Los orígenes del caso CDC: cómo los servicios de información obligaron a investigar a Pujol y a otros dirigentes catalanes

Registro de la sede de CDC por la Guardia Civil el 28 de agosto. Foto: TV.

Registro de la sede de CDC por la Guardia Civil el 28 de agosto. Foto: TV.

«SUMARIO PALAU, ANALISIS DE SITUACION (1). FECHA:10.9.2012. FUENTES: Sindicalistas Mossos». Es el encabezado del primero de los cinco documentos “no oficiales” que agentes vinculados a la Comisaría General de Información elaboraron a principios de septiembre de 2012 y que es el origen del caso CDC. Estos policías, aliados con agentes de los servicios de información de los Mossos d´Esquadra y con sindicalistas de ese Cuerpo autonómico, se conjuraron para que los datos ya recabados no se perdieran en algún cajón por orden del poder establecido. Son los orígenes de la actual investigación a la familia Pujol-Ferrusola, a Artur Mas y al partido de ambos, CDC.

Se trata de unos documentos que diversas personas tienen, pero que pocos medios periodísticos han querido sacar al completo a la luz pública, salvo, en su momento el extraconfidencial.com. La razón es que ningún gobierno democrático español quiso nunca investigar a fondo lo que ocurría en Cataluña. Ni el Caso Banca Catalana ni ninguno de los otros casos de supuesta corrupción y financiación irregular de los partidos políticos catalanistas, incluido el Caso Pallerols, fueron investigados a fondo.

Pero algo ocurrió en septiembre de 2012: un grupo de Policías dependientes de la Comisaría General de Información, aliados con mossos D´esquadra de los servicios catalanes de policía judicial, decidieron que lo que habían descubierto investigando el Caso Palau no podía ni debía perderse. Así surgió la investigación ahora conocida sobre Jordi Pujol y su familia, sobre el padre de Artur Mas, actual presidente de la Generalitat, y de otros dirigentes catalanistas, incluido el partido de todos ellos, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Sin embargo, en septiembre de 2012 la investigación policial para el sumario del Caso Palau -supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Pujol y de Mas-, estaba dejando un excelente rastro de supuestas grandes corruptelas que implicarían a una buena parte del nacionalismo catalán. Y estos policías, aliados con agentes de los servicios de información de los Mossos d´Esquadra y con sindicalistas trataron de evitar que los datos ya recabados no se “perdieran” en algún cajón.

Colaboración fundamental de los Mossos

Para impedir que ocurriera algo similar a los casos Banca Catalana, Pallerols y tantos otros en los que supuestamente se paralizaron informaciones resultantes de la investigación, esos policías, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, elaboraron cinco informes para uso personal -sin membretes oficiales-, recogiendo las informaciones que, a raíz del Caso Palau, iban llegando a los Mossos, en Cataluña, y a la UDEF, en Madrid. Esos informes no tienen desperdicio y constituyen la base de los caso Pujol y financiación de CDC que ahora salen a la luz, pero también avanzan otras investigaciones que aún no son conocidas sobre importantes dirigentes nacionalistas catalanes (Sumarroca) e, incluso, sobre medios de comunicación.

Como se recordará, el Caso Palau se trataba de la articulación de un flujo de fondos de empresas constructoras privadas -especialmente Ferrovial Agromán-, a través de las tres entidades que componen el Palau de la Música Catalana, aprovechando que dicha empresa era patrocinadora de la Fundació Orfeó Català-Palau, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), como supuesto pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña u otros organismos públicos.

Parte I: “Informaciones llegadas de sindicalistas Mossos”

El primero de esos documentos, a los que hemos tenido acceso, recoge las informaciones que, a título personal, llegaban a determinados sectores de la UDEF durante los primeros meses de 2012. Ese primer documento de cuatro folios ya centraba las fuentes y establecía la estrategia: «La información recogida tiene su origen de fuentes muy fiables y solventes y una vez verificados los datos procede que sean Judicializados (sic), dejando constancia fehaciente para que no desaparezcan como otros documentos ya emitidos que no han tenido respuesta».

El Informe, fechado el 10 de septiembre de 2012 -aunque estaba elaborado a partir de datos de diversos informes policiales realizados durante ese año-, aseguraba que varios mossos sindicalistas, «que se sienten catalanes pero también españoles», habían pasado a sus superiores información «de suma importancia» que no estaba reflejada en Informes oficiales. Por ejemplo, las llamadas que habría recibido el principal encausado en el Caso Palau, Félix Millet, durante el registro a su domicilio; llamadas a las que el jefe del dispositivo de los Mossos «no tuvo otra opción que aceptar que respondiera» mientras se realizaba el registro.

Un registro policial “anulado” por la Generalitat

La llamada durante el registro policial procedía de un altísimo cargo de la Generalitat, y dice el informe: «Para hablar con total impunidad se apartó [Millet] de los policías que estaban custodiándolo y nadie le impidió que susurrara y dijera lo que le vino en gana». Pero, cuando terminó el registro policial, antes de que se detallara, inventariara y consignara su contenido, los Mossos recibieron la orden de que «dicha llamada no constara en el acta que se debería levantar por el registro efectuado».

Sin embargo, el informe en poder de El Satiricón da pruebas de la existencia de aquella llamada: «Este dato es constatable, si judicialmente se solicita el tráfico de llamadas del imputado Millet el día que se efectuó el registro judicial, que consta en las actuaciones sumariales».

¿Qué tenía que ocultar Millet? ¿Qué le pedían desde la Generalitat que ocultara? Parece claro lo que era, si tenemos en cuenta que fuentes sindicales de los Mossos señalaron a los Policías de la UDEF que a raíz de la actuación judicial, registros e imputaciones fue Jordi Pujol padre quien tomó la iniciativa de controlar la situación, «ya que eran muchos los temas económicos que podrían ser usados por los adversarios políticos de CDC y convocó [Pujol] una reunión urgente a la que solo acudieron personalidades con sus escoltas».

En ese punto, el informe “privado” de los policías de la UDEF habla de lo que podríamos denominar como una auténtica conspiración y sostiene que, según una fuente muy solvente de CIU, «que no quiere la independencia aunque se siente nacionalista», lo que verdaderamente le preocupaba a Pujol en ese momento (septiembre de 2012), era el posible riesgo de imputación de alguno de sus hijos, así como de destacados dirigentes de CDC con ocasión de sumarios como Palau o Campeón.

Reunión conspiratoria

A esa reunión aparentemente conspiratoria asistió la que fue la plana mayor de Pujol durante sus tiempos en la Generalitat, así como dos de sus hijos, pero no Artur Mas, aunque sí algún importante conseller de su Govern. De esa reunión, según refleja este informe policial básico en las actuaciones que se registran ahora, salió la idea de inyectar” fondos desde la Generalitat a una Fundación para reinsertar a los desclasados socialmente (IRES); Fundación supuestamente vinculada al juez Josep María Pijuan, que instruía el Caso Palau.

¿Se trataba de comprar al juez? Eso es lo que parece deducirse del contenido del informe policial, pero, en todo caso, no lo consiguieron: la instrucción continuó y una buena parte de los datos obtenidos en las investigaciones judiciales pasaron al “fichero personal” de determinados Policías de la Comisaría General de Información. Ante ese fracaso en el control de la judicatura, un sector sindical de los Mossos aseguró a sus colegas de la Policía Nacional que Pujol pidió la cabeza de Felip Puigconseller de Interior de la Generalitat-, cuando se enteró de que se había pedido “colaboración a la Policía Española» (sic). En todo caso, por esas o por otras razones, Puig cesó en su cargo el 27 de diciembre de 2012, apenas tres meses después de este informe.

“Los Mossos se quejan de la imagen politizada que sus jefes les obligan a dar en el resto del Estado”

El citado Informe incluye párrafos atribuidos a mossos d´Esquadra que ya hablaban en 2012 sobre cómo el dinero procedente de supuestas comisiones ilegales se transportaba en billetes de 500 euros en bolsas de plástico y en coches oficiales. Se lee textualmente en el documento de los policías de la UDEF lo siguiente:

«Estos mismos Mossos se quejan de la imagen politizada que sus jefes les obligan a dar en el resto del Estado (…) incluso hay un acta donde daban cuenta del contenido de una bolsa que les obligó a introducir en el maletero del coche oficial y que al rajarse esta y aparecer billetes de 500 €, se encolerizó y mandó expedientar a los que habían provocado la rotura y solo como consecuencia de que al llegar a la Comisaría y empezar a redactar un acta para entregar en su sindicato, recibieron una llamada (…) pidiendo disculpas por su reacción y quitándole importancia al incidente, alegando que el dinero era del partido que le había encargado custodiarlo«.

Por otro lado, esos mismos mossos habrían investigado paralelamente al que entonces era conseller de Interior, Felip Puig, y los datos obtenidos estarían en poder de algún sindicato de los Mossos y de policías de la UDEF, según se afirma en este primer documento que publicamos. Un informe, por cierto, en el que también se relaciona a algún que otro ex alto cargo de la Generalitat con las mafias de subasteros para quedarse con las casas embargadas en los Juzgados.

 

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