Pablo Iglesias aceptó bajar el diapasón de su crítica a la política de Rodríguez Zapatero y dejar de calificar de ‘reaccionaria’ su reforma laboral de 2010, alineándose así incluso con las tesis laudatorias del FMI, para explorar la posibilidad de llegar a un pacto de gobierno de izquierdas a la valenciana con el PSOE. Así se deduce del documento que Iglesias entregó al socialista Antonio Hernando y a Ciudadanos en la reunión del jueves 7 de abril.
«La propuesta aquí contemplada deroga fundamentalmente la reforma laboral del Partido Popular (2012)», dice el documento de 20 puntos que Pablo Iglesias e Iñigo Errejón entregaron a las comisiones negociadoras del PSOE y de Ciudadanos en esa reunión del 7 de abril, pero añade un parrafito espectacular:
«Se hace menos hincapié en los aspectos lesivos de la reforma laboral del PSOE (2010), dándose por buena una parte de dicha reforma. Se acepta la causalidad del despido por razones económicas, pero se refuerza con más garantías».
De esa forma, en el punto 11 (Reforma del mercado de trabajo) del citado documento Iglesias se alinea de hecho con la posición que ha mantenido el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), una organización neoliberal que defiende a ultranza los intereses del capital y que el pasado mes septiembre dio por excelentes las explicaciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero, a través de su director ejecutivo en el FMI, Ramón Guzmán, que calificó de «revolución» la reforma laboral que aprobó en 2010, según reflejan las actas de las reuniones del Fondo que se desclasificaron entonces.
El Ejecutivo de Zapatero, que en 2010 negaba en público que su reforma laboral supusiese un abaratamiento del despido, exhibió ante el organismo presidido en ese momento por el presunto violador de camareras de hoteles Dominique Strauss-Kahn que su reforma, que le costó una huelga general en España, sí significaba en la práctica un menor gasto para las empresas por las indemnizaciones de los trabajadores, según defendió el representante español en una reunión en el organismo celebrada el 14 de julio de 2010.
En 30 años y hasta ese momento, España llevaba una cincuentena de reformas laborales en total, pero todas ellas guardan un elemento en común: sus gobiernos siempre habían intentado que el abaratamiento del despido, cuando estaba incluido en la ley, pasara lo más desapercibido posible en su discurso público. Y eso es lo que ocurrió con la reforma que el Gobierno de José Luis Rodríguez aprobó en 2010. Sin embargo, el Gobierno sí exhibió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) ese recorte de las indemnizaciones y aseguró que en la legislación laboral española se habría producido una «revolución» y se había abaratado el despido.
El Gobierno del PSOE había puesto en marcha una reforma financiera -que luego se descubrió corta- y aprobó una reforma laboral. Entre otras medidas, casi se generalizaba la posibilidad de firmar contratos laborales con un despido improcedente de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades -algo restringido hasta entonces- y se permitía la rescisión procedente -20 días por año trabajado con un límite de 12 meses- si la empresa esperaba tener números rojos en el futuro. La expresión «pérdidas actuales o previstas» se incluyó en 2010 en el Estatuto de los Trabajadores.
Esas medidas le costaron una huelga general al gobierno socialista, mientras Zapatero quitaba hierro a los cambios: «La reforma es sustancial y equilibrada porque mantiene básicamente la red de derechos de los trabajadores y favorece las expectativas de que el empleo precario se transforme en indefinido y a los empresarios les da oportunidad de adaptarse a la situación económica», decía el entonces presidente.
Pero el director ejecutivo del Fondo por España, Ramón Guzmán, era mucho más sincero ante los poderosos del FMI y paralelamente defendía lo trascendental de la medida y resaltaba el abaratamiento del despido. «El segundo propósito de la reforma es intentar extender contratos con menores costes de despido. Las indemnizaciones han sido menores y los despidos por motivos económicos se han extendido de forma que los juzgados no puedan bloquearlos«, señaló la reunión con el Fondo que tuvo lugar el 14 de julio de 2010, según recogen las actas del encuentro.
Pero ahora, Podemos pasa por las horcas caudinas y reaccionarias del portavoz socialista en el Congreso y líder del equipo negociador del PSOE, Antonio Hernando, y da por bueno lo que en el programa de Podemos era malo: «Se hace menos hincapié en los aspectos lesivos de la reforma laboral del PSOE (2010), dándose por buena una parte de dicha reforma. Se acepta la causalidad del despido por razones económicas».
«Cosas veredes, Sancho», que dijo Don Alonso Quijano. O más bien «Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros», que dijo Marx (Groucho).