La corrupción política del sanchismo arrecia: la reconversión de espacios dedicados al cuidado de ancianos en centros de acogida para menores extranjeros no acompañados está provocando un intenso debate político y social en distintas regiones españolas, como Navarra, Asturias, Cataluña o Murcia. Esta controversia contrapone el modelo de gestión del Gobierno central y las ‘baronías’ territoriales socialistas con las críticas de sectores opuestos al gasto público derivado y a la privatización de servicios asistenciales, en este caso para ancianos, articulado en ocasiones por entidades no gubernamentales.

Uno de los puntos más emblemáticos de esta polémica se sitúa en Navarra, bajo la administración presidida por la sanchista María Chivite, que tanto le debe por igual al sanchismo como a los filoetarras. El ejecutivo foral tiene planificado el traslado de los ancianos residentes en el centro público Santo Domingo de Estella-Lizarra hacia la nueva infraestructura asistencial Urederra.

El objetivo institucional, dicen, es ‘liberar’ el inmueble histórico de Santo Domingo para destinarlo a la atención e integración de menores extranjeros. Alegan que los trasladan a un sitio nuevo, pero ocultan que existe -como en todas las comunidades españolas- una carencia absoluta de centros para mayores.

Desde una buena parte de la ciudadanía y de la oposición, así como de diversos colectivos sociales, exigen la paralización inmediata del traslado de los mayores, denunciando que se desmantela un espacio asistencial consolidado para dar prioridad a la agenda de acogida migratoria los que asaltan ilegalmente nuestras fronteras.

Lo mismo ocurre en Oviedo, donde el sanchista Adrián Barbón quiere reconvertir una residencia de ancianos existente en un moderno barrio residencial en un centro para Menas, lo que está provocando grandes manifestaciones en la capital asturiana. Pero Barbón le debe a Pedro Sánchez su ‘carrerón’ político y su gran sueldo mensual, al igual que Chivite, aunque en este segundo caso, con apoyo de los filoetarras.

La sociedad se moviliza contra las políticas sanchistas

Las manifestaciones y críticas contra Barbón y Chivite se articulan a través de tres ejes principales. En primer lugar, la gestión de recursos y prioridades: desde la ciudadanía se cuestiona la sustitución de plazas residenciales para la tercera edad —un sector vulnerable y muy dependiente, en el que hay carencia de plazas para atender todas las necesidades— por instalaciones orientadas a la tutela de menores migrantes. No vale con decir que son centros cerrados o que van a cambiar a otro sitio a los ancianos: es suficientemente conocida la grave carencia de plazas para mayores.

En ese sentido, España sufre un déficit estructural de casi 100.000 plazas en residencias de mayores para alcanzar la recomendación internacional del 5% de cobertura sobre la población mayor de 65 años. Alrededor de 50.000 de estas plazas son de urgente necesidad para atender a personas con dependencia severa o gran dependencia que permanecen en listas de espera.

En segundo lugar, la financiación de determinadas y supuestas ONGs -financiadas por George Soros, PP y PSOE– que gestionarían las políticas sanchistas sobre migraciones ilegales: la ciudadanía denuncia la externalización de la gestión de estos centros, en algunos casos, a organizaciones no gubernamentales que reciben subvenciones públicas y partidas presupuestarias del Estado, acusándolas de sostener una red asistencial opaca a costa del contribuyente.

En tercer lugar, la presión fiscal. En este aspecto, las críticas coinciden con el anuncio de reajustes e incrementos fiscales a partir de septiembre, lo que genera un gran malestar entre los trabajadores y pensionistas, cuyos impuestos y cotizaciones financian estos cambios presupuestarios. Los informes no mienten: cada hogar paga ya con Sánchez 1.657 euros más. Casi 16 euros de cada 100 que ingresan las familias se los queda el Estado. Se recaudaron 591.679 M€ en 2024 (37% del PIB), el nivel más alto. En 2015 era el 34%.

1.800 millones anuales para los Menas

Por otro lado, España destina más de 1.800 millones al año para atender a los inmigrantes irregulares y solamente 60 para impedir su llegada. El Gobierno invierte 20 millones al año para reforzar las fronteras y una cifra similar para luchar contra el tráfico de personas en los países del norte de África. Las comunidades autónomas sufragan más de 600 millones de euros al año para atender a los menores inmigrantes no acompañados.

El presupuesto que destinan las distintas comunidades autónomas al mantenimiento de la red de protección de menores no acompañados procede de una combinación de fondos propios presupuestarios de cada autonomía y transferencias extraordinarias del Gobierno de España.

A nivel nacional, se calcula que el coste global de la atención tutelar de menores migrantes supera los 1.800 millones de euros anuales sumando el esfuerzo de todas las administraciones. Dos son, fundamentalmente, las fuentes de financiación principal:

En primer lugar, las partidas de fondos autonómicos propios: La tutela de menores es una competencia ejecutiva y exclusiva de las comunidades autónomas. Cada autonomía financia la gestión asistencial a través de sus consejerías de Servicios Sociales e Inclusión Social mediante contratos de concertación con entidades del tercer sector o gestión directa de instalaciones.

En segundo lugar, las transferencias del Estado (Fondo de Contingencia y Sectorial). El sanchismo asigna créditos suplementarios mediante fondos acordados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Por ejemplo, en julio de 2026 el Consejo de Ministros aprobó un reparto de 35 millones de euros destinados a apoyar los sistemas de acogida en las distintas regiones.

Distribución por Comunidades Autónomas

El gasto final por región varía significativamente según la presión migratoria que soporta cada territorio, la capacidad ordinaria de su red de acogida y los convenios específicos firmados con ONGs e instituciones. Regiones como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Cataluña concentran los mayores volúmenes de inversión anual para la apertura de recursos habitacionales y atención técnica integral.

En el caso de autonomías como Navarra o Asturias, la financiación proviene de las partidas de protección a la infancia aprobadas en los presupuestos regionales anuales, complementadas por las asignaciones proporcionales de los fondos estatales para la reubicación de menores.

El debate sobre la reutilización de antiguas instalaciones sociosanitarias y residenciales para dar cobijo a menores migrantes o solicitantes de asilo se extiende a varias comunidades autónomas. Los casos más señalados en los últimos años donde se planteó el cambio de uso de inmuebles dedicados originariamente a personas mayores o asistencia sanitaria son:

Oviedo (Asturias) – Barrio de La Florida. El Principado de Asturias está impulsando la habilitación de un recurso de acogida para menores migrantes en un edificio que acogió una residencia geriátrica en el barrio residencial de La Florida, lo que ha generado un intenso debate vecinal y rechazo político por parte de la oposición. El edificio geriátrico está actualmente abandonado, pero en vez de reconvertirlo para acoger nuevas plazas de ancianos, de las numerosas que hay pendientes de concesión en Asturias, el inmueble se está arreglando para los Menas.

La lista de espera geriátrica en Asturias atrapa a 3.276 personas. La Consejería de Bienestar insiste en que solo 298 carecen de servicio alternativo, mientras que a los 2.612 a los que ha enviado una carta les da de plazo diez días para confirmar su interés por vivir en una residencia.

Vitoria-Gasteiz (País Vasco) – Antigua Residencia Arana. Aunque orientado como Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) para solicitantes de asilo e inmigración general —y no únicamente para menores no acompañados—, la conversión del emblemático edificio de la antigua residencia de Arana supuso uno de los proyectos de reconversión más controvertidos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria, presidido por la también agradecida sanchista Maider Etxebarria.

Sabadell y comarcas catalanas. La Generalidad de Cataluña, presidida por el también sanchista exministro de Sanidad, Salvador Illa, de infausto recuerdo, ha recurrido de forma recurrente al reacondicionamiento temporal de inmuebles en desuso de la red asistencial, como antiguos centros de día o inmuebles residenciales de titularidad pública/privada, para habilitar plazas de primera acogida de urgencia ante picos de llegada de menores.

Dinámica inversa en Murcia. En sentido contrario a la reconversión para menores, en Santa Cruz (Región de Murcia) se ha producido el proceso inverso: tras un acuerdo político presupuestario entre Vox y el Gobierno regional del PP, el centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados cerró sus puertas para reacondicionar el espacio como residencia de mayores.

IU exige a Sánchez que responda a la guerra híbrida de Marruecos

Ahora bien, tanto los planes de Barbón, Illa y Chivite están socialmente muy respondidos, sobre todo por la invasión -guerra híbrida- de Marruecos a Ceuta. El sanchismo está tan deteriorado y Pedro Sánchez tan desacreditado, que incluso uno de sus socios de cogobierno, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, junto a los también diputados de esta formación Francisco Sierra y Fèlix Alonso, han exigido, en una iniciativa registrada en el Congreso si se “revisará la política de ciberseguridad como política de Estado integrada en la seguridad nacional, desde una visión integral y autónoma respecto de intereses contrarios a nuestra soberanía que, desde Estados Unidos y la OTAN se vienen imponiendo”.

En un comunicado, IU ha advertido de que la “hostilidad” vista en los sucesos de Ceuta se caracteriza por “el ejercicio de una fuerte presión coercitiva -migratoria, diplomática y digital-, manteniéndose justo por debajo del umbral que justificaría una respuesta militar convencional” y que el análisis crítico de este escenario “no puede desvincularse del triángulo estratégico formado por Marruecos, Estados Unidos e Israel, una relación consolidada bajo los Acuerdos de Abraham y que afecta directamente a la posición geopolítica de España”.