La sentencia contra ‘la Manada’, y especialmente el voto particular de un ‘particular’ magistrado en Navarra, ha abierto la Caja de Pandora en el terreno de la violencia sexual: se está pasando revista a todas las actuaciones en este campo y algunos datos ponen los pelos de punta. Por ejemplo, lo que está ocurriendo desde 2004 en las Fuerzas Armadas, en las que las denuncias por violación casi llegan a las 200, pero apenas una veintena alcanza sentencia condenatoria. ¿Por qué? ¿Hay diversas ‘manadas’ que son intocables? ¿Hay ‘manadas’ de jueces que aplican la ley de forma restrictiva?

Los datos, en verdad, son escalofriantes e invitan a una seria reflexión. El problema no está en el Código Penal, sino en la interpretación que cada uno de los jueces hace de ese mismo Código. Todo parece indicar que las sentencias a los recursos que redacte el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, primero, y en su caso el Tribunal Supremo, después, no contendrán, desde luego, ningún elemento denigratorio contra la víctima, como contiene el voto particular del ‘particular’ magistrado Ricardo González.

Es curioso, pero ese magistrado, Ricardo González, también absolvió en diciembre de 2015 a un padre de abusos a su hija menor porque la niña no se mostró “inquieta o perturbada”. En este caso, el tribunal dictaminó un fallo de absolución sin voto particular, a diferencia de la reciente sentencia, que sí condenó por abuso -no por violación- a nueve años de cárcel a cada miembro de la Manada.

Pero lo de la Manada ha abierto la Caja de Pandora y ahora se están analizando todas las denuncias por violación, algunas de forma múltiple, que no llegan a buen puerto, como las 174 denuncias de acoso que se han producido en las Fuerzas Armadas entre 2004 y 2015, de las que sólo 22 (el 13% de las interpuestas, dado que no todas las violaciones se denuncian) “concluyeron con sentencia condenatoria”.

Son datos oficiales que el Ministerio de Defensa mantenía ocultos, hasta que no ha tenido más remedio que revelarlos a la portavoz de IU en temas de igualdad, Eva García Sempere, que hace mucho tiempo que venía exigiéndolos al Ejecutivo. Estos datos demuestran que las violaciones están a la orden del día en la milicia española, dado su carácter mixto, pero que los togados apenas tienen en cuenta las que se denuncian, que es sabido no son todas las que se producen. De las174 presentadas en las FAS, Defensa reconoce que 110 fueron archivadas, 7 remitidas a la autoridad disciplinaria, 11 resultaron inhibidas a otros órganos y, finalmente, 46 fueron consideradas de naturaleza penal.

En lo referente a los 46 procedimientos penales abiertos, 11 de ellos fueron objeto de sobreseimiento, 13 terminaron en sentencia absolutoria y 22 (apenas el 13%) concluyeron con sentencia condenatoria: 12 por acoso sexual, 1 por acoso por razón de sexo o género y 9 por acoso profesional.

El duro informe del Observatorio de la Vida Militar

La frialdad de esas cifras no da una idea exacta de lo que ocurre dentro de la milicia española, porque el contenido del estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas realizado por el Observatorio de la Vida Militar (OVM) refleja algunos datos preocupantes respecto a la situación de acoso y agresión sexual en el Ejército.

El Gobierno se defiende, y frente a la pregunta de si considera “que el mecanismo de denuncia por vía de la cadena de mando militar está desactivando la denuncia de casos”, el Ministerio de Defensa que dirige María Dolores Cospedal explica que “la víctima tiene diferentes canales para presentar la denuncia, siendo una opción de la misma la vía elegida (el conducto reglamentario es sólo una de las seis vías y es una opción voluntaria)”.

Esos ‘canales’ de los que habla Cospedal serían: o directamente ante el juez togado militar, o ante la Fiscalía jurídico militar, o ante la jurisdicción ordinaria, o ante las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), o a la autoridad con competencia sancionadora (JEME,s), sin necesidad de observar el conducto reglamentario y ante su jefe de unidad.

Pero lo curioso de todo es que Defensa sólo ha creado 8 Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), pese a las cifras de acoso detectadas, distribuidas de la siguiente forma: en el Órgano Central, dependiente de la División de Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal para el personal destinado en aquél; en el Estado Mayor de la Defensa, dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos del mismo; en el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, incardinadas en los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos; en cada uno de los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Defensa: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) e Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

Sin embargo, el Ministerio de Cospedal no entra en detalles sobre qué cuantía presupuestaria se ha invertido para poner en marcha las medidas contra el acoso en las Fuerzas Armadas, ni sobre cuántas personas están trabajando en el conjunto de las Unidades de Protección de las existentes.