Se suele decir que ‘perro no come perro’, o que ‘entre bomberos no se pisan la manguera’, pero la mayoría de los periodistas ni somos ‘perros’ ni tampoco ‘bomberos’. Es cierto que en la historia política y periodística de España las etiquetas navegan con una plasticidad admirable, pero no es menos cierto que el régimen sanchista nos ha retrotraído a tiempos cavernarios, donde la corrupción política-económica-periodística campaba por sus fueros, tanto que llegó a constituirse un llamado “sindicato del crimen” en los medios de comunicación -feliz etiqueta puesta por Juan Luis Cebrián-. Ahora, ese “sindicato del crimen” lo ocupa la sanchista ‘banda de los 61’, aunque que parece que son algunos más.

Cuando en los años noventa un grupo de firmas mediáticas cercó al felipismo en plena marejada de escándalos, la oratoria gubernamental bautizó al fenómeno como el ‘sindicato del crimen’. Aquella etiqueta -una ocurrencia de Cebrián, entonces exdirector de El País y consejero delegado de PRISA- definía a la perfección una alianza de plumas y micrófonos orientada, a instancias en ese momento de la derecha, a desalojar de cualquier forma al felipismo, recurriendo, incluso, a un juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, uno de los resentidos de Felipe González, por cuyo gobierno había pasado como Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Ahora, tres décadas más tarde, el panorama deontológico del periodismo español sugiere un giro dialéctico de ironía casi refinada: la articulación de un reverso simétrico cuya misión editorial no es fiscalizar al poder, sino, vía sanchismo, proteger a Sánchez, su familia y sus mariachis -en algunos casos, condenados por corruptos y, en otros, procesados por lo mismo- de las críticas legítimas de los mass media y de la oposición política. Se trata de un nuevo ‘sindicato del crimen’, pero esta vez articulado en torno a la lista de 61 supuestos periodistas que el abogado del PSOE, Jacobo Teijelo, decía tener controlados.

[Dado que viene al caso, recordemos que hace unas fechas el abogado penalista Jacobo Teijelo presumió en unos mensajes de WhatsApp intervenidos por la UCO de contar con una red de “61 periodistas habituales” a los que enviaba información y documentos para orientar el relato mediático e influir en causas judiciales y expedientes vinculados a una supuesta trama corrupta del sanchismo].

El oficio periodístico, según recogen los códigos deontológicos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y los principios rectores de la profesión a nivel europeo, sostiene su legitimidad democrática en una premisa elemental: la separación crítica frente al poder político. Sin embargo, la proliferación de argumentarios coordinados en tertulias matinales, vespertinas y nocturnas, sumada al alineamiento sistemático en prensa digital y escrita para amortiguar informaciones judiciales sobre el entorno de Sánchez y sus mariachis, pone de relieve una mutación estructural en la relación entre el periodista y la institucionalidad.

La arquitectura del nuevo auxilio social

Corren tiempos distópicos y muchos observamos con pavor cómo la fiscalización de los asuntos públicos por los mass media ha cedido espacio a una sofisticada arquitectura de contención narrativa. Ahora bien, esta maquinaria no es producto de la autocensura a la que, por ejemplo, abocó el régimen franquista a la prensa, sino que opera bajo dinámicas o incentivos económicos bien documentados que alteran la independencia analítica del supuesto periodista.

En primer lugar, hay que señalar la distribución de la publicidad institucional: la inversión pública en medios de comunicación se ha consolidado como un vector crucial de viabilidad financiera. El reparto de campañas de buzoneo, programas institucionales y patrocinios estatales actúa, de facto, como un mecanismo de incentivación o penalización según la línea editorial adoptada.

En segundo lugar, el circuito de la tertulia remunerada: la presencia reiterada de opinadores y todólogos en radiotelevisiones públicas y plataformas afines ha generado un ecosistema de retribución directa para aquellos a quienes ya no contrata ningún medio serio -por edad o por otras cuestiones-, pero se ven en la necesidad de comer. Los cachés fijados para las intervenciones periódicas convierten la defensa de posiciones gubernamentales en un ejercicio profesional altamente rentable, diluyendo el límite entre la información veraz y el activismo de trinchera.

En este punto, viene a cuento una anécdota protagonizada a principios del siglo XX por el torero Rafael Gómez Ortega “El Gallo” cuando vio a un grupo de periodistas esperando bajo la lluvia y mandó que los pasaran a comer a su casa: “¿Qué están ahí los periodistas? ¡Pobrecitos! Que pasen y que coman”.

En tercer lugar, la aparición y extensión del fenómeno del argumentario en red: la coincidencia casi literal de enfoques, adjetivación y marcos conceptuales entre diferentes medios en respuesta a investigaciones judiciales sobre el entorno más íntimo de Pedro Sánchez revela un nivel de disciplina organizativa que compromete el pluralismo y el libre examen de los hechos.

El caché se impone, o cuando la pela es la pela

¿Cuánto puede ganar un todólogo de los que pululan en el mercado tertuliano por alquilar su voz a determinadas fuerzas políticas, en el gobierno o en la oposición de cualquier signo? Las cifras varían, pero en todas ellas vemos una máxima rentabilidad a cambio de docilidad y en numerosos casos maleabilidad -cuando no manipulación burda- de los datos.

Empecemos con RTVE, la radiotelevisión pública. Los datos detallados por la propia dirección de la corporación pública desglosan las horquillas de pago por intervención: Magacines matinales (La Hora de La 1, Mañaneros): entre 150 y 450 euros brutos por participación. El montante exacto depende de la duración del bloque y del caché del periodista.

Canal 24 Horas (La Noche en 24 Horas): fijado en 200 euros brutos por programa.

Radio Nacional de España (RNE): entre 100 y 200 euros por intervención en sus espacios informativos y de debate.

En las cadenas televisivas privadas (Atresmedia, Mediaset) la situación es muy similar. Sus tarifas se estructuran mediante acuerdos de exclusividad o por intervención diaria. Así, las mesas de actualidad política matinal y vespertina suelen situarse entre 200 y 500 euros por programa para firmas de perfil medio-alto.

Programas de prime time (horario máxima audiencia): de 400 a 800 euros por emisión, pudiendo alcanzar cifras superiores en debates semanales nocturnos o en perfiles con gran tirón mediático.

Contratos de exclusividad. Ahora bien, determinadas firmas o directores de medios firman contratos globales (que oscilan entre los 3.000 y 8.000 euros mensuales) por participar en varios espacios de un mismo grupo audiovisual de forma fija.

La radio comercial (SER, COPE, Onda Cero) rebaja un poco las cifras, pero sigue siendo un bocado suculento. Tertulias matinales de gran audiencia: entre 150 y 300 euros por programa. Espacios nocturnos / resumen del día: entre 100 y 200 euros por intervención.

De esta forma, dado que los periodistas más cotizados combinan intervenciones semanales en televisión pública, televisión privada y radio, los ingresos anuales procedentes exclusivamente de tertulias políticas oscilan de forma habitual entre los 20.000 y los 60.000 euros anuales por profesional, sumándose a sus salarios o ingresos fijos en sus respectivos medios de prensa escrita o digital -en el caso de que estén empleados-.

Hubo folklóricas discotequeras que hace no muchos años se desgañitaban gritando: ‘Yo por mi hija, mato’, un arrebato muy rentable en su momento. Ahora el grito ha cambiado de bando: dado que, como todos sabemos, son los partidos los que suelen imponer a sus conmilitones y portacoces en las tertulias, perder este nicho es casi perder la vida. ¿Cuál es el resultado? La pérdida de la inocencia y de la credibilidad.

Compromiso deontológico frente a la (sin)razón de Estado

No nos engañemos: desde la perspectiva de la ética periodística, el problema no radica en la adscripción ideológica -legítima en cualquier sociedad plural-, sino en la subordinación de la verdad factual a la supervivencia de una opción política. Cuando la revelación de irregularidades administrativas, tráfico de influencias o corrupción institucional se aborda con la consigna previa de “tapar” o “neutralizar” el daño electoral, determinados profesionales abandonan su rol de contrapoder para asumir el de gabinete de crisis. Ésa es la labor de los llamados ‘sindicatos del crimen’.

El verdadero drama deontológico con el régimen sanchista no es la existencia de debates acalorados ni la pugna partidista, sino la normalización de la trinchera como hábitat natural de la prensa. Un periodismo que sustituye la indagación de los hechos por la protección del gobernante renuncia a su única credencial frente a los ciudadanos: la independencia. Y cuando el micrófono se transforma en un escudo institucional pagado con recursos públicos, la información deja de ser un derecho democrático para convertirse, sencillamente, en una prestación de servicios.

En otros tiempos se llamaba ‘fondo de reptiles’; pero también reciben otros nombres más escatológicos.