Quede claro: los “pijiprogres” tienen el mismo derecho a la vivienda digna que cualquiera, faltaría más. Y deben conseguirlo. La cuestión es que cuando se constituyen asociaciones de votantes, subvencionadas por el ayuntamiento correspondiente a sus votantes, lo que se produce son los rescates clientelares. Barcelona es un notable ejemplo del resultado de políticas efectuadas durante años y cuyo resultado es evidente: todo es más caro y peor para quienes se dice querían proteger.
La compra de la casa Orsona viene a ser un escandaloso ejemplo de lo que no es política de vivienda.
La casa Orsona se ha comprado al fondo Lioness por 9,2 millones de euros: prácticamente el doble de lo que el fondo pagó en 2021. No es un fondo de la época de la burbuja, sino mucho más reciente. El Ayuntamiento podría haber ejercicio, en esa fecha, un derecho de retracto y quedarse la casa por su valor inicial; ahora ha decidido pagar el doble.
La compra se efectuará por el Ayuntamiento y una asociación (Habitat3) que, se supone, paga la mitad. ¿De dónde saca la asociación dinero para pagar la mitad de la compra? Pues de alguna subvención. O sea, que será de todas, todas, un dinero público.
Esta compra contribuye, en primer lugar, a la especulación. Descontando una vivienda no habitable y el sótano, cada una de las 27 viviendas habrá salido, con la repercusión de los locales, por encima de los 350 mil euros, lo que no hace sino subir el precio en la zona, no sólo de la vivienda, sino de fondos similares que verán la perspectiva del pelotazo a su alcance, en este caso el fondo ha doblado la inversión.
Se ha comprado un edificio en el que solo hay 9 viviendas vacías. Cinco estaban en proceso de desahucio. En realidad se ha comprado la casa para cinco personas.
Además de la especulación, la compra constituye un notable ejemplo de desigualdad. Ninguna de las personas en proceso judicial es vulnerable, las viviendas alquiladas y no en proceso judicial (7) lo son por renta antigua.
En Barcelona se han identificado 400 edificios similares, con precios superiores a los de esa casa, y personas notablemente vulnerables que no han sido atendidas por las preocupaciones municipales, muy atentas al profesor Josep que no quería pagar su contrato. En una palabra, en esta operación, las personas vulnerables transfieren renta a quienes no lo son.
El problema es que el Ayuntamiento, el de Barcelona y algunos otros más, han trasmitido con sus gestos y sus discursos a los vecinos y vecinas que un alquiler es un usufructo.
Que todo el que alquila, pague o no, tiene derecho al alquiler de por vida, un contrato indefinido y vitalicio, con herencia a sus hijos. Esa fue la práctica franquista que provocó que en España desapareciera el mercado de alquiler para pasar al de propiedad.
Los discursos del populismo municipal y muchas de las medidas urbanas están creando “pánico inmobiliario”. Los propietarios retiran viviendas del mercado del alquiler y quienes tienen contratos entran en pánico ante la eventualidad de perder sus alquileres.
Las razones que explican la crisis de vivienda han sido ampliamente identificadas, con bastante acuerdo. En primer lugar, un crecimiento demográfico en las grandes ciudades, procedente en buena media de la inmigración; también, una regulación del suelo, normativas y planes generales notablemente retrasada sobre la realidad; la paralización de la provisión de vivienda pública o subvencionada en los últimos años y una mala regulación de los pisos turísticos, junto a la compra de vivienda por extranjeros que el gobierno, por cierto, en poco explicable criterio -expulsar extranjeros en España no parece muy inteligente- quiere tasar con impuesto.
Una de las razones que nos aleja de soluciones es probablemente la confusión sobre múltiples datos económicos. Se estiman mal las subidas reales de precios, se mezclan viejos y nuevos contratos, se titula como riesgo de pobreza derivada de la vivienda lo que no lo es exactamente y cosas parecidas. Se elaboran índices de subidas de límites de precios, etcétera.
Sobre estas y otras cuestiones les hablaré esta semana, se me van preparando, incluidas el análisis de medidas del PSOE o del PP que, mezclando churras y merinas, acaban sumando políticas de oferta o demanda que pueden tener efectos contradictorios y a veces ineficaces o que, en el pasado, no ofrecieron resultados.
Lo que sí parece claro es que si las administraciones responden a grupos de presión, antes que análisis ajustados de la situación no se resolverá el problema.
Que la vivienda se haya convertido en un problema electoral del que las fuerzas radicales esperan sacar beneficio y que las mayoritarias tratan de compensar con servicios clientelares, tipo casa de Orsona, ni ayuda a los vulnerables ni es política de vivienda.
