 1986 procesar a Pujol por apropiación indebida, pero su voto fue silenciado hasta hoy (1)
- Ocho magistrados propusieron en 1986 procesar a Pujol por apropiación indebida, pero su voto fue silenciado hasta hoy (y 2)
La operación iniciada este viernes por la Guardia Civil en Barcelona contra la Fundación de CDC -el partido creado por Sumarroca, Pujol y otros y que hoy dirige Artur Mas- no es más que el resultado de los indicios sólidos reunidos por la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto pago de comisiones en Cataluña 10 años después de que el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusara públicamente a CiU de tener “un problema con el 3%”, en alusión a las mordidas. Pero, en realidad, Se trata de un paso más en la investigación de las finanzas irregulares de la ahora rota coalición CiU (CDC más UDC, el partido de Duran i Lleida que acaba de romper con Mas), y de la parte de ese dinero irregular que fue a parar supuestamente a las manos de diversos altos dirigentes de la coalición a lo largo de los años.
En realidad, todo este entramado no es desconocido: se ha venido publicado en los medios de comunicación desde hace más de 30 años, cuando saltó el caso de Banca Catalana, con el consiguiente escándalo de su cierre -a todas luces político- en 1986, como ha contado ya El Satiricón. Pero para poner un poco de luz en este entramado este periódico inicia un serial con los datos más preocupantes y conocidos que se han dado en CDC, el partido de Pujol y Mas.
Dinero negro de Banesto para el partido de Pujol
Para esta primera entrega tiramos de hemeroteca y recordamos un caso poco conocido: cuando el equipo de Mario Conde desvió dinero negro de Banesto en noviembre de 1989 a una cuenta del partido de Jordi Pujol (El País, 9 de octubre de 1995).
En concreto, según quedó acreditado en su momento, Banesto desvió, bajo la presidencia de Mario Conde, un talón por importe de 13,7 millones de pesetas a una cuenta de Convergència Democrática de Catalunya, según datos de entidades bancarias implicadas en aquella operación. Según reveló El País, la cuenta estaba controlada por Albert Serra Hugas, ex tesorero de dicha formación e implicado entonces en el caso Casinos, presunta vía de financiación irregular del partido.
El supuesto desvío de fondos de Banesto a CDC se inscribía en la presunta estafa realizada por directivos de Banesto en la compra de terrenos y naves comerciales en Madrid y Guadalajara, operaciones en las que se habría generado dinero negro por valor de más de 1.500 millones de pesetas. Por esa maniobra bancaria la fiscalía de la Audiencia Nacional se querelló contra uno de los directivos de Banesto y hombre de confianza entonces de Mario Conde.
El mecanismo, en síntesis, consistió en escriturar la compra de locales a un precio sensiblemente inferior al que abonó el banco. Esta cobertura posibilitó emitir una multiplicidad de cheques con dinero negro tanto hacia los compradores como hacia otras personas físicas y jurídicas sin relación alguna con dicha operación inmobiliaria.
Según se supo entonces, un talón por un importe de 13.700.000 pesetas fue ingresado en noviembre de 1989 a la cuenta complementaria de CDC, número 419/02/000289512, ubicada en la oficina de la Caixa situada en la calle Valencia de Barcelona. La persona que controlaba dicha cuenta era Albert Serra Hugas, entonces contable del partido de Pujol y de los Grupos Parlamentarios de CiU. Serra Hugas, aunque en esos momentos seguía vinculado al aparato de CDC, oficialmente dejó ese puesto a raíz del Caso Casinos.
Hay que recordar que en el caso Casinos, un directivo de la empresa Inverama, Jaime Sentís, había acusado a Serra Hugas, entre otros miembros del aparato de CDC de haber recibido cheques al portador por importe aproximado a los 300 millones de pesetas. Serra Hugas negó los hechos.
En cuanto al talón de Banesto a CDC, en su declaración ante el juez Garro afirmó que todas las operaciones inmobiliarias bajo investigación contaron en su momento con la aprobación del entonces presidente del banco, Mario Conde. Éste, por su parte, aseguró en su declaración ante el magistrado que en su calidad de máximo responsable de la entidad no se ocupaba de tales detalles.
Ahora, unos papeles manuscritos de Sumarroca detallan pagos del 3%
En la actualidad, y en relación a otros a otros casos más recientes, la Guardia Civil está practicando registros tanto en CatDem como en los ayuntamientos de Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar para corroborar estos otros indicios de financiación ilegal de Convergència. Esos ayuntamientos estaban en manos de CiU cuando se produjeron los presuntos pagos ilícitos y los investigadores buscan los expedientes de contratos millonarios a Teyco entre 2008 y 2009.
Los agentes también registran la vivienda particular del extesorero de CDC, Daniel Osácar. Este último ya está acusado en el caso Palau -obsérvese la similitud con Serra-, supuestamente por cobrar para el partido comisiones que Ferrovial habría abonado a Convergència a través del Palau de la Música.
El consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, también fue detenido en julio y pasó 19 días en prisión antes de salir en libertad el 11 de agosto bajo una fianza de 600.000 euros. Está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública. Jordi Sumarroca es hijo del fundador de Convergència y empresario Carles Sumarroca Coixet, persona también muy cercana a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, con el que aparece en determinadas investigaciones policiales presentadas públicamente en noviembre de 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
En estos registros de ahora practicados por la Guardia Civil, en dos cajas fuertes halladas en el domicilio particular de Sumarroca y en la sede de la empresa, los agentes encontraron notas manuscritas que, según fuentes de la investigación, parecen detallar el pago de comisiones. Los documentos constan de una serie de columnas en las que aparecen consignadas, de un lado, determinados contratos públicos y, del otro, una cantidad que, según las mismas fuentes, coincide exactamente con el 3%.
Todo parece indicar que el sistema siempre ha sido muy parecido: la relación entre constructoras, Convergència y su fundación repite lo ocurrido en el caso Palau, en el que Convergència habría recibido 6,6 millones de Ferrovial por la adjudicación de grandes proyectos como la Ciudad de la Justicia o la Línea 9 del metro, según el juez instructor. En esa ocasión las comisiones ascendían supuestamente al 4% del coste de las obras y llegarían por tres vías al partido: el Palau de la Música, empresas interpuestas y la Fundació Trias Fargas. Tras el escándalo, esta cambió de nombre para adoptar el actual de CatDem.
