El empresario José María Ruiz-Mateos ha fallecido a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz). El primero en dar la noticia ha sido el que fuera su abogado durante muchos años, Joaquín Yvancos, y lo ha confirmado la familia. El fundador de Nueva Rumasa estaba ingresado en este centro hospitalario desde mediados de agosto, cuando sufrió una caída en el Puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó con una neumonía.

Con la muerte de Ruiz-Mateo, el patriarca que vivía impaciente y tembloroso su otoño, se cierra otro de los asuntos más espinosos de la España contemporánea; un asunto que se inició con la expropiación de Rumasa el 23 de febrero de 1983. A continuación, El Satiricón ha preparado una larga reseña biográfica de este personaje y su familia.

José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada nació el 11 de abril de 1931 en Rota (Cádiz) y falleció el 7 se septiembre de 2015 en un hospital del Puerto de Santa María. Estaba casado con María Teresa Rivero, con la que tuvo trece hijos (una de sus hijas, Paloma, apareció en los medios de comunicación por lanzar en una ocasión una tarta contra Isabel Preysler y otra contra Mariano Rubio, el 11 de junio de 1994). Era el tercer hijo de una familia numerosa (seis hijos) y pasó su niñez en Rota hasta que su padre, comerciante de vinos, trasladó el negocio a Jerez de la Frontera. Estudió el Bachillerato en el colegio de los salesianos de Ronda (Málaga) y se graduó como profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Jerez.

Con grandes cualidades para el negocio, reunió en torno a sí a un grupo de empresas con las que constituyó en 1961 Rumasa (Ruiz Mateos Sociedad Anónima) y adoptó como logotipo una abeja en el interior de un hexágono. En 1967 ya tenía abierta su sede central en Madrid y el grupo comenzó una enorme expansión: 8 bancos, 59 empresas filiales y asociadas y 15.000 puestos de trabajo (en 1971). En el decenio siguiente, el crecimiento de Rumasa fue vertiginoso: 400 empresas que facturaron 350.000 millones de pesetas, se habían creado 60.000 puestos de trabajo directos y 300.000 indirectos en 30 sectores de actividad (en 1982).

En el momento de la llegada del PSOE al poder (octubre de 1982), el holding tenía 51.400 millones de recursos propios y 220.000 el Grupo de Empresas, mientras que la cifra de accionistas se elevaba a 100.000. Rumasa se había convertido en la primera empresa privada de España que durante 20 años no pagó dividendos y reinvirtió sus beneficios en nuevas empresas. Pero, ante las supuestas irregularidades del grupo, el Gobierno socialista de Felipe González decidió su expropiación (23.02.1983), al estimar el ministro de Economía, Miguel Boyer, que el “agujero” del holding era de 200.000 millones.

A partir de entonces, Ruiz-Mateos hizo de todo: huyó de España, vivió autoexiliado en Londres durante un año, no compareció a juicios, fue declarado en rebeldía, hizo numerosas declaraciones, cada vez más agresivas, atacando a personas e instituciones y se convirtió en un perseguido de la justicia española. Fue acusado, incluso, de injurias al Jefe del Estado y de los delitos de apropiación indebida, falsedad, delitos fiscales y estafa.

Una vida rocambolesca

Tras la expropiación, se refugió en Londres, de donde desapareció (febrero de 1984) durante un mes y medio, en el que viajó por países del Caribe y Estados Unidos, donde se dijo que hasta tuvo un affaire amoroso, cosa extraña dado que siempre dijo ser del Opus Dei.

[Sin embargo, años después ni tan siquiera sus férreas ideas ultracatólicas sobre la familia pudieron soportar el vendaval que produjo la entrada en escena de Adela Montesdeoca, una joven americana veinteañera que reclamaba ser su hija número 14. Él se ha muerto sin reconocerla legalmente y por eso, nada más saltar la noticia, Teresa Bueyes, la abogada de ésta, remitió al juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) un exhorto para que se le practicara al cuerpo yacente de Ruiz-Mateos la prueba de ADN que, en caso de ser concluyente favorablemente, acercaría a su cliente a los «cinco mil millones de euros de herencia que tiene repartida por ahí». Bueyes alertaba a las autoridades: «Que no lo incineren, que no lo incineren»].

Siguiendo el hilo cronológico, de regreso a Londres (07.04.1984), permaneció en el Reino Unido hasta la finalización de su permiso de residencia (18.04.1984), viajando a Francfort (Alemania), en cuyo aeropuerto fue detenido (25.04.1984) por la policía alemana, a su regreso de un viaje a Estados Unidos, e ingresó en la prisión de Preungesheim (Francfort), en espera de los trámites para la extradición solicitada por el Gobierno español. Concedida la extradición (1985), ingresó en la cárcel madrileña de Carabanchel, donde permaneció hasta la concesión de la libertad provisional (1986).

Los procesos contra Ruiz-Mateos se fueron acumulando. La Audiencia Nacional presentó querella criminal (26.12.1984) contra él y su abogado en esa etapa, Ramón Pelayo, por supuesto desacato al Tribunal Constitucional al criticar una de sus sentencias. No se presentó ante el juez (agosto 1988) en protesta por la tardanza en ser sometido a juicio y el juez de delitos monetarios, Vázquez Soto, acordó prorrogar un año más la prisión preventiva de Ruiz-Mateos por entender que éste podría eludir la acción de la justicia.

En esa situación, inició una vida rocambolesca: salió ilegalmente de España con destino a Portugal y, tras cambiar varias veces su residencia, fue detenido en un área de servicio de la autopista A-7 en Tarragona. Entró y salió continuamente de la cárcel hasta que, en la Audiencia Nacional, donde había sido llevado para prestar declaración, se negó a declarar, insultó a la fiscal del caso y, aprovechando un descuido de los policías, huyó disfrazado con una peluca y una gabardina. Nuevamente detenido (Lepe, Huelva), regresó a la cárcel de Alcalá-Meco, hasta que le fue concedida una nueva libertad provisional en espera de juicio.

Pedía a gritos “un juicio”, pero sus acciones retrasaron continuamente la vista: suspendida (30.03.1989) al renunciar a ser defendido por sus abogados, designándosele uno de oficio. Todo parecía importarle poco: llegó a agredir al entonces presidente de Cartera Central y ex ministro de Hacienda cuando la expropiación de Rumasa, Miguel Boyer, al tiempo que le dirigía una serie de insultos (entre ellos la frase “¡Que te pego, leche!”), hecho por el que el fiscal pidió para él una pena de 20 a 30 años de prisión.

De la cárcel al europarlamento

Con pocas alternativas ante sí, optó por presentarse como cabeza de lista en las elecciones al Parlamento Europeo (15.06.1989) por la “Agrupación de Electores Ruiz-Mateos”, obteniendo dos escaños, el suyo y el de su yerno, Carlos Perrau. En la Eurocámara fue nombrado vicepresidente de la Alianza Democrática Europea (ADE, 12.09.1989). Ante ese éxito inesperado, formó candidaturas para presentarse a las elecciones al Parlamento andaluz (23.06.1990) y a las autonómicas del País Vasco (28.10.1990), pero no obtuvo representación.

Fuera de nuestras fronteras, la justicia tampoco parecía darle la razón: el tribunal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) rechazó sus alegaciones sobre la propiedad de la marca “Dry Sack” para la distribución de vino Jerez en ese país (01.02.1991). La sentencia prohibió a la familia Ruiz Mateos el uso de dicha marca y de otra designación similar que pudiera provocar confusión en la identificación del Jerez. Incluso, el Parlamento Europeo suspendió en Estrasburgo (18.02.1991) su inmunidad como eurodiputado para poder ser juzgado en España por los supuestos delitos monetarios, apropiación indebida y fraude (el informe de la Comisión de Inmunidades se aprobó por 118 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones).

Ruiz-Mateos optó entonces por una táctica más expansionista: se convirtió en apoderado del Club de Fútbol Rayo Vallecano (abril de 1990) y nombró presidenta a su esposa, María Teresa Rivero (13.901.1994); se presentó como candidato a la Alcaldía de Madrid por la coalición Unidad Madrileña (elecciones municipales del 26.05.1991); fue candidato a la presidencia de la Generalitat en alianza con el Partido Social Regionalista, de Ramón Forcadell (elecciones autonómicas del 15.03.1992); se presentó como candidato al Congreso por la coalición formada por Agrupación Ruiz Mateos, Partido Aragonés Independiente y el Movimiento Aragonés Social (elecciones generales 6.6.1993), y a las autonómicas de Galicia (octubre 1993) por la Agrupación Ruiz Mateos.

Los reveses electorales se completaron cuando tuvo que revalidar su escaño en el Parlamento de Estrasburgo (elecciones europeas del 12.06.1994), en las que no consiguió retener el escaño. Al perder su condición de eurodiputado, la reanudación de la vista, suspendida en 1989, regresó a la Audiencia Nacional.

La nueva Rumasa

Paralelamente, decidió por esa época reconstruir su “imperio” al margen de lo que dijeran los tribunales sobre Rumasa. Se supo (Cinco Días, 12.12.1991) que desde 1989 era propietario del 100 por cien de la empresa jerezana “José de Soto”, dedicada a la elaboración de vinos y licores, entre los que se encontraba el conocido Ponche Soto.

Se vinculó a la empresa de cavas “Robert J. Mur”; se incorporó al consejo de administración de “Chandón, SA” (abril de 1996, en representación de Alfonso Ferrer), e incorporó a su nuevo grupo la avícola vallisoletana “Híbridos Americanos” (Hibramer), las “Bodegas Garvey” (1996) la empresa “Chocolates Trapa”, antigua propiedad de Rumasa, que en ese momento se encontraba en suspensión de pagos (agosto de 1992).

Jugando con los tribunales

En su afán por dejar en entredicho a la justicia española, mostró en un hotel madrileño 24 sumarios hurtados al Tribunal Supremo (enero de 1992), denunciando a continuación por “imprudencia y negligencia” al presidente del Poder Judicial. Se convirtió en algo habitual el que apareciera disfrazado en público (Supermán o chulapo madrileño), montando shows contra personas relacionadas con el PSOE y la expropiación de su holding, como Miguel Boyer, Carlos Solchaga, o Mariano Rubio.

Consiguió que el Tribunal de Estrasburgo fallara (junio de 1993) que se habían violado sus derechos y los de su familia a un juicio sin dilaciones indebidas y a ser oído por el Tribunal antes de resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. Su abogado, Marcos García Montes, presentó (14.07.1993) dos recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se anulara y revisasen todas las sentencias del caso Rumasa, recursos que no fueron admitidos a trámite (08.02.1994).

Coincidiendo con la etapa de denuncia de corrupción en el PSOE, decidió personarse, como acción popular, en cuantos juicios hubo contra dirigentes socialistas por las más variadas cuestiones: contra el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, por enriquecimiento patrimonial (comienzos de 1994); en el caso sobre cuatro vías de supuesta financiación irregular del PSOE (enero de 1996), y en el “caso Argentia Trust”.

En su línea de “ataque frontal” en los tribunales, presentó en la Audiencia Nacional una denuncia contra Miguel Boyer y Mariano Rubio por presunta evasión de capitales por importe de 1.070 y 1.400 millones de pesetas, respectivamente (08.06.1994), y aportó documentación sobre una cuenta especial abierta en la Unión de Banques Suisses (Suiza), cuyo titular era, según él, Miguel Boyer. Fue una denuncia que le acarrearía problemas: habiendo perdido su condición de eurodiputado, el juez Miguel Moreiras prohibió su salida de España (26.07.1994) y acordó investigar si incurrió en falsa acusación. Más tarde, el juez ordenó su detención como imputado por denuncia falsa contra Rubio y Boyer (21.11.1994) y el fiscal pidió para él (19.09.1996) dos años de prisión por acusación, denuncia falsa y falsificación de documento mercantil.

Las denuncias y juicios contra Ruiz-Mateos se fueron acumulando: el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid, anunció la investigación (19.09.1994) sobre si utilizó dos letras de cambio y pagarés falsos por 1.400 millones de pesetas en una demanda contra Rumasa después de que el Estado se hiciera cargo en 1983 de la gestión del grupo. El Juzgado de instrucción 30 de Madrid ordenó su detención (07.11.1994), como apoderado general del Rayo Vallecano por una querella de la empresa “Arte y Espectáculos”, por el impago del videomarcador del Estadio de Vallecas, querella por la que fue detenido cuando salía de su casa y trasladado a los juzgados de la Plaza de Castilla para notificarle la citación judicial (08.11.1994).

Hasta la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias le denunció en los juzgados valencianos por “intromisión ilegal” en la prisión Modelo durante el rodaje de un anuncio de bombones de una empresa de su propiedad (10.12.1994): el empresario había colocado en las puertas de algunas celdas carteles con los nombres de Boyer, Solchaga, Roldán y Rubio.

En 1995, Ruiz-Mateos era otra vez un prófugo: se encontraba en busca y captura (04.01.1995) por 5 causas pendientes y, tras 41 días fugado, solicitó oficialmente en el Principado de Andorra la concesión de la residencia. Sin embargo, fue detenido en Granada (27.02.1995), después de celebrar una conferencia de prensa sobre la posible compra de “Cervezas Alhambra”; sin embargo, tras prestar declaración durante más de tres horas sobre siete causas penales (delitos contra el honor y desacato a los jueces), fue puesto en libertad sin fianza.

Conspiraciones políticas

Metido a conspirador político, reconoció (junio de 1995) haber remitido una carta al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en la que le exponía estar en posesión de medio centenar de cintas grabadas por el CESID al magistrado Baltasar Garzón, cintas que entregaría a cambio de la celebración del juicio por la expropiación de Rumasa. Y más tarde, jugando a la contra, presentó una demanda ante la Audiencia Nacional (finales de 1995) por entender que se había intentado chantajear al Rey, según se desprendía del libro “El saqueo de España”.

En esas circunstancias, 1996 constituyó para Ruiz-Mateos una continuidad en su vida jurídico-procesal: fue detenido en dos ocasiones (01.04.1996, por no aportar las cintas que tenía del CESID, y 19.04.1996, por hacer públicas algunas de esas conversaciones grabadas por el espionaje español) y encarcelado en una (16 a 18.09.1996, por quebrantar la obligación de personarse ante la justicia los días 1 y 15 de cada mes).

Posteriormente sería absuelto (03.03.1999, juzgado de lo Penal número 5 de Madrid) de un delito de amenazas contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y contra el presidente del Banco Zaragozano, Alberto Cortina, además del de revelación de secretos, en relación con la difusión de conversaciones privadas del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. Pero ese mismo tribunal le condenó a dos meses de arresto por amenazar al presidente del BBV, Emilio Ybarra.

La reversión de Rumasa

Por su parte, el juicio de Rumasa y la reversión de las empresas del grupo o el pago del justiprecio tuvieron una andadura tormentosa. Los tribunales habían comenzado a darle la razón: la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó (15.07.1992) que se ejecutaran las sentencias en las que se concedía la reversión de seis empresas: “Cementos Portland”, de Cataluña; “Grupo Hotelero Hotasa”; “Compañía de Seguros Minerva, SA”; “SAMA, SA”; “René Barbier”, y “Unión Condal Seguros”.

Pero lo que había comenzado en un plano positivo para sus intereses, se tornó negativo: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la reversión de las empresas “Banco del Norte”, “Banco General”, “Instituto Español” y “Bodegas Franco Españolas” que le había sido concedida anteriormente por ese mismo tribunal. Ruiz-Mateos recurrió (abril de 1995).

Y otra vez volvieron a darle la razón: el TSJM falló a su favor en el pago por parte del Estado del valor varias empresas: “Galería Preciados” (junio de 1996, aunque recurrió por estar en desacuerdo con la cantidad fijada de 15.000 millones de pesetas); “Vinícola del Sur” (julio de 1996); nueve empresas relacionadas con el sector inmobiliario (julio de 1996), y otras cuatro más tarde (noviembre de 1996). Según sus propios cálculos, el patrimonio total expropiado estaba valorado en 2 billones de pesetas.

Mientras tanto, el juicio de Rumasa en la Audiencia Nacional sufría continuas demoras: fijado para el 25.11.1996, la Fiscalía propuso el archivo de la causa (10.11.1996) tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, pero, tras deliberación de la Junta de Fiscales, el fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Urculo, decidió (20.11.1996) mantener la acusación para el juicio, cuya fecha se fijó para el 09.01.1997. Sin embargo, la vista sería suspendida en cinco ocasiones más, hasta que, por fin, se le juzgó (10 a 27.02.1997) a él y a cuatro de sus colaboradores (José Díaz, Luis Romero, Manuel Sánchez y Carlos Quintar) por falsedad.

La sentencia le fue favorable: fue absuelto por el “caso Rumasa” (12.07.1997). La Audiencia Nacional, aunque consideraba probadas algunas falsedades e impago de impuestos, no les encontró culpables. Tras la sentencia, Ruiz Mateos solicitó la devolución de las empresas.

A ese respecto, en diversas ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia a favor de la reversión de algunas empresas: “Bodegas Varela”, “Urbanizadora Salvi”, “Gestión y Administración de Carteras”, y “Obras y Conservación” (21.02.1997); pago por parte de la Administración del valor del “Banco Industrial del Sur” y de “Promociones Pecuarias Asturianas” (20.06.1997); “Loewe”, “Bodegas Internacionales”, “Aparcamientos Madrid”, “Inmobiliaria Torre del Oro”, “Valderrama”, “Promoción de Sociedades” y “Sociedad Atlántico Canaria” (01.07.1997), e “Hispano Alemana de Construcciones”, “Calmante Vitaminado” y “Proparkin” (07.07.1997); “Instituto Español” y “Construcciones Metálicas Aries” (05.09.1997).

También hubo grandes reveses: el Tribunal Supremo falló en contra de la reversión de “Obras y Conservación, SA” (02.02.1999) y de “Onara Catalana” (11.02.1999).

La fábrica de los dossieres made in Ruiz-Mateos

Paralelamente, Ruiz-Mateos montó supuestamente una agencia para comprar todo tipo de información sensible contra diversas personalidades. En julio de 1995 Á. B. y C. C., dos informadores gráficos del periódico La Información, de Madrid, se reunieron con él en el hotel Cuzco. El empresario jerezano parecía interesado en que se trasladaran durante el mes de agosto a Marbella para que hicieran un seguimiento fotográfico a diversas personalidades, especialmente a Emilio Botín. Parecía que Ruiz-Mateos deseaba fotos comprometedoras suyas y de las personas de su entorno.

Pero los dos informadores no llegaron a un acuerdo con el empresario porque le pidieron un fijo de medio millón de pesetas cada uno, más otra cantidad en función de los resultados, y Ruiz-Mateos consideró que era un precio demasiado elevado.

Embargo de Bienes

En marzo de 2001 el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Majadahonda (Madrid) buscaba bienes a nombre de Ruiz-Mateos para hacer frente a una reclamación de más de 36.400 millones de pesetas, correspondiente a una sentencia de la Sala de Equidad del Tribunal Superior de Justicia de Londres (11.12.1986), que le había condenado a abonar a Rumasa SA (la entidad que gestiona el grupo expropiado del mismo nombre) la cantidad de 63 millones de dólares en el pleito planteado por la propiedad del Grupo Multinvest por irregularidades y desvío de fondos en empresas británicas de Rumasa (El País, 26.3.2001).

La orden de embargo coincidió con una sentencia del Tribunal Supremo que sancionaba la corrección de las valoraciones aplicadas en la expropiación de Rumasa y que prácticamente cerraba la puerta a su pretensión de obtener una indemnización de tres billones. La deuda se incrementaba cada día en 5,29 millones de pesetas.

La burla a la justicia, de la que hablaba en su sentencia de 1986 el juez londinense, continuaba 14 años después. Ruiz-Mateos pretendió sin éxito hurtar de la expropiación de Rumasa a Multinvest, un holding que englobaba las empresas de la llamada Rumasa Internacional, dependientes de sociedades inglesas, mediante acciones en los tribunales del Reino Unido.

La sentencia del juez Gibson, además de reconocer a favor del Estado español la propiedad de Multinvest y de condenar a Ruiz-Mateos, describía las prácticas irregulares, esencialmente en materias de créditos, llevadas a cabo por el empresario en torno a estas compañías: grandes sumas de divisas extranjeras supuestamente prestadas por bancos españoles de Rumasa en 1982 a las mismas y que nunca llegaron a su destino (en su mayoría pasaron a cuentas en un banco suizo, Nordfinanz AG, de Zúrich, a nombre de MNV).

El incumplimiento de esa condena por parte de Ruiz-Mateos y la lentitud de la justicia española hicieron que hasta el 18.07.2000 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no dictara un auto otorgando el «exequatur» (su vigencia y aplicación en España) a la sentencia del juez londinense.

Ruiz-Mateos también fue condenado en Estados Unidos a pagar 100 millones de pesetas a sus abogados, tras pleitear sin éxito contra el Estado español por los derechos de la marca de jerez Dry Sack en aquel mercado. Y en España, la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia del 14.01.1998, le condenó también a él y a Domingo López Alonso, «como autores» de «un delito de estafa procesal en grado de frustración» a la pena «de cuatro meses de arresto mayor».

Pese a todo, logró eludir el grueso de las responsabilidades penales por su actuación en Rumasa. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó archivar el caso y absolver a los procesados por falta de pruebas (12.6.1997).

Las pretensiones iniciales de juzgarle por revalorización ficticia patrimonial (350.000 millones), fraude a Hacienda (17.549 millones) y a la Seguridad Social (10.774 millones), falsificación de documentos, evasión de divisas e injurias al Rey, se saldaron finalmente en una absolución, aunque la sentencia describía algunas irregularidades delictivas sobre las que no se pronunciaba el fallo al no estar en la petición del fiscal (El País, 26.3.2001).

Los últimos años de Ruiz-Mateos fueron igual de rocambolescos, incluidos nuevos problemas con la justicia por un supuesto timo con acciones de sus empresas. Pero ésa es ya otra historia.