El escenario judicial español ha dado un vuelco histórico con la imputación penal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por parte del juez José Luis Calama, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco de la financiación y operativa geopolítica de la aerolínea Plus Ultra y sus nexos con el régimen venezolano.

Este hito ha reactivado dos encendidos debates paralelos. Por un lado, la narrativa del lawfare: Desde el entorno del Gobierno y sectores de la ultraizquierda se ha denunciado que ésta y otras causas judiciales contra figuras del partido sanchita  -o de su órbita, incluyendo a la podemía– responden a una estrategia de instrumentalización de la justicia con fines políticos (lawfare), tildando los procedimientos de campañas de descrédito y “canalladas” destinadas a desgastar al Ejecutivo. En contraste, las asociaciones judiciales exigen el cese de los ataques verbales a los magistrados y defienden el escrupuloso respeto a la separación de poderes.

Por otro lado, el blindaje frente a la más que probable petición de extradición de Rodríguez Zapatero a Estados Unidos- En el plano estrictamente técnico-jurídico, diversos expertos debaten el impacto que tiene la imputación en España ante una eventual reclamación de la Justicia de los Estados Unidos (bajo la Administración Trump), país que también rastrea los movimientos financieros del chavismo.

El principio penal non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito) y la propia Ley de Extradición Pasiva española estipulan que tener una causa abierta en España por los mismos hechos puede complicar o denegar de forma efectiva una entrega a un tercer país, otorgando además la última palabra de la decisión al propio Consejo de Ministros español. Es decir, que Zapatero se libraría de la justicia norteamericana, que parece que le tiene muchas ganas.

¿Es eso lo que busca el mismo juez a quien se considera próximo al PSOE, que es amigo íntimo de Grande-Marlaska y que archivó las denuncias por el espionaje de Pegasus a Sánchez, Margarita Robles y Marlaska y por el apagón eléctrico en España y a cuyo hermano indultó el gobierno de Zapatero? Esperemos que no; de momento, no hay por qué dudar de las intenciones de este juez, cuyo auto contra Zapatero resulta, hoy por hoy, demoledor.