Los Mossos quieren las bases de datos españolas y relaciones con las policías internacionales.

La Generalitat de Cataluña mantiene firme su pretensión de que los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) puedan participar en Organismos Internacionales y acceder a las bases de datos Policiales Nacionales e Internacionales. Los catalanistas argumentan que la canalización de los requerimientos policiales exteriores debe ser coherente con la realidad policial de Cataluña, una vez que ha finalizado el despliegue territorial de su policía; es decir, los Mossos. Y que, dado que tienen competencia en materia de crimen organizado como la Policía y la Guardia Civil, en consecuencia deben conocer la información que afecta a este ámbito.

Para exigir al ejecutivo central que los Mossos participen en los Organismos Internacionales (Europol, Interpol y Sirene) y accedan a las bases de datos policiales, el gobierno catalán argumenta que en los requerimientos internacionales de gestiones o de aportación de informaciones que generen investigación, el criterio general de reparto debe ser la atribución al cuerpo policial que mantiene la competencia en el territorio afectado. Es decir, que en Cataluña deberían actuar exclusivamente los Mossos de’Esquadra.

Por tanto, se señala expresamente que la Generalitat debe estar presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías en los que participe el Estado español para poder hacer frente a los retos policiales globales como el crimen internacional o el yihadismo.

Para esa exigencia -que el Gobierno de Mariano Rajoy rechaza-, los catalanistas esgrimen el artículo 164.4 del Estatut de 2006 [el que aprobó Rodríguez Zapatero], que establece que «la Generalitat participa, a través de una junta de seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el President de la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Catalunya, y también en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países».

Por esa razón, desde la Generalitat de Artur Mas se exige al Gobierno que los Mossos tengan acceso a las bases policiales como la del Documento Nacional de Identidad (DNI); del Número de Identificación de Extranjería (NIE), o la de Vehículos de interés a INTERPOL [que permite que cuando se consulte la matrícula de un vehículo, el sistema avise de si este tiene algún señalamiento vigente por INTERPOL y permitirá disponer de avisos de requerimientos pendientes más allá del espacio Schengen].

También quieren acceder a la base de datos de armas; a la de datos de embarcaciones; a la de titulares de vehículos mediante consulta DNI [permite consultar los vehículos de los que es titular un DNI]; a la de ADEXTRA [permite consultar todos los datos relativos a la gestión de filiaciones y domicilios, trámites de residencia y asilo, gestión de fronteras, menores en desamparo, así como expulsiones y nacionalizaciones], y, en fin, a la base de datos europea IFAD, cuyo administrador único en España es la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El Gobierno del PP, naturalmente, no accede a esta ‘interconexión’, o más bien, a esta ‘desconexión’ de Cataluña.