Aumentan de nivel las provocaciones de la Generalitat de Cataluña al Gobierno de España. En una carta del conseller de Interior catalán, Miquel Buch i Moya, fechada el pasado día 11 en Barcelona, el gobierno catalán desprecia al Ejecutivo de Pedro Sánchez y se ríe del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La carta de Buch respondía a otra remitida por Marlaska en la que éste pedía, con todo respeto, que los Mossos actuaran contra la ultraviolencia desplegada por los Comités en Defensa de la República (CDR), que, en realidad, están siguiendo las órdenes del presidente autónomo, Quim Torra.

Un punto álgido de la carta, por el descaro que manifiesta el conseller secesionista Miquel Buch, lo constituye el párrafo dedicado a la no actuación por orden política de los Mossos d’Esquadra para impedir que los violentos de la CUP intervinieran las casetas de peaje. El consejero asegura que la alteración de las autopistas AP-7 y AP-2, así como la intervención en los peajes, fueron dos acciones “de colectivos sociales de las que no se disponía de información contrastada previa, por parte de los servicios de la PG-ME”, pero añade con evidente pitorreo que se trata de “un desconocimiento que entendemos compartido por los servicios de vuestros [sic] Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dado que no se generó, por parte de estos servicios, ninguna alerta previa en los mecanismos de coordinación existentes”.

En realidad, la carta que el consejero Buch i Moya remitió al Ministerio del Interior el pasado día 11 -tras las acciones violentas de grupos ultrarradicales de la CUP en las autopistas catalanas-, constituye un conjunto de agravio al Gobierno de España. Es una de esas cartas que, iniciadas con un “Apreciado Ministro” y en un tono jocoso muy estudiado, constituyen, en realidad, toda una declaración de intenciones.

La carta se inicia con una frase sin duda sardónica: “En el marco de la lealtad y la colaboración que preside las relaciones de la Generalitat de Cataluña con el Gobierno del Estado…”, una frase que anticipa lo que va a venir después. Dice que “la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra” (sic) adoptó las “medidas oportunas” por los cortes de las autopistas [todos pudimos ver en directo cómo se limitaban a mirar la actuación de los radicales violentos, sin intervenir] y que “se siguieron los protocolos establecidos para garantizar el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, así como para garantizar la seguridad del tráfico y la libertad de desplazamiento de los ciudadanos, y la normal gestión de las autopistas de peaje, al tiempo que se garantizaba el libre ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación” (sic a todo).

La ‘Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra’

Añade jocosamente que “como es notorio” la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (así se refiere en varias ocasiones a la policía autonómica, recalcando que es una policía exclusivamente catalana y que el Estado no tiene ningún control sobre ella), se rige en todas sus actuaciones policiales por “criterios estrictamente profesionales, y pautas predeterminadas”, según los estándares de actuación homologados “ajenas a criterios e interferencias de signo político”. Y que, en ese sentido, los operativos policiales desplegados ese fin de semana “siguieron los protocolos establecidos y fueron dirigidos por los mandos policiales correspondientes”.

En esa línea, Miquel Buch utiliza el cinismo político para decirle al ministro que “me complace informarle que durante el fin de semana a que hace referencia su escrito, la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra garantizó en todo momento la seguridad ciudadana en las comarcas de Cataluña, estableciendo en sus actuaciones el equilibrio necesario entre el ejercicio libre de los derechos y las libertades de la ciudadanía y el máximo respeto a los derechos fundamentales de reunión y manifestación y a la libertad de expresión, velando para evitar e impedir las alteraciones del orden público”.

Pero añade otra mentira evidente: “Consideramos que el derecho a la libertad de movilidad de las personas estuvo garantizado en todo momento, mediante la adopción de las medidas más adecuadas y proporcionales, tendentes a garantizar este derecho con los correspondientes desvíos de tráfico y atención a la seguridad vial. En nuestra opinión, estas medidas posibilitaron que la red viaria asumiera con normalidad y suficiencia las incidencias derivadas del corte de la vía. Y, en consecuencia, se evitó que se generara ninguna alteración que se pudiera considerar como grave o de riesgo para la seguridad vial ni para el ejercicio de la libertad de desplazamiento de los ciudadanos”.

Evidentemente, no fue eso lo que ocurrió, como informaron en directo todos los medios de comunicación.

‘No se constató ninguna perturbación ni alteración del orden público’

En cuanto al mantenimiento del orden público, Buch dice sin inmutarse que “vistos los resultados de las actuaciones desarrolladas por la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra [es decir, ninguna actuación, por orden directa, al parecer, del presidente Quim Torra], se puede concluir, sin lugar a dudas, que se garantizó en todo momento, sin que se constatara ninguna perturbación grave ni alteración del orden público”.

Y añade con evidente saña una invectiva contra la Policía y la Guardia Civil, de la que dice que sus servicios de información habían fallado estrepitosamente y desconocían los planes de alteración de la vía pública, así como la intervención en los peajes, “dado que no se generó, por parte de estos servicios, ninguna alerta previa en los mecanismos de coordinación existentes”. Es decir, en definitiva, que la culpa de que los Mossos no actuaran fue de la ‘inoperancia’ en información de la Policía y de la Guardia Civil “españolas”.

En su desafío a Grande-Marlaska, recuerda Buch que las leyes de protección de la seguridad ciudadana establecen que “las Medidas de Intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”.

Y en su burla al ministro, señala seguidamente que “como ejemplo de actuación gradual y proporcionada”, hay que mencionar el “trabajo” de la Unidad de Mediación de la “Policía de la Generalitat”, estableciendo una línea de comunicación constante con los concentrados para “disuadirlos del mantenimiento de su actitud y, a la vez, recopilando información sobre las actuaciones de futuro previstas por los citados concentrados” (sic). Así que, como “consecuencia de su actuación” (los mossos nunca actuaron, se limitaron a dejar hacer), “dispusimos de los primeros indicios de la voluntad de los concentrados de retirarse al atardecer, como así sucedió”.

Rechazo a la condena del ministro

En ese punto, el conseller secesionista añade con sorna que “entenderá que no compartimos en absoluto la consideración de que los profesionales de la Policía de la Generalitat o las autoridades del sistema policial de Cataluña pudieran incurrir en los supuestos de inacción a que hace referencia”. Y añade con mayor vehemencia que “esos mismos protocolos policiales fueron los aplicados el pasado mes de marzo de 2018 frente a episodios análogos en autopistas catalanas, cuando la policía de la Generalitat se hallaba bajo la dependencia del Ministerio del Interior”.

Finalmente, Miquel Buch señala con evidente humor que “el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está abierto al diálogo con el Gobierno y la Administración General del Estado al efecto de contrastar las medidas y alternativas que puedan suponer una mejora en la prestación de este servicio público”.