Cartel policial buscando a Denise Thiem.

Una ciudadana estadounidense, Denise Thiem, estaba haciendo el Camino de Santiago el pasado mes de abril cuando desapareció. Fue en territorio de Astorga, donde hay una comisaría de policía que no debería existir allí por contar solo con 10.000 habitantes, pero que existe y puso a prueba una vez más la descoordinación y competencia desleal entre los cuerpos de seguridad del Estado: la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El sistema policial español en su reparto territorial establece que todo lo acontecido durante cientos de kilómetros antes de llegar al término municipal de Astorga y después del mismo debe investigarlo la Guardia Civil, y lo que ocurra en Astorga debe investigarlo la Policía Nacional.

El abandono de la Guardia Civil de su territorio rural es cada día más evidente, y es muy fácil de comprobar preguntando a ciudadanos del término territorial de la Guardia Civil si pueden ir a un cuartel a cualquier hora del día o de la noche a presentar una denuncia; le dirán que no. O si se han encontrado el cuartel cerrado en más de una ocasión, y dirán que sí; o si han ido a realizar una denuncia en sábado y le han dicho que vuelva el miércoles, como ha ocurrido en un cuartel de una localidad de Asturias que cité por twitter hace pocos días y que no volveré a citar porque, como bien dijo un responsable de una asociación de guardias civiles, seguro que sancionan a quien menos culpa tiene, el guardia que está de puerta, que para eso la Guardia Civil militar es única.

Críticas a la Policía… cinco meses después

Iniciadas las pesquisas por ambos Cuerpos a la vez y sin ser prioritaria para ninguno de los dos (mal coordinados, sin intercambiar datos, en la habitual pelea por ver quién consigue cerrar el caso sin tener en cuenta si en la competencia y ocultación de datos de unos a otros se perjudica la eficacia en la investigación), hete aquí que el senador norteamericano McCain remite una carta al presidente del Gobierno de España quejándose por la ineficacia y ofreciendo al FBI para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, y ese era el revulsivo preciso para aclarar que la desaparición era un asesinato y detener al autor del mismo.

Han pasado cinco meses y el día después de la detención por la Policía Nacional del autor confeso del crimen la Guardia Civil dice que 23 días después de la desaparición, ocurrida el 5 de abril, un perro de su especialidad canina señalaba la finca del autor del asesinato/homicidio, pero que el comisario de Astorga lo echó del lugar con cajas destempladas alegando que era «su territorio».

Esto se dice ahora, cinco meses después de ocurrido el incidente, una vez que la Policía Nacional ha detenido al autor, y ello plantea algunos interrogantes, como ¿qué ha pasado en los cinco meses transcurridos desde que ese perro de la Guardia Civil señaló la finca? ¿Se transmitió esa información oficialmente a la Policía Nacional? Si no se hizo, malo para la Guardia Civil, y si se hizo, peor en este caso para la Policía Nacional. Cinco meses en los que la descomposición del cuerpo de la víctima (las manos le han sido amputadas y no han aparecido todavía) puede impedir obtener pruebas irrefutables contra el criminal y agravar su condena.

Ahora se sabe que el presunto autor del crimen (aunque lo haya confesado no está de más esa presunción hasta que haya sentencia firme), había colocado un poste de señal variando el camino de Santiago y desviándolo hacia su finca, y se sabe que tenía varias denuncias, la mayoría de mujeres extranjeras, por intento de abuso, tocamientos o robos, todos ellos cometidos en su finca. Y también se sabe que inmediatamente después de la desaparición de la peregrina norteamericana el entonces sospechoso había cambiado 1.000 dólares (moneda que no se usa por Astorga salvo por algún ciudadano norteamericano en euros).

Todo eso, y algunos datos más que la ciudadanía conoce ahora, la Policía y la Guardia Civil lo conocen desde el primer día… salvo que las denuncias hayan sido planteadas en un Cuerpo y no tenga constancia el otro ni se hayan intercambiado esa información en el transcurso de las investigaciones por separado que han llevado a cabo. Lo mismo puede ocurrir con el cambio de las divisas: que las conozca solo un Cuerpo y no el otro, y haya hecho falta la misiva de un senador norteamericano al presidente del Gobierno para unificar los datos de la investigación.

Hay que revisar los protocolos entre Policía y Guardia Civil

Con lo que ahora se sabe cabe preguntarse: ¿Qué más indicios hacían falta para detener al autor? ¿Cuántos meses llevaba el poste indicador del Camino modificado, desde cuándo se sabía y por qué nadie hizo nada? ¿Dónde y cuántas denuncias había contra el criminal, dónde se presentaron y qué tramite se les dio?

Todas estas preguntas quedarán sin respuestas, como siempre, y todo se resolverá con alguna medalla roja o blanca a algunos mandos que nominalmente han tenido que ver con este asunto, que en buena lógica, por elemental autocrítica para mejorar el sistema operativo debería provocar una revisión de los protocolos aplicados en el trabajo y cooperación de la Policía y la Guardia Civil, y la depuración de responsabilidades en forma de ceses en los máximos mandos policiales del territorio donde ocurren los hechos (Jefe Superior de Policía de Castilla y León y su equivalente en la Guardia Civil). Pero eso no ocurrirá. Lo más probable es que ambos mandos sean recompensados por haberse enfrentado al mando del Cuerpo hermano y defender al suyo, por encima del interés general de la ciudadanía que exigía la mayor eficacia en la resolución de un crimen.

Esto de esperar cinco meses, o dos años, para esclarecer un hecho sobre el que hay sólidos indicios para resolverlo en días o semanas es una técnica habitual en ambos Cuerpos de seguridad, porque es fácil de justificar como una ardua investigación algo que ha tardado meses/años en esclarecerse, y se tienen más posibilidades de conseguir una medalla en recompensa, que si se resuelve a los pocos días o semanas.

Otro caso terrible, el de Anabel Segura

En el caso de Anabel Segura, secuestrada y asesinada el 12 de abril de 1993, su cuerpo no apareció hasta dos años y medio después y durante ese tiempo los asesinos (uno muerto en la cárcel y otro desde hace dos años en libertad) hicieron creer a la familia que estaba viva y exigían un rescate. Una llamada telefónica recibida con la matrícula de un coche donde podría haber sido secuestrada en los primeros días del suceso durmió el sueño de los justos en un cajón, aunque en este caso cabe la disculpa de que se recibieron más de 30.000 llamadas de personas que querían contar algo del caso y no se investigaron todas (como debería haberse hecho con un elemental protocolo de actuación).

Finalmente, la difusión de una llamada del secuestrador fue decisiva para que una persona reconociera su voz y en septiembre de 1995 se produjera su detención, la de su esposa y la del cómplice, teniendo aún en propiedad la misma furgoneta cuya matrícula constaba en dependencias policiales como la usada para realizar el secuestro desde pocos días después del mismo.

En un caso más reciente, el robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago, 48 horas después de conocerse el mismo, un policía nacional de la escala básica destinado en un «Z» facilitó la identidad del que muchos meses después fue detenido como autor del robo, y en esta ocasión (como en otras anteriores) se hicieron constar arduas gestiones mantenidas en el tiempo sin referirse para nada a la minuta del policía, porque así algunos se llevan una medalla roja (con pensión vitalicia) si eres de la escala ejecutiva o superior, o una blanca si eres de la escala de subinspección o básica.

Pero de la maleta conteniendo 600.000 € hallada mientras se buscaba el Códice, de la legalidad o no de dicho dinero, si era «blanco» «negro» o apátrida nunca más se supo.

Zancadilleando al «Cuerpo hermano»

El «incidente» de Astorga es uno más que anotar en la larga lista de casos que han pasado por actuaciones como dejar circular un tren cargado de explosivos sin detenerlo porque cruzaba territorio del «Cuerpo hermano» y se harían cargo de la intervención, y era mejor esperar a la siguiente parada, ya en nuestro territorio, para desalojar y retirar la carga explosiva (que si hubiera estallado habría ocasionado muchos muertos, pero nunca se sabría que un cuerpo de seguridad del Estado podía haberla evitado).

O, también, negarse a que perros detectores de explosivos del «Cuerpo hermano» revisaran coches para saber si tenían explosivos el 11M, llegando a utilizar perros antidroga (no detectan explosivos) para engañar a los medios de comunicación y a la ciudadanía, mientras que, tras varias horas de búsqueda, los perros detectores de sustancias explosivas del Cuerpo actuante ya no servían.

O que se produzca un chivatazo en Francia en la primavera de 2012, por tres personas, dos hombres y una mujer (grabados en vídeo) a tres grupos operativos de ETA, que escaparon quitando incluso las balizas que tenían colocadas y coincidiendo con que el CNI, enfadado con uno de los Cuerpos porque no les había pasado unas diligencias de un detenido cuyos datos facilitaron ellos, pasaron los datos de los «comandos» terroristas al otro Cuerpo y la respuesta no se hizo esperar. Reuniones en las más altas instancias y que no se sepa nada fue la solución de este caso.

¿Un pueblo de salvajes violentos?

Y así seguimos, sumando además en nuestra brillante carrera como Estado-nación y de sus cuerpos de seguridad estatales cinco condenas en los últimos siete años por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la Corte de Estrasburgo) contra el gobierno de España (en tiempos de PSOE y PP) por no investigar denuncias de torturas. O teniendo un informe de la Comisión Contra la Tortura del Consejo de Europa que alerta sobre las prácticas de algunos oficiales de la Guardia Civil en este asunto (la mayoría de los más de 40 indultados tras ser condenados por torturas lo son, alguno indultado dos veces, y otros que de guardias o sargentos han ascendido hasta comandante o teniente coronel después de la condena por torturas y el indulto).

Pero luego nos resulta increíble que un juez belga (que además no se entera de la misa la mitad) no conceda la extradición de la terrorista «Pepona«, con un historial oculto que puede ser más sangriento que el de De Juana Chaos. Seguramente en España muy pocos conocerán los nombres de Tomás Linaza, Kepa Urra, Unai Romano, Marcelo Otamendi, Igor Portu, Martín Sarasola… pero en varios países de Europa sus denuncias por torturas, sus fotografías, las condenas a los torturadores con sus indultos y después las condenas por la negativa del Gobierno español a investigar las denuncias de tortura nos dejan en el exterior a la misma altura que con prácticas como el Toro de la Vega, como un pueblo de salvajes violentos, sin respeto a la ley ni a los derechos ya sean a seres humanos o a animales.