Las fuerzas de seguridad no cumplen con su misión constitucional

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Hace unos días me llamó una persona amiga de las redes sociales para consultarme sobre qué procedía hacer si dos días antes su hija había sido agredida, requirió en dos ocasiones durante casi 30 minutos la presencia de una dotación policial a través del 091, después una señora que la ayudó ante el estado de nerviosismo en que estaba volvió a hacerlo y no recibieron ninguna respuesta, ninguna dotación policial se trasladó al lugar de los hechos. Esto ocurrió en una gran ciudad, capital de provincia con cientos de miles de habitantes, y por las gestiones que he realizado después resulta que no es un hecho extraordinario sino algo habitual desde hace meses.

No facilitaré el nombre de la ciudad, de momento, porque voy de sorpresa en sorpresa hablando con compañeros de otras plantillas, y mientras en unas como la referida hay turnos en los que solo hay dos “Zs”, en pueblos cercanos con diez veces menos habitantes salen a patrullar hasta seis por turno, y pretendo obtener más datos sobre este asunto.

En otra ciudad, capital de provincia también y más de cien mil habitantes, hay pocos vehículos de seguridad ciudadana y una subordinación a los designios de la cárcel provincial, que por falta de personal reclama la presencia de coches policías para custodia de sus internos en hospitales, dejando sin la protección necesaria a toda la ciudad.

Me cuentan estos compañeros a los que concedo absoluta credibilidad, que se ha dado el caso de una llamada por la comisión de un atraco y no haber en ese momento ningún vehículo para desplazar de inmediato a la zona, o una llamada avisando de una situación de riesgo en una riada, con un coche con un adulto y cuatro adolescentes atrapados con el agua hasta las ventanillas y grave riesgo para sus vidas, sin que hubiese en ese momento vehículo policial disponible que pudiese acudir en su auxilio. ¿Habrá que esperar a que haya muertos para acabar con este estado de cosas?

La calidad del servicio policial de emergencias, bajo mínimos

Esto que está ocurriendo ahora me parece el derrumbamiento definitivo de un modelo de prestación de servicio que es lo más eficaz y necesario que hemos tenido nunca, envidiado por todos los países de nuestro entorno. Si hay algo que merecía la pena ser destacado de nuestro trabajo es el servicio operativo de respuesta inmediata que daba la Policía, los GOAC (Grupos Operativos de Atención al Ciudadano), que son dirigidos desde la sala del 091 y que parece que va camino de extinguirse.

La Policía española, hasta hace tres años, era en Europa la que daba una respuesta más inmediata a cualquier llamada de auxilio a través del 091, con un tiempo medio de respuesta, reacción tras la llamada, inferior a tres minutos, y se ha pasado de eso a no atender decenas de llamadas diarias al 091 en las plantillas donde está desplegada la Policía Nacional.

Cabe suponer que allí donde exista policía local, la sala del 091 que no puede comisionar un coche para acudir a un requerimiento ciudadano pueda pasar la llamada al 092, o hasta al 062, de Guardia Civil, pero eso no se hace porque no hay ninguna coordinación entre dichos cuerpos, de tal forma que puede haber una agresión grave en una zona y vehículos de los otros cuerpos circulando por calles cercanas, y si no puede acudir el cuerpo responsable no existe establecido protocolo de actuación para prestar la ayuda requerida.

Otra cosa es el 112, el número de emergencias de la UE que se está implantando en toda Europa y en España, que está minusvalorado por disputas entre los distintos cuerpos implicados en la seguridad ciudadana, pero puede ser la solución a este desbarajuste con grave perjuicio para la ciudadanía. Siempre, claro, que quienes estén en dicho servicio en cada zona tengan claro que no se trata de un trámite burocrático de desviar la llamada al cuerpo que corresponda según el hecho y la zona donde se produce (como está ocurriendo ahora), desentendiéndose una vez traspasada la misma, sino que se convierta en responsable y garante de que dicha llamada sea atendida.

Si el cuerpo que debe hacerlo no puede en ese momento, que tenga capacidad para ordenar a otro de cualquier cuerpo que lo haga sin perjuicio de que la dotación policial que no acuda a un acto para el que sea comisionado deba justificar después la razón de su ausencia.

Porque sería normal que para unas molestias de un borracho, disputa familiar o asunto de pequeño nivel haya quien pretenda ahorrarse la pérdida de tiempo (desde el punto de vista policial eso no es relevante) y trate de pasar el “muerto” a otro, y en cambio si se trata de un atraco donde se pueden obtener recompensas profesionales haya saturación de coches de distintos cuerpos policiales.

Esto que ahora empieza a pasar en ciudades donde presta servicio la Policía Nacional lleva años pasando en las zonas rurales y ciudades de menos de 30.000 habitantes cuya competencia de seguridad es de la Guardia Civil. Los delitos llevan años creciendo, tanto en pueblos pequeños como en el campo, con robos millonarios de productos de la tierra, de maquinaria, animales, etc., con verdaderas mafias especializadas en los mismos sin que el Cuerpo responsable de hacerle frente parezca darse por aludido, con cuarteles cerrados durante fines de semana y una patrulla que tarda a veces 24 horas tras ser avisadas de que se está cometiendo un delito. No por negligencia de los guardias civiles de la patrulla, como tampoco la no asistencia en las llamadas al 091 es por negligencia de los policías, sino porque ambos están mal distribuidos y peor dirigidos.

Identificaciones ilegales y masivas a la ciudadanía

En el caso de la Policía, los pocos efectivos que hay en la calle (fruto de una pésima organización más que por falta de personal) se dedican a hacer “filtros”, antes llamados controles, en los que se trata, como el pescador que tira una red ilegal al mar y caen peces grandes y pequeños, de identificar ilegal e indiscriminadamente a todas las personas que pasen o al capricho del policía, hasta rellenar el “cupo” de identificaciones que considere suficiente, pero superando siempre el mínimo que le exigen, vulnerando la disposición del Tribunal Supremo que señala que se puede identificar a un ciudadano en la calle solo “cuando sea sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo…”.

En España se identifica a la ciudanía masiva, ilegal e indiscriminadamente porque los derechos civiles nunca han llegado a existir plenamente y los policías no han sido formados para respetarlos sino al revés: los mandos reclaman esas estadísticas ya sea organizando un “filtro” en cualquier calle o identificando a jóvenes que están reunidos en el parque, pudiendo ser cacheados a criterio policial y sin justificación alguna (una verdadera aberración profesional que se inculca por deformación profesional), y si encuentran alguna cantidad de droga para consumo propio es incautada, levantada acta y sancionados con 600€, en un país donde la tasa de paro en esas edades supera el 50%.

Gran trabajo policial mientras las personas que lo necesitan llaman al 091 y no reciben respuesta. Y a los identificados que no le encuentran nada les dicen que puede continuar y no pasa nada. Reitero que se trata de una arbitraria e ilegal actuación policial que vulnera los derechos civiles, convertida en rutina, como en cualquier dictadura con súbditos sin derechos.

Protocolo para la justificación estadística, no para un servicio eficaz

Mientras esto ocurre, los crímenes, desapariciones, atracos, robos en domicilios crecen y ni la manipulación estadística consigue evitar que se sepa. Esa manipulación también llega al datar el número de identificados. Se considera que si la Policía o Guardia Civil o autonómica o local te intercepta en la calle, te pide el DNI, consulta antecedentes y te hace las preguntas que quiera, y te cachea o no a criterio del policía y según le guste tu ropa, color de ojos o pelo o el tono de tus respuestas, etc., te levanta Acta, porque puede hacerlo sólo por su voluntad en aplicación de la ley “Mordaza” (sí, hay malos profesionales que lo hacen y más de los que sería deseable, aunque no son los más en ningún cuerpo), o no lo hace.

Y eso siempre que no te trasladen a comisaría (porque no lleves documentación o alguna otra circunstancia). Ese tiempo de intervención policial que puede durar el tiempo que el policía actuante -de cualquier cuerpo- considere oportuno, no cuenta como identificación, eso no ha existido a efectos estadísticos y cuando se facilitan datos de identificados se computan solo los que son trasladados a comisaría, que son uno de cada varios miles.

Con una policía bien formada, con protocolos de actuación respetuosos de los derechos civiles estas cosas no pasarían, pero aquí, en todos los cuerpos, se prima al mal profesional, al que más moleste a la ciudadanía y más actas de infracción levante, lo que con la Ley “Mordaza” está a la orden del día porque es fácil levantar un Acta falsa y cumplir el cupo de estadillo de intervención, y desgraciadamente aunque son minoría, en todos los cuerpos de seguridad existen estos elementos indeseables por malos profesionales.

Con estas facultades de la Ley “Mordaza” el principio de servir al ciudadano se invierte cuando interviene un mal profesional y es el ciudadano quien tiene que estar servil y sumiso ante el Policía. Y son los malos profesionales los que están mejor valorados por el mando, porque son los que no tienen escrúpulos en identificar y cachear al número de personas que sea vulnerando sus derechos, 30, 60, 100… hasta encontrar a 2 ó 3 que lleven hachís o cualquier otra sustancia ilegal para consumo propio, que es incautada, levantada acta de intervención y el jefe satisfecho de rellenar el estadillo de palotes del día, que son interpretados como eficacia policial, mientras nadie responde si no se atiende una llamada, ó 10 ó 100, al 091, 092 ó 062, porque eso siempre se mantiene en el secreto y la falta de transparencia que impregna la actividad de estos cuerpos.

 

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