Los puntos en los que Podemos dice haber ‘modulado’ su programa electoral, pero que contiene exactamente la mayor parte de sus exigencias, incluyendo la separación de Cataluña y la ruptura del PSOE, al querer negociar exclusivamente con el PSC el referéndum de autonomía al margen de la organización federal y que luego el PSOE acepte las propuestas que salgan de esa mesa de negociación. Además, excluye a Ciudadanos de un gobierno de coalición. En resumen, se trata de un documento con la evidente intención de no ser aceptado por las otras dos partes (PSOE y Ciudadanos).

He aquí un resumen de las propuestas que Pablo Iglesias presentó en la reunión (no)negociadora del pasado 7 de abril en el Congreso de los Diputados.

1. Renta garantizada

El elemento de flexibilidad que introducimos en la propuesta, para facilitar su negociación, es la cuantía de la prestación. Podemos fijó en su programa electoral una renta garantizada de 600 € al mes (ampliable en función del número de miembros de la unidad de convivencia). No obstante, en esta propuesta se especifica que durante la primera mitad de la legislatura el umbral se situará en los 500 €, para llegar hasta los 600 € en la segunda mitad de la legislatura.

La implicación es que disminuye tanto el número de beneficiarios como el coste total del programa: la propuesta de Renta Garantizada realizada por Podemos en su programa electoral estaba presupuestada en 15.000 millones de euros anuales (incluyendo el complemento salarial), mientras que esta propuesta presentaría un coste aproximado de 8.600 millones al año.

2. Educación. Escuelas infantiles

En el programa electoral de Podemos nos comprometimos a universalizar el acceso gratuito a la enseñanza infantil (de 0 a 6 años) de manera inmediata, apostando por desarrollar en la siguiente legislatura una educación infantil (de 0 a 3 años) universal y gratuita. Sin embargo, la necesidad de revertir los recortes educativos que han tenido lugar desde 2010, junto con la modificación de la propuesta fiscal incluida en este documento, determinan que el margen presupuestario para desarrollar dicha etapa educativa sea más limitado.

Por ello, durante la próxima legislatura únicamente será posible garantizar, en la segunda mitad del mandato, la universalización de los cursos de educación infantil correspondientes a los 2 y 3 años. Se desarrollará un calendario progresivo de implantación de la medida que abarque desde 2016 hasta 2020 (medida propuesta en el acuerdo PSOE-Ciudadanos, página 26).

3. Sanidad. Copagos farmacéuticos

Aceptamos aplazar la ampliación de la cartera de medicamentos financiados por la sanidad pública, defendida en nuestro documento Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías (página 45, punto 5). Igualmente cedemos en nuestra aspiración de suprimir el copago farmacéutico en los términos en que se amplió a la largo de la X Legislatura, en favor de una revisión basada en criterios de necesidad y cronicidad, tal y como se refiere en el programa electoral del PSOE (página 203) y en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos (página 35).

4. Pensiones

En concreto, proponen:

• Introducir progresivamente la financiación por vía impositiva del sistema para complementar en lo que sea necesario la financiación mediante cotizaciones sociales, incluyendo el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida. Por tanto, se derogará el factor de sostenibilidad.
• Recuperar la indexación de las pensiones al IPC para asegurar, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo, y derogar el actual factor de revalorización.
• Aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que a lo largo de dos legislaturas sean iguales al Salario Mínimo Interprofesional.
• Eliminar el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.
• Revitalizar la Comisión de los Pactos de Toledo para que sea en su seno donde se aborde y se estudie de forma consensuada, junto con los actores sociales y sindicales, nuestra propuesta para volver a situar la edad de jubilación en los 65 años, adaptando de nuevo el número mínimo de años de cotización necesarios para cobrar la pensión completa y el periodo de cálculo de la base reguladora.

5. Atención a la dependencia

Proponen que el nuevo Gobierno ponga en marcha de forma urgente un plan para la recuperación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que contemple las siguientes medidas:

• Recuperar los niveles de financiación por persona dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.
• Establecer un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho, pero que actualmente se encuentran en lista de espera.
• Incrementar el porcentaje de dependientes atendidos por servicios profesionales, y poner en marcha de forma progresiva la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena.

6. Vivienda y suministros

Proponen:

• Impedir los desahucios de personas en situación de exclusión o emergencia social por impago de sus obligaciones contractuales sin una alternativa habitacional.
• Regular la obligación legal de colaboración para la provisión de vivienda para políticas socia-
• les por parte de los grandes tenedores de viviendas.
• Convertir la SAREB en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler que preste especial atención al alquiler social.
• Regular por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30% de la renta familiar.
• Regular el derecho a una alternativa habitacional para mujeres víctimas de las violencias machistas.
• Garantizar el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada, con la intención de impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
• Regular la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos. Se limitará la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado.

7. Igualdad entre hombres y mujeres

Proponen:

• El incremento de las atribuciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de las discriminaciones en la contratación, promoción y retribución.
• La reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso será: igual para cada persona progenitora; intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales; pagado al 100% del salario; y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad. El objetivo es llegar a las 10 semanas de paternidad (y 16 de maternidad, tal y como ahora sucede) al final de la legislatura, quedando el resto del calendario de ampliación para la próxima legislatura.
• La creación de una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones.
• Medidas de atención especial a familias monoparentales (mayoritariamente mujeres), para que el cuidado no sea incompatible con la carrera profesional.
• Un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

8. Terminar con la austeridad fiscal

Creemos que puede alcanzarse el objetivo de elevar la ratio ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de la legislatura a través de las medidas que se proponen en el punto 10, con lo que el déficit podría reducirse en esta misma magnitud (hasta el 2,2%). El desglose de las partidas de gasto contemplado sería el siguiente:

• La mitad del paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y sanidad, de forma que el peso sobre el PIB de la inversión en estas partidas sea el mismo que en 2009 (4,6% y 6,8%, respectivamente).
• El gasto en protección social se mantendría 1,3 puntos porcentuales por encima de lo que prevé la política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría poner en marcha el Plan de Renta Garantizada, la extensión de la atención a la dependencia y la revalorización de las pensiones propuesta.
• El resto de la diferencia con el Programa de Estabilidad (1,2 puntos porcentuales) se destinaría a políticas medioambientales, vivienda y servicios comunitarios, ocio y cultura.
• El resto de partidas (servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos económicos) sí mantendrían la reducción prevista en el Programa de Estabilidad actual.
• El desarrollo de la inversión pública estaría centrado en financiar la transición energética vinculada al cambio de modelo productivo.
• Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas fiscales adecuadas a la posición cíclica de la economía y a las necesidades de reforzamiento del Estado de bienestar, y poner en marcha la reforma del artículo 135 de la Constitución española.

[Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una propuesta de expansión fiscal de 96.000 millones de euros para los 4 años de la legislatura. En esta propuesta dicha cifra se reduce aproximadamente un tercio, hasta los 62.000 millones de euros (15.500 millones anuales)].

9. Nueva senda de reducción del déficit

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una propuesta de reducción del déficit público del 2,5% para la próxima legislatura. Se acepta aquí una disminución del déficit más rápida, del 3% para el conjunto del periodo.

10. Reforma tributaria progresiva

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una reforma tributaria que incrementase la recaudación fiscal un 4% del PIB. Se relaja aquí ese objetivo en un punto del PIB. La vía para articular esta flexibilización pasa fundamentalmente por descartar subidas en los tipos nominales del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y centrar los esfuerzos de la reforma en elevar exclusivamente los tipos efectivos de dichas figuras tributarias.

No se incrementarían por tanto los tipos marginales máximos para rentas superiores a los 60.000 euros al año (aunque sí el tipo efectivo a pagar, vía eliminación de deducciones), ni tampoco se restituiría el tipo general del Impuesto de Sociedades al 30%.

11. reforma del mercado de trabajo

Es necesario avanzar en el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad. Para conseguirlo pensamos que un Gobierno de cambio debería apostar, entre otras, por las siguientes medidas:

• Aprobar un calendario de incremento del Salario Mínimo Interprofesional que permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes.
• Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue los aspectos más lesivos para los intereses de los trabajadores de la última reforma laboral, con los objetivos de: 1) reducir la precariedad; 2) reequilibrar la negociación colectiva; 3) impulsar la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa; y 4) eliminar las discriminaciones de género.
• Reformar la contratación temporal y a tiempo parcial. Se establecerá un contrato único temporal (en lugar del contrato estable y progresivo) que contemplará las causas que justifiquen la utilización de ese modelo de contrato. Los contratos temporales cuya causa sea una obra o servicio determinado se convertirán de manera automática en indefinidos cuando su duración sea superior a un año o cuando se concatene una sucesión de dichos contratos durante ese periodo.
• Modificar la actual regulación del despido: a) en el despido improcedente el trabajador tendrá la titularidad de la opción de optar por la indemnización o la readmisión en la empresa; b) se recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley; c) se reforzará la causalidad del despido por razones económicas, productivas, técnicas y organizativas; d) se revertirá el abaratamiento del despido de la reforma laboral de 2012; e) la autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo será obligatoria.
• Reformar la negociación colectiva: a) Los convenios sectoriales tendrán preminencia sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y se modificará la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos; b) se reconocerá el grupo empresarial como unidad de negociación; c) se aprobará un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos; d) con la finalidad de mejorar la eficacia de los sistemas de representación en la empresa, se ampliará el ámbito de representación de los trabajadores a todas las empresas y centros de trabajo que carezcan de representación unitaria; e) se suprimirá la unilateralidad del empresario para fijar condiciones de trabajo, estructura y cuantía del salario; f) se reforzarán las garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de autotutela.
• Fortalecer los procedimientos de información y consulta mediante la implantación de un sistema similar a los Consejos de Vigilancia establecidos en Alemania.
• Impulsar los mecanismos de flexibilidad interna (a través de la reducción de la jornada laboral) en las empresas ante los cambios en la demanda y en el nivel de actividad económica, para evitar tanto los despidos como los ajustes a través del salario. Ante reducciones de la jornada, debe existir compensación salarial del sector público.

[Podemos estableció en su programa electoral una subida del SMI hasta los 950 euros al mes al final de la legislatura. En esta propuesta reducimos a 900 euros al mes nuestra petición de aumento del salario mínimo a lo largo de la próxima legislatura.

Por otro lado, la propuesta aquí contemplada deroga fundamentalmente la reforma laboral del Partido Popular (2012). Se hace menos hincapié en los aspectos lesivos de la reforma laboral del PSOE (2010), dándose por buena una parte de dicha reforma. Se acepta la causalidad del despido por razones económicas, pero se refuerza con más garantías].

12. Plan nacional de transición energética (PNTE)

Un PNTE estructurado alrededor de dos ejes:

• 1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas.
• 2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.
• El PNTE estará acompañado de una reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluirá: una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia); el establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical; la modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico, de modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes reales de producción; la aprobación de una legislación del autoconsumo de manera que a) la energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición; b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora; c) los trámites administrativos sean ágiles; d) se permitan instalaciones compartidas; la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores; el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024; la recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.

Finalmente, no se autorizarán ni prospecciones ni instalaciones de fractura hidráulica (fracking) por ser contrarias a la transformación del modelo energético que persigue el PNTE.

13. Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares

Pensamos que es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM). Por otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el marco de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

[La propuesta original contenida en el programa de Podemos establecía que podrían acogerse a este proceso de reestructuración de la deuda hipotecaria aquellos hogares que tuvieran ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (22.365 euros al año). Se endurece ese criterio en la propuesta actual, de modo que el umbral para acogerse a dicho proceso de reestructuración pasa ahora por tener ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM (18.637 euros al año)].

14. Nueva política industrial

Se fijará como objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB. Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO.

15. Reforma de la función pública

Aceptamos la propuesta de Ciudadanos incluida en el documento suscrito junto con el PSOE (página 50) de elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación.

16. Sistema electoral

Defendemos una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que refuerce la proporcionalidad de nuestro sistema electoral.

Podemos proponía en su programa original la inmediata modificación del artículo 68.2 de la Constitución española para sustituir la circunscripción provincial por la circunscripción autonómica.

En esta propuesta, restringimos nuestra aspiración de modificación al ámbito de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tal y como se propone en el documento suscrito entre el PSOE y Ciudadanos (página 49), rebajando los contenidos relativos a la proporcionalidad del sistema (solo se abordarán aquellos enmarcados en la LOREG) y circunscribiendo la revisión a la apertura de las listas, la incorporación de exigencias de democracia interna en los partidos o reducción del número de diputados asignados por provincia.

17. Financiación de los partidos

Desarrollo de una nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, centrada en la prevención del delito específico para los partidos y la erradicación de la corrupción con las siguientes propuestas relativas al control de la financiación:

• Equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos.
• Prohibición de las donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias.
• Limitar severamente el endeudamiento bancario por parte de partidos políticos.
• Aumento del plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y aclaración de los casos de duplicidad de sanciones.
• Desarrollo específico adaptado a formaciones políticas de la norma expresada en el artículo 31 bis del Código Penal dirigida a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5.000 euros al año.

18. Puertas giratorias

Se deben adoptar las siguientes medidas:

• Extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales.
• Acceso público a las agendas de los cargos públicos, especialmente en su relación con las empresas privadas y el establecimiento de la incompatibilidad de contratar con aquellas con las que exista o haya existido algún vínculo personal, familiar o relación de amistad conocida públicamente.
• Extender la incompatibilidad de los cargos públicos y políticos a las relaciones profesionales remuneradas de cualquier tipo con empresas o grupo de ellas que previamente hayan tenido alguna relación contractual con la Administración o hayan recibido subvenciones o exoneraciones de cualquier tipo.
• Establecer un mínimo de cinco años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública.
• Impedir que cualquier excargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado.
• Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.
• Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

19.Derecho a decidir

Queremos desarrollar un Estado plurinacional en el que todas las comunidades nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones. Proponemos empezar así por el reconocimiento previo y específico de las diversas realidades nacionales, para poder abordar después el modelo territorial, mientras aseguramos el respeto a los diversos campos competenciales.

Dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, desplazamos el ámbito de negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa de negociación integrada por En Comú Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir como propio el acuerdo que ambas fuerzas alcancen.

20. Gobierno de coalición

Un Gobierno de cambio debe estar integrado en coalición por las distintas fuerzas progresistas que lo sustentan (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís) en función de sus respectivos apoyos electorales. Este debe ser un Gobierno de cambio, plural y proporcional, que asuma que el nuevo sistema pluralista obliga a abandonar el rodillo parlamentario de las mayorías absolutas e instala el diálogo y el respeto en el centro de la vida política, tanto en Congreso como en el Ejecutivo; un Gobierno de coalición que posea la virtud de construir estabilidad política en un escenario fragmentado y facilite la normalización del diálogo entre partidos con planteamientos políticos diferentes.

Para ello, apostamos por un Gobierno en el que, además de los representantes de las distintas fuerzas progresistas y de cambio, se integren personas independientes acordadas por consenso. Podemos facilitará todo cuanto le sea posible la formación de ese Gobierno. El propio Pablo Iglesias ya ha declarado que si su presencia en dicho gobierno constituye un obstáculo para su conformación, él dará un paso atrás.